Nos hemos planteado, en más de una oportunidad, la situación compleja que vive el sistema democrático en los tiempos actuales. Esto se debe no solo al aumento de responsabilidades que le hemos asignado, sino también a la relación que ha establecido con una ciudadanía cada vez más impaciente y no siempre responsable, la cual está cruzada por la influencia desinformadora de las redes sociales. Las «democracias indignadas» son el resultado de esta ecuación que, sin lugar a duda, dispone de otros ingredientes que hacen de la responsabilidad de gobernar una situación más que complicada para aquellos que asumen cargos de representación popular.

El diagnóstico ya está realizado. Cualquiera de nosotros que sea un seguidor habitual de los medios de comunicación, de lo que se comparte en las redes sociales e incluso de los resultados de las más variadas encuestas, tiene una imagen cercana al respecto. La lógica nos instala en la necesidad de que, para tener un gobierno relativamente estable y con proyección programática, los desafíos se orienten a generar condiciones de gobernanza y cohesión social.

Por gobernanza procuro explicitar una forma de gobernar que busca el equilibrio entre los actores más relevantes que se involucran en el juego democrático. En esta fórmula no pueden quedar fuera los ciudadanos, los empresarios y el gobierno, quienes tienen la responsabilidad de generar las condiciones que favorezcan dicho equilibrio. Esta lógica se separa de la visión tradicional de gobernar, en la que el poder estaba en un solo lugar; es decir, bajo la premisa de que el gobierno manda, dicta leyes y los demás actores acatan. La gobernanza entiende que es fundamental, para que un país funcione bien, que el gobierno genere puentes de cooperación con la sociedad civil y con el mundo privado.

Los cientistas políticos establecen que los pilares de una buena gobernanza se sustentan en la  participación ciudadana más allá de los actos electorales, es decir, en abrir espacios para trascender la democracia representativa e instalarnos en una de carácter más participativo; la transparencia, entendida como el acto de «ver a través de» la información sobre el uso de los recursos públicos, las acciones de gobierno y la discusión legislativa; el consenso, que instala la premisa de que la búsqueda de soluciones debe procurar acuerdos amplios mediante el diálogo; la rendición de cuentas, para que las autoridades guíen su accionar de cara a la ciudadanía y recuerden que de allí emana su poder, siendo fundamental que expliquen y justifiquen sus actos; y, por último, la eficacia, orientada a que el poder político resuelva los problemas sociales de la mejor manera posible y sin una excesiva burocracia.

Por otra parte, la cohesión social se constituye como el vínculo fundamental que sostiene la convivencia democrática; es, en términos sencillos, el entramado que mantiene unida a una comunidad. En el ámbito político, este concepto no apela a una uniformidad de pensamiento, sino al grado de confianza, solidaridad y sentido de pertenencia que comparten los ciudadanos. Una sociedad cohesionada se sustenta en la legitimidad de sus instituciones, en la garantía de derechos básicos que mitiguen las desigualdades y en la convicción colectiva de que el sistema es justo para todos. Cuando este lazo se debilita, la estructura social se fractura, abriendo paso a la polarización y al descontento que caracteriza a las democracias actuales. En definitiva, si la gobernanza define las reglas para tomar decisiones en conjunto, la cohesión social representa la base de confianza necesaria para que esas decisiones sean viables y sostenibles en el tiempo.

La omisión de estos pilares no es inocua. Cuando un gobierno administra el poder desde la vieja lógica del mandato unilateral, ignorando la gobernanza y precarizando la cohesión social, la democracia se vacía de contenido. El resultado inevitable es la parálisis institucional, el quiebre de la confianza y el surgimiento de liderazgos populistas que prometen ordenar el caos a expensas de las propias libertades democráticas. Gobernar hoy, por lo tanto, no es un ejercicio de fuerza, sino de articulación.

Un caso digno de análisis al respecto pueden ser los 6 primeros meses del gobierno del presidente José Antonio Kast en Chile. El escenario político actual de Chile bajo la administración de José Antonio Kast ofrece un caso de estudio idóneo para este diagnóstico. Un ejemplo nítido de esta tensión conceptual es la recientemente despachada Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. Este megaproyecto, diseñado para enfrentar los daños de los últimos mega incendios y dinamizar la economía, encapsula perfectamente el choque entre la búsqueda de eficacia económica y la necesidad de mantener el tejido social.

Por un lado, el proyecto se sustenta en la búsqueda de la eficacia de la gobernanza mediante la flexibilización de la «permisología» regulatoria para acelerar proyectos de inversión, orientando la reactivación a través de incentivos promercado. Entre estos destacan la eliminación transitoria del IVA a viviendas nuevas, el fin de las contribuciones para adultos mayores de 65 años y la reducción gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%. A esta estrategia se suma la eliminación del mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, medida que provocó un incremento cercano al 40% en el valor del litro al inicio del gobierno. Este conjunto de políticas permite advertir con claridad qué sectores socioeconómicos reciben con entusiasmo estas reformas de estímulo y cuáles resultan directamente perjudicados por el encarecimiento del costo de la vida.

Esta propuesta posee un claro enfoque centrado en el recorte fiscal, evidenciado en la rebaja presupuestaria del 3% exigida a cada ministerio sin considerar las complejidades particulares de cada cartera, y una marcada orientación hacia los incentivos privados. Esta fórmula ha dado origen a un proyecto que tensiona el pilar del consenso en un Congreso atomizado y pone a prueba, de manera directa, la cohesión social.

Mientras un sector de la población valida estas medidas como una respuesta ágil de orden y estabilidad económica, el cual se observa fuertemente minoritario a la luz de los resultados de las últimas encuestas, las fuerzas opositoras y los movimientos sociales advierten que la reducción del gasto público profundizará las desigualdades estructurales e impactará negativamente la inclusión.

Un elemento adicional para considerar en este diagnóstico es el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo en agosto recién pasado. Esta iniciativa, referida a la seguridad pública, posee un claro acento en la persecución del crimen organizado y el terrorismo. Entre sus medidas principales, contempla la creación de un quinto Estado de Excepción Constitucional, el cual otorga una amplia discrecionalidad al presidente de la República y puede establecerse por un período de hasta 240 días sin discusión parlamentaria. A esto se suma el uso quirúrgico de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico transnacional y la controvertida pérdida de beneficios estatales para los condenados por estos delitos.

Desde la perspectiva de la gobernanza, esta reforma pone a prueba el pilar de la eficacia institucional. Mientras el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defiende que el restablecimiento del orden es la condición primaria para el ejercicio de las libertades, el proyecto ha generado intensos debates técnicos y políticos respecto a la coordinación de los mandos policiales y militares. Además, tensiona el pilar del consenso, enfrentando duras críticas de la oposición que exige priorizar el levantamiento del secreto bancario para seguir la ruta del dinero ilícito en lugar de expandir facultades punitivas que atentan contra las garantías y libertades públicas.

En términos de cohesión social, la reforma actúa como un espejo de la fractura interna del país. Por un lado, importantes sectores de la población, golpeados por el aumento de la violencia delictiva, validan la severidad de las medidas como una vía necesaria para recuperar la tranquilidad comunitaria. Por otro lado, organizaciones civiles y sectores de izquierda advierten que facultades como los arraigos inmediatos o las incautaciones sin orden judicial previa suponen un riesgo severo para las libertades personales y las garantías constitucionales. De este modo, la estrategia contra el crimen organizado se convierte en un nuevo terreno donde los mecanismos que se busca instalar en pro de la efectividad estatal colisionan con el desafío de mantener un tejido social armónico y democrático

El análisis sobre la gobernanza y la cohesión social en el Chile actual sumó un hito crítico tras la participación del presidente José Antonio Kast en el V Encuentro Regional del Foro Madrid, celebrado en Santiago. Este evento, que congregó a las principales figuras de la derecha conservadora internacional y propició la primera reunión oficial del mandatario chileno con su par argentino Javier Milei, reflejó con nitidez cómo las dinámicas globales tensan la estabilidad del país.

En términos de gobernanza, la intervención de Kast dio cuenta de un giro estratégico hacia el pilar de la eficacia, al matizar el contenido ideológico de sus intervenciones previas en el extranjero y declarar que los ciudadanos no lo eligieron «para derrotar a la izquierda, sino para enfrentar al crimen organizado, la pobreza y el desempleo». El Ejecutivo intentó blindar su capacidad de gestión. Sin embargo, la naturaleza del foro fisuró el pilar del consenso al interior del propio oficialismo, provocando el desmarque de sectores del centroderecha tradicional y abriendo flancos con su base electoral más doctrinaria.

El impacto en la cohesión social fue de una profunda agudización de la polarización. El evento operó como un imán para las «democracias indignadas»: mientras el electorado oficialista validó la cumbre como un respaldo internacional a su agenda de orden y libertad económica, las fuerzas de oposición respondieron articulando contracumbres bajo la consigna «Democracia Siempre». Esta fuerte contraposición de relatos públicos erosiona la confianza institucional y el sentido de pertenencia compartido, demostrando que, en el Chile de hoy, incluso los hitos de la política exterior se transforman en trincheras domésticas que desafían la viabilidad del consenso democrático.

A la luz de los antecedentes expuestos, el diagnóstico de las democracias contemporáneas, y en particular el caso chileno, demuestra que los desafíos de estabilidad no se resuelven mediante la simple administración del poder, sino a través de la delicada articulación de sus componentes. Las «democracias indignadas», marcadas por la impaciencia civil y la velocidad desinformadora de las redes sociales, no representan un fenómeno pasajero, sino una condición estructural que exige repensar la forma en que los Estados se relacionan con sus gobernados desde la lógica de la gobernanza y la cohesión social.