El presupuesto presentado por el Gobierno al Congreso tiene el mayor rubro penitenciario de la historia: ¿vale la pena esa inversión?

En el proyecto de presupuesto de 2027, que el Congreso debe aprobar a más tardar este 20 de octubre, hay dos renglones que casi nadie mira. El INPEC recibiría 2,57 billones de pesos y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, la USPEC, otros 2,13 billones. En total, unos 4,7 billones: más de 500 millones de pesos por hora, todos los días del año, solo de gasto penitenciario.

De esa suma, casi nueve de cada diez pesos se van en funcionamiento. De hecho, las diez megacárceles que el gobierno ha prometido no tienen un renglón propio. Esto deja la pregunta de cómo se financiarán. En medio de una situación de déficit fiscal, el dinero no abunda y conseguir lo necesario para construir las megacárceles prometidas será todo un reto.

Antes de nada, conviene aclarar: aislar a quienes delinquen desde adentro es una tarea legítima del Estado. Y, en verdad, los cupos sí faltan: en julio, el Inpec reportaba 101.618 personas para 81.061 plazas. El ministro de Justicia ha prometido que las nuevas cárceles serán modernas, respetuosas de los derechos humanos y con programas de resocialización. Así debe ser.

Pero el asunto es cuánto cuesta cerrar esa brecha a punta de concreto. Las obras recientes dan una idea. La cárcel de Pereira se contrató en 2021 por unos 100 millones de pesos por cupo. La nueva de Riohacha costó casi 180 millones por cupo. La de Sabanas de San Ángel, en el Magdalena, supera los 139 millones, y se calcula que faltan otros 100.000 millones para ponerla a funcionar. Esa obra empezó en 2020… Seis años después, todavía no ha recibido al primer interno.

Hagamos la cuenta. Si cada megacárcel tuviera el tamaño de la de San Ángel, unos 2.000 cupos, las diez sumarían 20.000: casi exactamente la sobrepoblación actual. Al precio de las obras recientes, costarían entre 2,8 y 3,6 billones de pesos, lo que equivale a entre cinco y siete años de toda la inversión que el presupuesto le asigna a la Uspec. Y el día de su inauguración ya estarían llenas.

La consigna del gobierno es sencilla: el que la hace, la paga. Es difícil estar en desacuerdo. Lo incómodo es que nuestro sistema, muchas veces, ni siquiera sabe quién la hizo. Hoy, uno de cada tres presos tiene la calidad de “sindicado”, es decir, que está siendo procesado. En otras palabras: no ha sido condenado… y quizás nunca lo sea. Eso no se dice, pero sí impacta el presupuesto.

La consigna debería ser no solo “el que la hace la paga”, sino también que “la espera se paga”. Y se paga caro. Cada año de cárcel nos vale, más o menos, 46 millones de pesos por persona. Cada audiencia aplazada cuesta. Cada expediente en un juzgado se paga, también, contra el presupuesto del INPEC.

Si no solucionamos primero los problemas de congestión y corrupción judicial, no tiene caso invertir más dinero en ampliar la infraestructura penitenciaria. Para ponerlo en perspectiva: se armó todo un alboroto porque a la JEP le quitaron 100.000 millones y se los dieron a justicia ordinaria. Eso es lo que se gasta el sistema penitenciario en una semana cualquiera.

Dejen ya el cuento de las megacárceles. Colombia tiene necesidades mucho más importantes. Con quinientos millones de pesos cada hora algo más se puede hacer. Ya eso se sabe: hay suficientes informes de expertos, décadas de investigación y análisis públicamente disponibles que muestran que ese gasto no se recupera en seguridad ni resocialización. En cambio, inversiones en ampliación de personal de justicia, instalaciones, fuerza pública, tecnología legal, en fin, prometen muchos mejores resultados.

No se trata de oponerse a construir cárceles sin más, sino de dirigir el gasto penitenciario con sensatez. No estamos para derroches… Y poco se escucha de austeridad cuando se habla de megacárceles. Si vamos a cuidar el bolsillo, empecemos por aquí.