Todos los países del mundo, tarde o temprano, atraviesan lo que la demografía denomina proceso de transición. Este implica pasar de un escenario de altas tasas de natalidad y mortalidad, con baja esperanza de vida, a otro con tasas muy reducidas y una población que envejece progresivamente. En muchos casos, incluso, la tasa de reemplazo se vuelve insuficiente, dificultando el rejuvenecimiento natural de la población.

Estos cambios no son solo cuantitativos —relacionados con el tamaño de la población—, sino también cualitativos. Afectan las dinámicas de reproducción, la composición de la fuerza laboral y las nuevas necesidades que el Estado debe atender con urgencia.

En América Latina, los países no se encuentran en la misma etapa de este proceso. Algunos aún presentan poblaciones mayoritariamente jóvenes, con altas tasas de dependencia económica y, muchas veces, condiciones de vida precarias. Otros, como Uruguay y en parte Chile, evidencian una transición demográfica avanzada. En estos casos, el aumento de la población adulta mayor redefine la tasa de dependencia y plantea nuevas exigencias sociales, especialmente en torno a la calidad de vida de quienes han envejecido en un contexto que no siempre los ha priorizado.

El problema es que esta realidad ha comenzado a visibilizarse tardíamente. Los sistemas de protección social no han respondido con la fuerza necesaria, y los indicadores muestran un impacto creciente que ya no puede ignorarse.

Hace poco, tuve la oportunidad de asistir a una exposición de Agustín Squella, Premio Nacional de Ciencias Sociales, quien a sus 83 años mantiene una notable lucidez intelectual. En su presentación, titulada “La vejez, el tiempo contra el tiempo”, abordó la realidad actual de los adultos mayores, destacando la importancia de distinguir entre vejez y envejecimiento, así como las distintas etapas —tercera, cuarta e incluso quinta edad— que hoy se reconocen en algunos países. Su reflexión también puso en evidencia la falta de una preocupación real por este grupo, tanto en términos de previsión social como en el reconocimiento de su valor dentro de la sociedad.

A esto se suma una situación preocupante: en Chile, más de mil adultos mayores se encuentran en condición de abandono en centros asistenciales. Esta realidad, expuesta por autoridades del área de salud, revela una falla estructural. No solo implica un problema humano profundo, sino también una sobrecarga para el sistema sanitario, que debe destinar recursos que podrían utilizarse en otras urgencias.

Este escenario obliga a preguntarse por los llamados “círculos de cuidado” que rodean a los adultos mayores. El primero y más importante es el círculo del amor, donde la familia asume la responsabilidad de cuidado y protección. Luego está el círculo de la solidaridad, compuesto por amigos, vecinos o personas cercanas que suplen la ausencia familiar. A esto se suma el círculo de servicios, constituido por instituciones que ofrecen atención a cambio de un pago, con niveles de calidad muy diversos.

Sin embargo, los adultos mayores abandonados no forman parte de ninguno de estos círculos. Quedan fuera del cuidado familiar, de las redes comunitarias y, muchas veces, de servicios adecuados. Es precisamente en este vacío donde se hace evidente la necesidad de un cuarto pilar fundamental: un Estado activo y comprometido, capaz de garantizar condiciones mínimas para una vejez digna.

Organizar una sociedad que respete y cuide a sus adultos mayores no es solo una tarea asistencial, sino un imperativo ético. Implica reconocer su aporte, asegurar su bienestar y generar espacios donde puedan seguir siendo activos y valorados. También exige fortalecer la solidaridad intergeneracional, entendiendo que el envejecimiento no es un problema individual, sino un desafío colectivo.

Una vejez digna no debería ser una excepción, sino una garantía.