Mientras que las Farc dejan de disparar sus fusiles en contra de la población civil, las actuaciones corruptas de nuestros funcionarios dan cuenta de un país que, inexorablemente se mantendrá en la guerra.

Los vínculos entre la paz y la corrupción son innegables: si un país tiene altos niveles de corrupción, se generan fuertes decrecimientos en la paz, se alteran las instituciones del Estado, se estimulan las motivaciones personales por encima de los intereses de la población y en consecuencia, se incrementa la violencia.

Los colombianos tenemos este asunto claro desde que llegaron los conquistadores españoles. No obstante, la realidad colombiana se repite sobre sí misma desde antaño como una suerte de versos satánicos, cuyos protagonistas son los funcionarios públicos que por generaciones se han dedicado a vivir del erario público. Y cada día es peor: delincuentes que contratan con el Estado las comidas escolares y las sirven podridas, homicidas que dirigen hospitales sin calidades académicas y que desangran sus finanzas, y para rematar, jueces prevaricadores que reciben dinero para absolver a estos bandidos.

En Colombia, como hemos observado muchas veces, un delito suelte ocultar muchos otros, y esto no es otra cosa que síntomas de un mal endémico de las instituciones colombianas, que no permite que se satisfagan las demandas de la población. Hablo de mal endémico porque aquí todos los delitos se cometen alegremente sin temor al castigo o al reproche social.

Mientras los colombianos sigamos pensando que la paz consiste en la aprobación de la agenda de negociación en La Habana, seguiremos en las mismas. Al final del día, de la conversaciones sólo obtendremos un producto puramente político: un acta firmada y no una estrategia encaminada a promover un ambiente propicio para que las personas actúen dentro de la legalidad y se suscite bienestar social.

Lo único que podrá mantener la guerra al margen, tal vez hasta el punto de disuadir hasta los pequeños brotes de violencia, es el establecimiento de programas y medidas para investigar y sancionar todos los hechos de corrupción, pues los corruptos son los peores genocidas de que tengamos conocimiento (incluso, peores que los guerrilleros) en la medida en que aniquilan la posibilidades de vida digna de los ciudadanos y exterminan de plano el nacimiento de futuras generaciones.

Por lo anterior, resulta menester llamar la atención sobre la “pedagogía para la paz”. Ésta no se puede circunscribir a la difusión de los acuerdos alcanzados y de los mecanismos de implementación de lo firmado. Por el contario, deberá ir más allá y propender por diseñar medidas de choque que impidan que las generaciones de corruptos lleguen al poder y sigan siendo la piedra en el zapato en la consecución de la paz.