Con tanto lío fuera, nadie está hablando de lo que pasa en las cárceles.

Siempre es así. La crisis penitenciaria casi nunca ocupa las agendas ni el discurso de los políticos. Hay muchas razones para ello: desde la “distancia” en nuestro imaginario colectivo frente a la realidad que se vive en otro mundo, hasta la poca tracción política que genera prometer cosas en favor de una población con la que es difícil empatizar. Pero, principalmente, creo que ello se debe a que es un problema de muy difícil solución.

Para que el lector se haga una idea, hoy tenemos a más de 20.000 presos sin cupo. De 124 centros penitenciarios, 100 están sobrepoblados y 64 registran hacinamiento grave (con sobrepoblación de 200%, 300% y hasta más). Como el INPEC no los recibe, los detenidos se están aglutinando en los CAI, URI, UPJ y hasta en algunos juzgados, en sitios que obviamente no fueron diseñados para eso.

El asunto es que esto no se soluciona con más cárceles -ni siquiera con 10 megacárceles- porque el problema no es de cupos. Cuando el INPEC nació, en 1992, Colombia tenía menos de 30.000 cupos; hoy, tenemos más de 80.000. Nada más en la década pasada (2010) construimos 25.000 cupos, esto es, casi 7 cupos todos los días. Y hoy, para mostrar, tenemos que el hacinamiento pasó del 3% a más del 25%.

Es imposible señalar una única causa para este fenómeno. Pero, sin duda, una de las principales tiene que ver con la duración de las penas. Nada más la generación de mi padre (60’), que ha vivido ya tres códigos penales, ha visto el máximo de prisión duplicarse, de 30 a 60 años. Y no solo del máximo en general, sino que todos los delitos han aumentado de pena. Más aún, se ha endurecido el tratamiento punitivo: se han quitado beneficios, limitado permisos y excluido subrogados (como la domiciliaria). En términos generales, hoy tenemos un sistema mucho más carcelero que antes.

Algo similar puede decirse del sistema procesal: nunca antes habíamos tenido más denuncias en la fiscalía ni procesos activos en los juzgados. Tampoco habíamos tenido tantas condenas como ahora. Y, como ya dije, las condenas son por penas más altas que antes. En definitiva: hoy procesamos a más personas y las condenamos a más tiempo. Queda la pregunta de si eso nos ha traído una sociedad más segura.

Lo que sí hemos logrado es empobrecer al sistema. Y no me refiero solo en sentido figurado. Si hablamos de dinero, mantener cada preso cuesta más de 30 millones al año. Para una población intramural de 101.714 personas, el presupuesto es de 4,26 billones de pesos en 2026: unos 11.700 millones al día... sí. Si llegar hasta aquí le ha tomado 10 minutos, en ese tiempo ya hemos gastado más de 80 millones en el sistema penitenciario.

Y ni hablar de construir más cupos: a precios de hoy, más o menos, cada cupo penitenciario nuevo requiere una inversión cercana a 100 millones de pesos. Diría uno que para que una cárcel sea “mega” tendría que tener más cupos que las que ya tenemos. Pero pongámosle 3.000… que es lo que tiene La Picota. Para hacer 10 picotas, habría que disponer de 300.000 millones de pesos, y apenas alcanzarían para albergar la población que ya tenemos hoy. Súmele el mantenimiento.

Al final, si esta fuera la solución, el costo se asumiría. Pero para una sociedad tener a su gente presa es más problema que solución: una persona dentro no mueve la economía, no consume ni paga impuestos y no genera crecimiento; en cambio, hay que pagarle luz, agua, gas, tres comidas, darle medicamentos… en fin. Más cárceles desde ningún punto de vista (filosófico, ético, económico…) es rentable.

En definitiva, no veo cómo saldremos de esta crisis construyendo más cárceles. Me temo que la única solución duradera a este problema implica aceptar algo altamente impopular: que los delincuentes deben pasar menos tiempo en las cárceles. Es eso, o esperar que en este gobierno ocurra un auténtico milagro.