La sombra del archivo en casos de acoso sexual en Colombia.

El panorama del delito de acoso sexual en Colombia revela una preocupante tensión entre la normativa penal y su aplicación efectiva. Las estadísticas recientes sobre el archivo de un número significativo de denuncias exigen un análisis riguroso de los obstáculos que impiden una adecuada administración de justicia en estos casos. Esta columna se propone explorar la delicada relación entre la ambigüedad inherente a la definición legal del acoso sexual y la complejidad probatoria, particularmente en lo concerniente a la acreditación de la intención del autor.  Al examinar estos desafíos, se busca comprender cómo estas dificultades contribuyen a la elevada tasa de archivos, generando interrogantes sobre la suficiencia del marco jurídico actual para ofrecer una protección efectiva a las víctimas y garantizar la debida sanción de estas conductas.

Esta complejidad se manifiesta en la dificultad para trazar una línea clara sobre qué comportamientos constituyen acoso sexual. En Colombia, la ley penal define el acoso sexual como un ataque a la libertad y a la integridad sexual de las personas, entendiéndose por ello, todo comportamiento de naturaleza verbal o física que tenga intrínseca una finalidad sexual, ejecutado por un tercero con el que se tenga una relación de superioridad y que es realizado sin el consentimiento de la persona que lo recibe. Sin embargo, definir exactamente qué cuenta como acoso no siempre es fácil, y a veces la línea entre una conducta inapropiada y un delito puede ser borrosa.

A esta dificultad en la definición se le suma la complejidad inherente a la prueba de la intención, por lo que la situación se complica cuando tratamos de entender qué pensaba la persona que realizó dichas acciones. ¿Realmente buscaba alguna finalidad de tipo sexual, o había otras razones detrás de su comportamiento?

La intención, ese fantasma psíquico que reside en la mente del acusado rara vez deja rastros probatorios sólidos, una barrera que, con demasiada frecuencia, allana el camino hacia la impunidad en casos de acoso sexual.

Dada la imprecisión en la redacción del tipo penal, la determinación de la intención para una adecuada administración de justicia exige un análisis contextual profundo y de suma complejidad. En consecuencia, la valoración del daño causado a la víctima, en conjunto con las demás pruebas destinadas a establecer, sin margen de duda, la finalidad sexual o la creación de un ambiente hostil de dicha naturaleza, no siempre resulta suficiente para superar los vacíos del delito.

Este panorama nos pone de presente un desafío ineludible: las víctimas de acoso sexual claman por protección, pero sus voces se pierden si las leyes que deben ampararlas son confusas e imprecisas, quedando relegadas a meras intenciones escritas. La dificultad, sin embargo, no termina ahí, pues la ley dejó un vacío sumamente riesgoso: no especificó qué comportamientos exactos prueban esa "intención sexual" que tanto cuesta demostrar. Ante esta falta de guía del legislador, fue la Corte Suprema de Justicia quien tuvo que intervenir, señalando que la intención se puede inferir no solo de las palabras, sino también de gestos, miradas, el tono de voz, el contexto y hasta de cómo la sociedad entiende ciertas expresiones.

Pero toda esta dificultad legal se materializa en cifras que evidencian la inoperatividad del delito de acoso sexual. Hasta noviembre del año pasado, de las más de 31 mil denuncias presentadas, la Fiscalía archivó más de la mitad, principalmente por considerar que la conducta no encajaba en la descripción legal, lo cual es consecuencia directa de la ambigüedad en la redacción del delito.

Finalmente, una vez abordadas las complejidades del acoso sexual en el laberinto legal colombiano, desvelando cómo la ambigüedad normativa y la dificultad probatoria de la intención alimentan una preocupante tasa de archivos. Este análisis nos invita a una reflexión serena pero urgente: ¿está el sistema jurídico ofreciendo las herramientas adecuadas para proteger la libertad sexual de las víctimas? Las cifras de expedientes archivados sugieren una brecha significativa entre la intención de la ley y su aplicación efectiva. Es crucial que esta conversación continúe, impulsando la búsqueda de soluciones que permitan una justicia más clara, accesible y sensible a la realidad del acoso sexual en nuestra sociedad.