Durante buena parte del siglo XX, el título universitario funcionó como un salvoconducto. Quien lo tenía cruzaba la frontera hacia la clase media; quien no, se quedaba esperando en la fila. Esa certeza se está agrietando. En junio, France 24 dedicó uno de sus segmentos a una pregunta que hace una década habría sonado herética: ¿vale aún la pena un título universitario? En Estados Unidos, Europa y Asia, cada vez más jóvenes prefieren certificaciones, cursos especializados y programas cortos que los lleven al empleo sin hipotecar una década de ingresos.

No es una moda pasajera. Es el mercado haciendo lo que mejor sabe hacer: transmitir información. Milton Friedman recordaba que los precios son el sistema de comunicación más eficiente que conoce la humanidad. Millones de jóvenes, cada uno por su cuenta, han dejado de pagar por un producto. Con eso envían un mensaje que ningún comité ministerial: lo que se ofrece ya no vale lo que cobran.

En América Latina el síntoma es otro, pero la enfermedad es la misma. Aquí el deseo de ir a la universidad sigue intacto; lo que falla es la permanencia. Apenas cuatro de cada diez jóvenes entre 18 y 24 años acceden a la educación superior, y cerca de la mitad de quienes entran a una carrera abandona en los dos primeros años. La razón no es misteriosa: necesitan trabajar, y los planes de estudio son tan rígidos que obligan a elegir entre el aula y el sustento. Diseñamos el sistema para un estudiante de tiempo completo, sostenido por su familia, que en nuestra región es la excepción y no la regla.

Esa rigidez no es un accidente. En Colombia, crear o actualizar un programa exige atravesar un trámite de registro calificado que puede tomar más tiempo del que tarda la inteligencia artificial en transformar una profesión entera. El resultado es una paradoja: el Estado certifica como pertinente un currículo que, cuando por fin se aprueba, ya fue superado por el mercado laboral. Cuando el regulador decide qué conocimiento es legítimo y a qué ritmo puede cambiar, no protege la calidad. Protege la inercia.

El mismo error se repite en la financiación. Durante años, la discusión pública se ha centrado en sostener la oferta: más cupos, más gratuidad, más presupuesto para las instituciones. Pero financiar la oferta significa pagarle al proveedor con independencia de que sus egresados consigan empleo o de que sus estudiantes terminen. Friedman propuso hace setenta años la alternativa: financiar al estudiante, no a la institución, y dejar que sea él quien decida dónde invierte ese recurso. Puede ser una carrera de cinco años, una tecnología de dos o una certificación de seis meses. Quien elige con su propio bono elige con más cuidado que el burócrata que asigna presupuestos desde un escritorio.

Detrás de todo esto hay una cuestión moral, no solo económica. Ayn Rand defendía que cada persona es dueña de su vida y responsable de construirla según su propio juicio. El joven que prefiere una certificación corta a una carrera larga no es un desertor ni un fracasado. Es un individuo que hizo sus cuentas, comparó costos y beneficios y tomó una decisión racional sobre su futuro. Tratarlo como un problema de política pública que hay que corregir es negarle precisamente la autonomía que la educación debería fortalecer.

La universidad no va a desaparecer, ni debe. Seguirá siendo insustituible en la investigación, en las profesiones reguladas y en la formación de pensamiento de largo aliento. Lo que pierde es el monopolio del prestigio, y esa es una buena noticia. Sobrevivirán las instituciones que compitan: las que ofrezcan rutas flexibles y modulares, que permitan estudiar y trabajar al mismo tiempo, que reconozcan lo aprendido fuera del aula y que cobren lo justo por lo que entregan.

Al Estado le corresponde algo más modesto y más difícil: apartarse del camino. Debe aprobar más rápido, reconocer las credenciales cortas y acumulables, y financiar a la persona y no a la estructura. La libertad de aprender empieza por la libertad de elegir qué, cómo, dónde y por cuánto.