En un contexto electoral que ha impactado fuertemente a América del Sur y que ha permitido la instalación, en menos de un año, de cinco nuevos gobiernos, en Bolivia, Ecuador, Chile, Perú y Colombia, uno de los fenómenos políticos más significativos ha sido el desplazamiento del electorado hacia opciones de derecha y centroderecha. Los resultados registrados en estos cinco países dan cuenta de una tendencia regional que, aunque presenta importantes diferencias entre cada caso, resulta difícil de soslayar. Diversos análisis recientes coinciden en identificar este ciclo electoral como un giro hacia la derecha, aunque advierten que no se trata de un fenómeno homogéneo y que sus causas y expresiones varían de un país a otro.

A este escenario se suma Brasil, que este domingo 4 de octubre celebra la primera vuelta de sus elecciones presidenciales. La contienda entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro constituye un nuevo capítulo de esta disputa política regional y agrega un elemento particularmente relevante por el peso político, económico y demográfico de Brasil. De acuerdo con el calendario oficial del Tribunal Superior Electoral, una eventual segunda vuelta está prevista para el 25 de octubre.

¿Qué factores permiten explicar este desplazamiento hacia la derecha? Una primera aproximación apunta a una agenda que se ha vuelto transversal en buena parte de las sociedades sudamericanas: la preocupación por la seguridad, el avance del narcotráfico, el crimen organizado y la pérdida de control territorial por parte del Estado. Estos asuntos han adquirido una centralidad creciente en las campañas electorales y han permitido a las candidaturas de derecha y centroderecha articular un discurso basado en el orden, el fortalecimiento de las capacidades coercitivas del Estado y una política de mayor dureza frente al delito. El factor seguridad aparece, de hecho, como uno de los elementos comunes del actual ciclo electoral regional.

A esta dimensión se agrega la cuestión económica. En términos generales, las opciones de derecha han buscado vincular la recuperación del crecimiento con una mayor participación de la inversión privada, la reducción de determinadas regulaciones, la disciplina fiscal y una mayor apertura económica. La narrativa que acompaña estas propuestas apunta a que el crecimiento de la actividad y la inversión generaría efectos positivos sobre el empleo, los ingresos y, en último término, sobre las condiciones de vida de la población.

Más allá de las diferencias que podríamos encontrar en cada uno de los países nombrados, no podemos obviar que esta ha sido la receta de la derecha.

Sin embargo, sería insuficiente explicar este cambio exclusivamente por la expansión de las posiciones de derecha. En varios de estos procesos también ha operado un componente de voto de castigo frente a gobiernos y élites políticas percibidos como incapaces de responder a problemas concretos, particularmente en materia de seguridad, corrupción, crecimiento económico y provisión de servicios públicos. En ese sentido, más que un desplazamiento ideológico uniforme, podría estar configurándose una combinación entre demanda de orden, frustración con los gobiernos de turno y búsqueda de alternativas políticas.

No me aventuro a realizar una evaluación de los actuales gobiernos de América del Sur, con excepción del caso chileno, que vivo y observo de manera cotidiana. En ese sentido, el gobierno de José Antonio Kast, que asumió el 11 de marzo pasado, se encuentra próximo a cumplir siete meses, un período todavía breve para realizar una evaluación definitiva, pero suficientemente extenso como para comenzar a identificar algunas tendencias y formular una primera mirada sobre su proceso de instalación y gestión.

Desde una perspectiva estrictamente objetiva, los principales indicadores disponibles configuran un escenario poco favorable para la actual administración. Kast llegó a la Presidencia tras imponerse en segunda vuelta con el 58,17% de los votos válidamente emitidos. Sin embargo, esa amplia mayoría electoral no se ha traducido, hasta ahora, en niveles equivalentes de respaldo ciudadano. De acuerdo con la encuesta Cadem, el promedio de desaprobación durante septiembre alcanzó el 60%, mientras que la aprobación se situó en 35%, su nivel más bajo desde el inicio del mandato. Criteria, por su parte, registró durante la última semana de septiembre un 58% de desaprobación y un 31% de aprobación.

En materia económica, las señales tampoco son particularmente alentadoras. La actividad económica ha mostrado una evolución débil durante buena parte de 2026. El Índice Mensual de la Actividad Económica (Imacec) de agosto registró una caída de 1,0% respecto de igual mes del año anterior, mientras que en términos desestacionalizados disminuyó 0,7% respecto de julio. La caída estuvo explicada principalmente por la minería, cuyo desempeño se vio afectado por menores leyes del mineral, mantenciones y condiciones climáticas adversas. Es importante, sin embargo, introducir un matiz: el Imacec no minero registró un crecimiento anual de 1,4%, por lo que la contracción de agosto no puede interpretarse simplemente como una caída generalizada de toda la economía.

El deterioro también se observa en el mercado laboral. En el trimestre móvil junio-agosto de 2026, la tasa de desocupación alcanzó 9,6%, un aumento de un punto porcentual en doce meses. En ese mismo período, el número de personas ocupadas disminuyó 0,9%, mientras que las personas desocupadas aumentaron 13%. Estos datos permiten sostener que el mercado laboral atraviesa un momento complejo, aunque sería apresurado atribuir exclusivamente al actual gobierno este deterioro, considerando que se trata de un problema que presenta antecedentes anteriores a su instalación y que los indicadores laborales responden con rezago a los cambios de la actividad económica. Lo que sí podemos afirmar es que es el primer gobierno, desde el regreso a la democracia en Chile en marzo de 1990, en que durante los primeros meses de su administración se produce una destrucción de empleos.

La inflación constituye otro elemento que merece atención. En agosto, el IPC registró una variación mensual de 0,6%, acumulando un 3,6% en el año y un 4,1% en doce meses. Esta cifra se encuentra por encima de la meta de 3% del Banco Central y la proyección para los 12 meses calendario se acerca al 4,5%.

Por lo tanto, a casi siete meses de iniciado el gobierno, el cuadro que emerge es el de una administración que enfrenta dificultades importantes en tres dimensiones particularmente sensibles: respaldo ciudadano, crecimiento económico y mercado laboral, a las que se suma una inflación que permanece por encima de la meta del Banco Central. A ello se agrega un escenario externo particularmente complejo y factores específicos que han incidido sobre la actividad, especialmente en sectores como la minería.

En materia de seguridad, el balance inicial del gobierno de Kast es más complejo que su propio discurso político. Los principales indicadores disponibles no muestran un deterioro de la seguridad durante sus primeros meses; por el contrario, los homicidios presentan una reducción respecto del año anterior y la victimización por delitos violentos ya venía descendiendo. Sin embargo, tampoco existe todavía evidencia suficiente para atribuir estos resultados a las políticas implementadas por la nueva administración. Lo que sí resulta evidente es el cambio de énfasis: la seguridad, el crimen organizado, el control migratorio y el fortalecimiento de las capacidades policiales ocupan un lugar central en la agenda gubernamental. El desafío, por tanto, consiste en determinar si esta mayor intensidad de la política de seguridad consigue traducirse, durante los próximos meses, en una reducción sostenida de los delitos y, especialmente, en una disminución de la percepción de inseguridad que continúa siendo extraordinariamente elevada entre los chilenos.

Una dimensión particularmente relevante para evaluar estos primeros meses del gobierno de José Antonio Kast consiste en observar el impacto que algunas de sus decisiones más emblemáticas han tenido tanto en la percepción ciudadana como en el escenario político y económico que enfrenta la administración.

En este punto emerge una paradoja que merece ser analizada con mayor detenimiento: varias de las medidas destinadas a expresar con mayor nitidez el sello del nuevo gobierno han terminado generando costos políticos relevantes, mientras que aquellas iniciativas que han conseguido mayores niveles de acuerdo político e institucional todavía se encuentran en una etapa demasiado temprana como para producir efectos económicos y sociales claramente perceptibles.

Esta tensión entre expectativas, decisiones y resultados constituye, probablemente, uno de los elementos más interesantes para comprender estos primeros meses de la administración Kast. Por ello, resulta pertinente detenerse específicamente en sus principales decisiones emblemáticas y analizar de qué manera han contribuido a configurar el escenario que hoy enfrenta el Gobierno.

Ese será, precisamente, el objeto de una próxima columna.