Hablar de las exigencias y condiciones de las FARC que gradualmente debemos aceptar los colombianos a través del gobierno de Juan Manuel Santos y sus plenipotenciarios en La Habana dentro del marco del proceso de paz, es redundar ya que este gobierno ha demostrado hasta la saciedad su excesiva complacencia, no solo para continuar en ese “imaginario posconflicto” sino porque a partir de la firma de lo que se está acordando en La Habana, se legitiman muchas imposiciones por parte de los miembros negociadores de esa guerrilla, las cuales cada día son más ambiciosas y denigrantes.

Los terroristas de las FARC aparte de exigir asignación directa de curules en el congreso, asambleas y concejos por al menos dos periodos de sesiones, entre otras peticiones, solicitaron la liberación de aproximadamente 81 guerrilleros detenidos – 30 de ellos ya fueron indultados – todo,  para según ellos, desescalar el conflicto y acortar las distancias hacia el objetivo de lograr la paz en nuestro país. En una de sus últimas exigencias lubricadas con el cinismo y doble moral que los caracteriza, solicitan que “sus prisioneros deben recobrar su libertad en consideración a que su estado de salud es incompatible con las condiciones precarias en que viven en las cárceles”. Tamaña desfachatez, desvergüenza, hipocresía, cinismo, descaro e inverecundia, no se podía esperar por parte de los integrantes de esta empresa criminal que siempre se caracterizaron en su accionar ilegal, por violar las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Recordémosles a las FARC, a esos mismos que hoy reclaman “consideración” por la precariedad de las condiciones de sus integrantes enfermos en cárceles colombianas que, el cabo Norberto Pérez, quien fue secuestrado en marzo de 2000 por las FARC vivía en condiciones infrahumanas, es más, decir que vivía en condiciones precarias era un halago. Este héroe de nuestra patria era un prisionero de guerra, retenido en una jaula colectiva de alambre en medio de la espesura de la selva. Sin dejarlo acercarse a la alambrada so pena de castigo, comiendo arroz con papa cocida y pasta, siempre con mosquitos de sobremesa. Enfermo por la humedad y por las condiciones de insalubridad del agua. Sin acceso a medicinas, ya que estas eran un producto exótico solamente administradas cuando le daba la gana al carcelero de turno. El cabo Pérez era el padre del niño Andrés Felipe Pérez quien murió producto de un cáncer renal terminal, sin ver hecho realidad su único deseo: ¡qué las FARC liberaran a su padre, tal como reclamaba el mundo! Pero, estos no tan solo desatendieron el clamor generalizado. Lo que realmente hicieron esos guerrilleros “desconsiderados” que hoy reclaman “consideración”, fue asesinarlo disparándole por la espalda cuando intentaba huir cerca de Santana, caserío perteneciente al municipio de Granada en Antioquia.

Otro caso que produjo gran impacto negativo en nuestra sociedad civil por lo extremadamente violatorio de los Derechos Humanos por parte de quienes hoy exigen consideración para sus miembros encarcelados con problemas de salud, fue el del  sargento Libio José Martínez, quizás el secuestrado más antiguo de las FARC, quien fue retenido el 21 de diciembre de 1997 en una toma a la base militar de Patascoy, en el departamento de Nariño. Para esa época, su esposa estaba embarazada, por lo que nunca conoció a su hijo Johan Steven Martínez, el cual creció lejos de los ojos de su cautivo padre. Este niño quien sufrió una verdadera metamorfosis, de recién nacido a púber, esperando a que las FARC liberaran a su padre para conocerlo y darle el tan anhelado abrazo, perdió las esperanzas. La guerrilla lo asesinó de un balazo en la espalda catorce años después tras un intento de fuga. De haberlo logrado, hubiera conocido a su hijo adolescente con barbas y bigotes. ¡Qué desconsideración!

Otro de los dramas de ingrata recordación en la triste historia de los caídos en manos de las FARC es el del coronel de la Policía Julián Ernesto Guevara quien murió en cautiverio producto de una Tuberculosis Pulmonar no tratada. Durante casi diez años, los colombianos vieron en los medios de comunicación la desgarradora imagen de su madre, Emperatriz Castro de Guevara, quien con entereza y firmeza clamó por su liberación y aún, después de muerto, pasó varios años más pidiendo la entrega de su cuerpo.

Hoy después de más de 50 años de conflicto, en el contexto de los acuerdos incluidos en el proceso de paz, el Secretariado, máximo órgano de los insurgentes, a través de un nuevo comunicado, pretende servirse nuevamente con “cuchara grande” ese sancocho de exigencias, clamando por un “gesto humanitario de sensatez, de buena voluntad y de esperanza”, en donde exhortan al complaciente gobierno Santos la liberación de sus prisioneros políticos enfermos y sus familias. ¡Vaya ironía!, quienes en el pasado implantaron el miedo a través de la violencia con sus desconsiderados y absurdos métodos, hoy día, hipócrita y cínicamente, imploran  “consideración”, es decir, la misma que ellos negaron a miles de sus víctimas a lo largo de su recorrido terrorista. Sin embargo, en el afán de desescalar el conflicto, el gobierno concedió el indulto a 30 de sus miembros detenidos, los cuales serán liberados antes de finalizar el presente año. 

Así las cosas, si el costo que debemos asumir los colombianos para el logro y disfrute de la tan anhelada paz es “tragarnos esos sapos”, les recomiendo adobarlos en salsa de omeprazol para evitar posibles síntomas de indigestión como acidez y reflujo. Y, ¿por qué no? de alguna eventual úlcera gástrica.