El aumento de accidentes de tránsito provocados por el consumo de bebidas alcohólicas no puede ni debe ocultarse. Aunque a muchos no les guste y traten de ignorarlo, a pesar de la significativa cifra de muertos que involucra.

En Colombia, la décima causa de todas las muertes y la segunda causa principal de muerte entre hombres de 15 a 44 años, son precisamente, las lesiones causadas en accidentes de vehículos. En la última década han muerto en el país 60 mil personas en accidentes de tránsito y 422.500 han sufrido lesiones.

Pese a los intentos realizados, como el establecimiento de puntos de control, la disminución de los niveles permisibles de concentración de alcohol en la sangre, los 45 salarios mínimos legales vigentes que vale la multa por conducir embriagado –a la que se suman los gastos de grúa y parqueadero-, la suspensión de la licencia de dos a diez años dependiendo del grado de embriaguez, en general la situación no mejora.

Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal (INML), durante el 2010 se presentaron 5.096 víctimas fatales en accidentes de tránsito. Cifra que al compararla con la de 2009  (5.796 muertos), revela una disminución escasa. La información entregada en la mañana de este lunes santo da cuenta de más de mil cien conductores detenidos en 72 horas por conducir embriagados.

En los cientos de artículos de prensa que informan de estos hechos descubrimos que precisamente quienes ejercen roles protagónicos en la sociedad,  léase oficiales de la Policía Nacional, Alcaldes municipales, concejales, quienes deberían dar el ejemplo, resulten involucrados en estos tristes episodios. A veces, unas pocas, sin víctimas fatales. Otras, con vidas truncadas.

Sin embargo,  también con bastante frecuencia, los grises protagonistas son jóvenes menores de edad, a quienes sus padres, colmados de ocupaciones y preocupaciones, al parecer más importantes que sus propios hijos y sin posibilidad de dedicarles tiempo, les facilitan auto y les llenan las billeteras. Eligen la manera más fácil pero menos consecuente de llevar su relación con ellos. Y así todos felices, cada quien por su lado, hasta que les suena el celular interrumpiéndoles quién sabe qué momento grato, para informarles del accidente en que están envuelto sus hijos. ¿Ya para qué lamentarse?

Al parecer, tanto a los padres ocupados como a las personas que ejercen alguna forma de autoridad y por ello es su deber dar ejemplo, se les olvida que el consumo de cualquier cantidad de licor, a partir de una gota, determina alteraciones como el deterioro de la atención, de la reacción, la perturbación en el campo perceptivo, visual, auditivo o somnolencia, el incremento de la autoestima y la bajada de la percepción de los riesgos... Es decir, una auténtica bomba de tiempo que al estallar propicia la ocurrencia de accidentes que siembran dolor, truncan vidas, sueños y esperanzas.

No sé si me he vuelto fronteriza o deficiente mental, porque resultan incomprensibles para mi entendimiento las razones que impulsaron a nuestros 34  flamantes congresistas colombianos a archivar el proyecto que pretendía penalizar con cárcel a quienes conducen automóviles borrachos o bajo los efectos del licor.

Me declaro impedida para entender que sean capaces de cohonestar con conductas que además de  inseguras e irresponsables resultan asesinas  y seguir, con la frente en alto, organizando la próxima campaña electoral.

Entonces se me despierta la malicia indígena que algunos llevamos agazapada en el alma.  Me resulta fácil suponer que los ‘honorables’ son asiduos consumidores de alcohol. Claro, los pobres, con tantas ocupaciones y tan abundantes preocupaciones de alto turmequé, recurren a una, dos, tres, o diez copitas para relajarse, para distenderse, para desinhibirse. Pero acaban adormilados frente a una situación que exige total atención de parte de todos los estamentos de la sociedad. Especialmente de ellos,  que deben asumir una postura digna de sus investiduras.

Provoca dolor de Patria que quienes fueron  elegidos por el poder soberano del pueblo, -se supone- se opongan a medidas tan sanas y ejemplarizantes.  Nada más adecuado que endurecer las laxas sanciones que contempla nuestra legislación contra los que osan conducir bajo los efectos del licor.

Con seguridad ninguno de los ‘padres de la Patria’ que decidieron archivar la iniciativa del gobierno, ha sufrido en carne propia la pérdida de un familiar en un accidente de tránsito relacionado con el alcohol.

De ser así, tendrían muy vivo en su almas -¿tienen alma?- el eco de las voces de las víctimas que en los mejores casos  lograron sobrevivir, aunque en condiciones deplorables, reducidos de pronto a una silla de ruedas.  Escucharían, como una tortuosa grabación, el llanto de los padres o de los hijos que quedan huérfanos, de los hermanos, los familiares o los amigos de aquellos cuyas vidas fueron truncadas por la irresponsabilidad de quien lleno de valentía se sintió capaz de llevar el volante tras haber consumido licor.

Si hubieran perdido, por lo menos un familiar en esas circunstancias, tendrían bien presentes sus sueños truncados, sus risas silenciadas, su proyecto de vida cercenado, sus ganas de vivir ahogadas.  Tendrían bien claro que un acto de tal irresponsabilidad merece la imposición de penas. Y no de cualquier pena.

Y me pregunto entonces si el tema no resulta importante para la sociedad colombiana. Las voces que se escuchan provienen de las familias de las víctimas de accidentes de tránsito –muertos o heridos–,  de los periodistas que responsablemente denuncian, de los ciudadanos que aún tienen conciencia y elevan su voz de protesta.

Mi voz de protesta va dirigida no solo contra quienes se resisten a entregar las llaves del auto tras el consumo de licor. Contra los que se creen invulnerables y se resisten a designar un conductor elegido o sencillamente,  a tomar un taxi.  También contra quienes abusando de los privilegios que les da su posición política, gremial, económica o social, ejercen influencia para que los irresponsables que manejan alicorados queden sin castigo. Y lógico, también contra  los policías encargados de hacer las alcoholemias, quienes en algunas ocasiones se dejan intimidar y en otras  sobornar, y como por arte de magia cambian los resultados de las pruebas dejando libre  de culpa, a quien le ocasionó lesiones a otra persona.

Ojalá esta vez si caminen la iniciativa de Gloria Stella Díaz, desempolvada en la Cámara y la nueva radicación del proyecto de ley del congresista Roy Barreras, hundido hace dos semanas. Ojalá los honorables congresistas se pongan la camiseta de la justicia. Ojalá.  Para que se acaben penas tan suaves como dar la casa por cárcel a quienes insisten en beber licor y manejar.