Culminar la primera semana del 2026 con la noticia de que Nicolás Maduro está bajo la custodia de las autoridades judiciales de los Estados Unidos era un escenario que realmente nadie tenía en la baraja de probabilidades. El ritmo con el cual venía escalando el enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela, al igual que la secuencia de eventos que siguieron operaciones de cambio de régimen en el pasado, le indicaban a todo mundo que ese retrato de una eventual captura, rendición o incluso la baja militar de Nicolás Maduro habría de ser precedido, cuanto menos, por meses de bombardeos y operaciones militares en suelo venezolano. En términos simples, todos esperaban que el mandamás habría de ser una de las últimas fichas en caer, no la primera, especialmente cuando han pasado apenas algunos días desde que iniciaron los bombardeos de objetivos específicos en suelo venezolano.

Así el panorama de la Venezuela post chavista no sea mucho más que niebla en este momento, el poder de esa imagen de Nicolás Maduro a la merced de los tribunales de Nueva York es innegable. Su garantizada estadía en una cárcel de máxima seguridad representa la realización del ideal básico de justicia que por tanto tiempo desapareció para una sociedad entera y marca, indiscutiblemente, el inicio de una nueva etapa en la historia de Venezuela, sin que ello implique, tristemente, que hayan terminado los pesares del pueblo venezolano.

El destino de este está en manos de las movidas que sigan en el tablero de Trump, que están marcadas por los balances a los que le tiene que apuntar. A como están las cosas, DJT debe mantener suficiente presión militar sobre el régimen chavista a fin de garantizar el cumplimiento de las directrices en materia de gobierno para Venezuela que se impartan desde el Departamento de Estado, pero a la vez no desbordarse en su uso de activos militares, puesto que sigue sin autorización congresional para el despliegue masivo de tropas en territorio venezolano. A su vez, tiene que evitar a toda costa una situación de hambruna o guerra interior que desate un nuevo escenario de migración masiva de venezolanos, que a su turno le desencadene una crisis política local respecto de su promesa y causa central de campaña, que es el freno a la inmigración, pero tampoco puede sobre comprometerse con la reconstrucción del Estado y la economía venezolana a fin de no recrudecer el aparente divorcio entre él y su electorado aislacionista, que se siente, ciertamente, traicionado por el resuelve absoluto con el que Trump abrió un posible frente de conflicto con Venezuela.

Dicho orden de factores exige una especie de balance por parte de Trump, que parece estarle orientando hacia una toma de decisiones de corte pragmático. Ciertamente, empezar por desintegrar las estructuras de poder o control, por mínimas, corruptas e insuficientes que sean, sería propiciar un descenso a la anarquía en un país que ya cuenta con una población civil fuertemente armada a través de estructuras paramilitares conocidas popularmente como colectivos, por lo que resulta, cuanto menos, razonable la determinación del Departamento de Estado de asumir directamente las operaciones de gobierno de Venezuela, empleando a Delcy Rodríguez como una especie de interlocutora de las determinaciones que se tomen desde la oficina de Marco Rubio. Dicho arreglo, sin duda alguna, será transitorio y apuntará a mantener el control de la población civil y el territorio mientras se va decantando la receta para la estructuración de un marco gubernamental lo suficientemente estable para garantizar absoluta seguridad a las inversiones estadounidenses y occidentales a mediano y largo plazo.

Con este tipo de medidas, pareciera ser que la cúpula militar y de inteligencia de los Estados Unidos ha reconfigurado sustancialmente su plan de juego cuando se trata de operaciones de cambio de régimen. En otros momentos se han apresurado por instalar en el poder a figuras con amplio reconocimiento e incluso admiración internacional, pero con nula capacidad efectiva para poder ejercer control de los estamentos del poder público que se encuentren teóricamente a disposición, como sucedió con el expresidente afgano Achraf Gani, y como bien pudo haber sucedido si hubiesen tomado una determinación apresurada de entregarle el gobierno del país a Edmundo González o María Corina Machado, quienes, a pesar de su popularidad incluso dentro de Venezuela, carecen de las herramientas para efectivamente garantizar el control del territorio.

De alguna manera, el tablero de Trump le ha dado juego a la oposición venezolana en una forma que muy pocos esperaban. En vez de embarcarlos en la tarea imposible de asumir el control del país de la noche a la mañana, les ha brindado una ventana para establecer puntos de contacto con elementos dentro de las estructuras de poder del oficialismo y presentar una propuesta de alguna suerte de gobierno de coalición con alguna expectativa razonable de viabilidad ante los Estados Unidos. Para ello, resulta ineludible reto de evitar caer en la venganza como bandera y de renunciar a proponerse la consumación de un juicio político antes que la reconstrucción material y verdadera de un país que, sin incurrir en exageraciones, está al borde del colapso.