Se suele decir que hacer empresa en Colombia es una carrera de obstáculos. Los impuestos, la burocracia, el acceso al crédito, los costos laborales, la inseguridad jurídica, los trámites interminables. La lista es larga y buena parte de ella, cierta. Pero después de muchos años haciendo empresa, tengo la impresión de que nos cuesta reconocer que uno de nuestros principales problemas son las mismas empresas.

Me explico. En Colombia hemos normalizado que una compañía contrate a otra, reciba a satisfacción un producto o servicio y lo pague 60, 90, 120 y hasta 180 días después. La empresa proveedora, mientras tanto, debe pagar puntualmente nómina, seguridad social, impuestos, arriendos, servicios y, por supuesto, a sus propios proveedores. Una curiosa cadena alimenticia empresarial en la que, generalmente, el más pequeño termina financiando al más grande.

El problema llegó a ser tan evidente que en 2020 se expidió la Ley de Pago en Plazos Justos, impulsada desde el Congreso y respaldada por numerosos gremios empresariales, entre ellos varios vinculados a la industria publicitaria. Desde 2022, la norma establece, con algunas excepciones, un plazo máximo de 45 días calendario para las operaciones mercantiles que cobija. Para las entidades estatales existe un régimen particular que contempla 60 días.

La ley fue un avance enorme. El problema es que las leyes pueden modificar las reglas más fácilmente que las costumbres. Todavía es frecuente encontrarse con empresas que establecen unilateralmente extensos plazos de pago como parte de sus políticas de contratación. Y el proveedor de menor tamaño enfrenta entonces una disyuntiva bastante colombiana, exigir sus derechos o conservar el cliente. Porque una cosa es tener la ley de nuestro lado y otra muy distinta recordársela a quien representa una porción importante de nuestros ingresos.

No estamos hablando de un asunto menor. Las mipymes constituyen prácticamente todo el tejido empresarial colombiano y sobrevivir ya es, en sí mismo, una hazaña. Según Confecámaras, de las casi 297.000 empresas creadas en Colombia en 2017, apenas el 33,5 por ciento seguía operando cinco años después. Dicho de otra manera, dos de cada tres no llegaron al quinto cumpleaños. Y las empresas no desaparecen únicamente porque no vendan o porque sean malos negocios. También mueren por falta de liquidez. Se puede tener trabajo, clientes, facturas emitidas e incluso utilidades sobre el papel y no tener dinero para pagar la nómina del viernes.

Por fortuna existen herramientas como el factoring, que permiten anticipar el pago de una factura y son extraordinariamente útiles para administrar el flujo de caja. Pero incluso una buena solución revela la dimensión del problema cuando deja de ser una decisión financiera y se convierte en una necesidad permanente.

Supongamos una empresa que factura cien millones de pesos, con un margen de utilidad del 15 por ciento. Espera ganar quince millones. Si para poder operar debe anticipar mediante factoring una factura que su cliente pagará a 120 días y el costo financiero ronda el dos por ciento mensual, puede terminar sacrificando cerca de ocho millones. Más de la mitad de su utilidad desapareció, no porque haya calculado mal sus costos, trabajado mal o perdido dinero en el negocio, sino porque necesitaba cobrar lo que ya había trabajado.

El asunto resulta todavía más paradójico cuando quien impone el plazo posee mayor músculo financiero y probablemente mejores posibilidades de financiación. Quien tiene menos termina financiando a quien tiene más y, además, pagando intereses para hacerlo.

El Estado tampoco es ajeno al problema. Contratistas y proveedores públicos conocen bien el efecto que pueden producir los procesos de aprobación, supervisión, radicación y pago sobre su flujo de caja. Las reglas son distintas a las del comercio privado, pero la consecuencia económica puede terminar pareciéndose demasiado. Alguien ya hizo el trabajo, asumió los costos y espera.

No creo que la solución sea convertir esto en una guerra entre empresas grandes y pequeñas. Muchas grandes compañías son excelentes pagadores y construyen relaciones saludables con sus proveedores. También existen micro, pequeñas y medianas empresas que pagan tarde. El problema es cultural. Hemos confundido demasiadas veces el poder de negociación con el derecho a trasladarle al otro nuestros costos y necesidades financieras.

Necesitamos legislación más fuerte, mecanismos efectivos para hacerla cumplir y mejores prácticas de contratación pública y privada. Pero necesitamos, sobre todo, una cultura empresarial más justa y solidaria. Porque pagar oportunamente no es hacerle un favor a un proveedor. Es cumplir la otra mitad del negocio.

Hablamos mucho de emprendimiento, celebramos la creación de empresas y repetimos que las mipymes son fundamentales para generar empleo y desarrollar nuestra economía. Pero difícilmente construiremos empresas fuertes si aquellas que logran crecer utilizan su fortaleza para debilitar a las que vienen detrás.

No hay tejido empresarial porque existan muchas empresas. Hay tejido cuando esas empresas entienden que forman parte de un mismo ecosistema.

Quizás los impuestos, la burocracia y la falta de crédito sigan estando entre los grandes problemas para hacer empresa en Colombia. Pero mientras no revisemos la manera en que las propias empresas tratamos a otras empresas, seguiremos tocando la puerta de los vecinos sin solucionar los problemas que tenemos en casa.