Dentro del sistema de democracia presidencial, la figura del Presidente de la República desempeña dos roles fundamentales: Jefe de Gobierno y Jefe de Estado. Por ello, se plantea que, en este sistema, el Poder Ejecutivo tiene un carácter monista, ya que ambas funciones se concentran en una misma autoridad.

En su calidad de Jefe de Gobierno, sus principales responsabilidades se relacionan con la conducción política y administrativa. Le corresponde definir y coordinar las políticas públicas, nombrar y dirigir a los ministros y conducir la administración del Estado. Desde esta perspectiva, el Presidente constituye la principal autoridad política del gobierno y expresa, en buena medida, el proyecto político que obtuvo el respaldo electoral en la elección presidencial.

Por otra parte, en su calidad de Jefe de Estado, el Presidente representa y simboliza a la nación en su conjunto. Entre sus funciones se encuentran aquellas relacionadas con la representación internacional del país, las relaciones con otros Estados y la recepción de representantes diplomáticos, de acuerdo con las atribuciones establecidas en la Constitución. Asimismo, desempeña un papel simbólico relevante al representar la unidad y continuidad del Estado y de la nación.

De manera sencilla, mientras el Jefe de Gobierno conduce políticamente el gobierno, el Jefe de Estado representa al Estado y a la nación en su conjunto. Por ello, aunque el Presidente llegue al cargo como representante de un determinado sector político y de un programa de gobierno, una vez asumido debe ejercer sus funciones institucionales respecto del conjunto de la ciudadanía y no únicamente respecto de quienes votaron por él.

¿Por qué me parece importante reparar en esta distinción? Fundamentalmente por que en la mayoría de los países Latinoamericanos el modelo político que se enseñorea es la democracia presidencial y en no pocas oportunidades, recientemente, parece que la primera magistratura de la nación olvida la relevancia de dicha investidura.

Hace algunas semanas el Presidente de Argentina, Javier Milei, en el contexto del V encuentro Regional del Foro de Madrid, haciendo un punto sobre la historia y la realidad política de Chile se refirió a los partidarios de la izquierda como “zurdos mugrosos”. Puede que el presidente Kast, como jefe de gobierno que representa a la ultraderecha chilena, muy en sintonía por lo demás con las posturas políticas de Milei, se haya sentido identificado con la reflexión desarrollada, en suelo chileno y en su presencia, por el mandatario argentino.

Lo que parece olvidar el presidente Kast, es que como Jefe de Estado, no puede parecer indiferente, como lo hizo, frente a las expresiones de un mandatario extranjero dirigidas despectivamente contra la izquierda chilena. Lo que correspondía, a mi modo de ver y en sintonía con la alta investidura del cargo, era una respuesta institucional en defensa del respeto de todos los chilenos y de la pluralidad política.

La actitud timorata del Presidente Kast, que sólo señaló que él no habría utilizado dichas expresiones, y que está en sintonía con un discurso más prudente desarrollado por él en el contexto del Foro de Madrid, no es suficiente. La fundamentación del presidente nos instala más en una cuestión de contexto que de convicción de la garantía a la institucionalidad política que a él le corresponde como garante y símbolo de la unidad nacional.

La pregunta que se instala se relaciona con establecer.  ¿dónde termina el derecho del Presidente a expresar sus propias posiciones políticas y dónde comienza su responsabilidad como Jefe de Estado de representar y proteger institucionalmente a todos los ciudadanos, incluidos aquellos que piensan políticamente distinto?

El Presidente conserva su derecho a expresar sus convicciones políticas y a defender el programa por el cual fue elegido. Sin embargo, al ejercer la Presidencia no actúa únicamente como líder de un sector político: también es Jefe de Estado. Esto supone una responsabilidad institucional respecto del conjunto de la ciudadanía, incluidos quienes no comparten sus ideas políticas.

La cuestión central, entonces, no es si el Presidente puede tener una posición política, claramente puede, sino cómo compatibiliza esa posición con su deber de representar al Estado y garantizar el respeto del orden constitucional y de los derechos de todas las personas.

En diciembre del 2025, Gustavo Petro, entonces Presidente de Colombia, cuestionó de manera pública el triunfo de la ultraderecha en la elección presidencial e Chile. Cuando José Antonio Kast se convertía en presidente electo, el mandatario colombiano lo calificaba como un “nazi”. Las declaraciones provocaron una nota de protesta del Gobierno chileno de Gabriel Boric, que sostuvo que la institucionalidad democrática chilena debía ser respetada y que correspondía reconocer la voluntad popular expresada en las urnas.

Lo que resulta interesante de este contrapunto tiene relación con comparar dos situaciones institucionales distintas pero que en esencia apuntan a la preservación del rol del Jefe de Estado y no necesariamente reducirlas a una disputa entre izquierda y derecha.

Frente a las declaraciones de Petro sobre Kast, el gobierno del Presidente Boric reaccionó mediante los canales institucionales correspondientes, particularmente a través de la Cancillería y una nota de protesta. Por otro lado, en el episodio más reciente, con las encendidas declaraciones del Presidente Milei, referidas despectivamente a sectores de izquierda de Chile, el actual Presidente no asumió su responsabilidad institucional.

¿Debe un Presidente defender institucionalmente a quienes representan una posición política distinta de la suya cuando esa posición es objeto de descalificaciones provenientes de un mandatario extranjero?

Eso no significa que el Presidente deba defender cada posición política de sus adversarios, ni que deba responder públicamente a cada declaración de un gobernante extranjero. La cuestión es institucional: cuando un mandatario extranjero descalifica a una parte de la ciudadanía chilena por sus ideas políticas, ¿qué respuesta corresponde de quien, además de dirigir el gobierno, tiene la responsabilidad de representar al Estado y a la nación?

Boric y Kast pueden tienen posiciones políticas profundamente diferentes. Pero cuando ocupan la Presidencia, ambos ejercen una función que trasciende al sector político que los llevó al poder. De hecho, Boric lo expresó explícitamente al referirse a Kast después de la elección: señaló que, pese a representar visiones políticas muy distintas, existía una “continuidad del Estado” y que ambos eran parte del mismo destino nacional.

Lo que razonablemente esperamos de nuestros jefes de Estado es que representen y defiendan institucionalmente al conjunto de la ciudadanía, más allá de las diferencias políticas que, legítimamente, puedan existir en una sociedad democrática.

En esa misma lógica, resulta legítimo esperar que nuestros Presidentes ejerzan su función de representación del Estado con sentido de dignidad nacional, autonomía y respeto por la soberanía. Esto supone mantener relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y evitar que la cercanía con determinadas potencias o gobiernos extranjeros se transforme en una adhesión automática a sus posiciones políticas.

Del mismo modo, cabe esperar una respuesta institucional cuando representantes diplomáticos extranjeros intervienen de manera impropia en asuntos de política interna, o cuando autoridades de otros países realizan declaraciones que descalifican a una parte de nuestra ciudadanía por sus posiciones políticas.

Esto no significa que un Presidente deba romper relaciones, responder públicamente a cada declaración extranjera o compartir las posiciones de quienes son objeto de esas críticas. Significa recordar que, en su condición de Jefe de Estado, representa a una comunidad política plural y tiene entre sus responsabilidades preservar la soberanía, la dignidad y la autonomía del Estado.

La política exterior puede expresar las prioridades del gobierno de turno, pero no debería perder de vista que el Estado permanece y que la ciudadanía es mucho más amplia que el sector político que circunstancialmente ocupa el gobierno.