No puedo compartir un llamado a desconocer la autoridad del Presidente de la República que usa la filosofía política como pretexto para incendiar y la norma legal como excusa para impulsar una agenda política. La realidad nacional, mi ética personal y mis convicciones sobre la institucionalidad como camino hacia el progreso me dicen cuáles son los límites de la oposición democrática.

La desobediencia civil no es un simple acto de rebeldía, ni una consigna para vestir de academia una rabia política. En teoría, es una forma pública, consciente y no violenta de incumplir una norma que se considera gravemente injusta, asumiendo incluso las consecuencias de ese incumplimiento. Su fuerza moral no está en el desacato por el desacato, sino en la gravedad de la injusticia que pretende denunciar.

Por eso, en abstracto, puede haber casos en los que la desobediencia civil tenga sentido. La historia está llena de ejemplos en los que ciudadanos, movimientos sociales y minorías perseguidas desobedecieron normas indignas para recordarle al derecho que no todo lo legal es justo. Pero precisamente por eso hay que usar la expresión con cuidado. No todo desacuerdo político es una injusticia intolerable. No toda inconformidad electoral habilita el desconocimiento de la autoridad. No toda derrota se puede convertir en resistencia civil.

Desde antes de ser elegido, circulaba la idea —firmada, incluso, por respetados juristas— de que la doble nacionalidad del Presidente electo sería un impedimento, si no legal, al menos ético, para el ejercicio de su mandato. En resumen, el argumento es que la forma en que obtuvo la nacionalidad estadounidense —no por sangre ni por nacimiento— lo habría obligado, en algún momento del trámite, a jurar lealtad a la bandera de Estados Unidos por encima de cualquier otra nación. Ello plantearía un conflicto en casos en que se vean enfrentados los intereses de ambos países. Sin embargo, rápidamente también, la misiva circulada aclaraba que esto no era un impedimento legal.

Esta idea fue retomada ahora por quien debería, en el sistema definido hace una década, ser líder de oposición: el senador electo Iván Cepeda. El discurso de hace unos días transmite que no reconocerá la presidencia de Abelardo de la Espriella, palabras más, palabras menos, hasta que no se solucione este supuesto impedimento. Ahí, para mí, se traza una línea roja.

Hay una frase que, aunque creo que no fue original suya, se atribuye al pensamiento de Voltaire: “no comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. En mi caso, refleja bien mi posición intelectual frente a la mayor parte de las propuestas de nuestro nuevo presidente. Quiero decirlo con claridad: Abelardo de la Espriella es el legítimo Presidente de nuestro país y, aunque pueda disentirse políticamente, debe no solamente reconocerse su mandato, sino respetarse la autoridad que le confieren más de 12 millones de votos en la que ha sido la votación más concurrida en la historia de Colombia.

Que no todo lo que haga el rey es ley, está claro. La victoria electoral no convierte al Presidente en dueño del Estado, ni exonera sus decisiones del control ciudadano, político y judicial. Habrá que criticarlo cuando se equivoque, demandar sus actos cuando corresponda, exigirle respeto por las libertades públicas y recordarle, cuantas veces sea necesario, que el poder en una democracia siempre está limitado.

Pero una cosa es ejercer oposición y otra muy distinta es desconocer el mandato. Una cosa es vigilar al Presidente y otra negarle autoridad. Bastante diferencia hay entre ejercer la oposición y llamar a desconocer un resultado democrático. Negarse a reconocer el mandato —primero, alegando fraude sin fundamento; luego, apelando a tecnicismos— es una receta para el desastre.

No puedo, entonces, compartir los llamados apresurados a la desobediencia civil. Mucho menos en un país como Colombia, donde las palabras públicas rara vez son inocentes y donde la exaltación del desacato suele terminar en caos, violencia y actos por los que después nadie quiere responder. Están jugando con fuego en un país repleto de pirómanos y construido sobre cenizas de un terreno todavía muy caliente.

Se puede disentir de Abelardo de la Espriella. Criticarlo, vigilarlo y oponérsele con toda la fuerza que permite una democracia. Pero lo que no se puede hacer, sin empezar a romper algo más profundo, es desconocer su condición de Presidente legítimo. La institucionalidad no se defiende cuando gana quien nos gusta; se defiende, sobre todo, cuando gana quien nos incomoda.