La firma del acuerdo sobre justicia y víctimas por parte de las Farc y el Gobierno, no sólo es una opción necesaria para salir de los horrores de la guerra. Es la mejor alternativa que tiene nuestro país para honrar a las víctimas, otorgándoles verdad y reparación.

Lo más importante del proceso de paz en La Habana es lo que los detractores de la paz más amargamente le critican: el acuerdo sobre justicia y víctimas suscrito entre las Farc y el Gobierno, un paso definitivo hacia el anhelado fin del conflicto.

Y no es temerario decir, aunque parezca contraintuitivo, que la opción disponible para Colombia es terminar la guerra con un acuerdo político. Después de todo, así se pone fin a las guerras: con decisiones políticas negociadas, independientemente de sus raíces. Y estas negociaciones siempre devienen, inexorablemente, en unas concesiones, lo que en Colombia, recientemente, se ha denominado “los sapos que debemos tragarnos”.

La idea ha generado malestar en muchos sectores, sobre todo en las huestes uribistas y es natural, pues los crímenes de las Farc fueron atroces: asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, entre otros. No obstante, no podemos ser tan ingenuos de pensar que las Farc aceptarían la exigencia de una justicia punitiva plena, con lo cual sería inviable la transición negociada y se perpetuaría la guerra.

Si algo ha quedado claro en los últimos días, es que con el acuerdo de La Habana habrá justicia para todos. La fórmula es elemental: habrá amnistías para los victimarios en la medida en que éstos, asuman responsabilidades, colaboren con la verdad y se comprometan a reparar, en la mayor manera posible, a las víctimas.

Para tales efectos, se ha creado una Jurisdicción Especial para la Paz, dentro del marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En este orden de ideas, los responsables de crímenes atroces deberán pasar por la justicia y tendrán sanciones, que serán de cárcel para quienes incumplan los deberes de verdad y reparación. Por el contrario, quienes cumplan con dichos requerimientos, serán sancionados con restricción efectiva de la libertad por varios años, así como con trabajos sociales de reparación.

Este modelo de justicia transicional, no sólo es una opción necesaria para salir de los horrores de la guerra. Es la mejor alternativa que tiene nuestro país para honrar a las víctimas, otorgándoles verdad y reparación. Adicionalmente, una guerrilla apropiada de la bandera de la justicia podrá darle a todos un país una compensación invaluable: una paz sostenible.

Admitir que a las Farc se les aplique una cuota de justicia por los crímenes más graves y que se les otorguen unas amnistías por su colaboración en la reparación de víctimas no implica, bajo ninguna circunstancia, la claudicación del Estado ante un “grupo terrorista” o la aquiescencia de la violencia. En cambio, significaría la defensa coherente de un valor supremo: una Colombia en paz.