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Electricaribe: «Cambiemos de diablo y también de infierno»

Las empresas distribuidoras de energía eléctrica de la Costa Atlántica fueron en su momento fortines políticos de la Comisión Quinta del Senado de la República. Con la desaparición de estas empresas se inició una carrera privatizadora a la que los sindicatos se opusieron alegando que se estaba entregando el patrimonio nacional al sector privado. Y lo que es peor, lo entregaron muy por debajo de su valor.

¿Pero, quienes asfixiaron a nuestras electrificadoras?

Aquellos que con nuestros votos legitimamos para que nos representaran en tan altas instancias políticas, entre estas, aquella famosa Comisión Quinta de la época en la que participaron: el senador Salomón Náder, presidente de la Comisión Quinta, quien tuvo mucha injerencia en Electrocórdoba; el eterno Amylkar Acosta, otro de la Comisión, que hizo lo propio con Electroguajira; Julio César Guerra Tulena, otro del combo, que también participó activamente en Electrosucre; y por el Departamento del Atlántico, no podía faltar, José Name Terán, coequipero de los anteriores, quien influyó en el nombramiento de los dos últimos gerentes de la Electrificadora del Atlántico (Electranta). Uno de ellos, posteriormente, sería viceministro de Minas.

En realidad, la entrega del manejo energético a los operadores privados, verbigracia, Electricaribe, ha estado impregnada de muchas dudas, permisividad y complacencias por parte del alto gobierno. Toda vez que,  muy a pesar de las recomendaciones hechas por parte del Ministerio de Minas y Energía, “la empresa ha tenido poco compromiso con el cumplimiento de un plan de inversiones cercano a los $2 billones”.

Pero, ¿por qué el gobierno no interviene a Electricaribe?: La razón de la no intervención según el representante Barguil es que, «la Superintendencia de Servicios Públicos “no tiene la capacidad técnica, financiera y de recurso humano para actuar”. Y que, «la solución es introducir cambios legales para que la Superintendencia tenga muchas más herramientas, dientes, para que se parezca más a la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio), que tiene muchas herramientas para investigar, para sancionar, para que haya una rápida inversión”, agrega además Barguil que, la idea es que cuando la empresa no pueda invertir, se haga una convocatoria para que un tercero lo asuma».

¿Será verdad tanta belleza?, ojalá que con el «muñeco» del nuevo operador y el oportunismo del partido conservador, no volvamos a leer el viejo cuento del gallo capón.