Que la desmedida alza en el salario mínimo decretada por el Gobierno Petro para el año 2026 no figure dentro de su puñado de momentos más descalabrados es un hecho más que lapidario. Especialmente considerando que el mismo Petro, durante toda su carrera política, pregonó la existencia de soluciones sencillas a las graves dolencias del país y de una élite cavernaria que se rehusaba a tomarlas, a cuenta de pura y simple mezquindad. La medida, por supuesto, ha sido objeto de incontables cuestionamientos por parte de expertos en materia, lo cual es en cierta medida inocuo, ya que la decisión de aumentar el salario mínimo en más del veintitrés por ciento no pasa por ningún tipo de consideración técnica, obedeciendo  más bien a un simplista, aunque quizás rentable, cálculo político. Que busca, por supuesto,  armar a los candidatos del gobierno con el cartel de representar a quienes más aumentaron el salario mínimo en la historia del país, rótulo que pasará a ser parte del desbordante arsenal de logros vacíos de este gobierno, que sus candidatos sin duda se colgarán como medallas.

Conociendo las tendencias de este Gobierno, lo anterior era de esperarse. La reforma laboral del 2025  no hará más que acrecentar el tamaño de la zanja que ya de por sí existía entre la regulación laboral colombiana y las condiciones materiales del empleo en el país. El tamaño de esta zanja, hablando en términos genéricos, es directamente equiparable al tamaño de la informalidad laboral, que se traduce en la desprotección total del trabajador, reducción en movilidad social y, a gran escala, en el agravamiento de la bomba pensional. No es que Petro no conozca esta realidad, todo lo contrario, él y su equipo encontraron la forma perfecta de hacer que este, así como muchos otros problemas reales y estructurales del país, funcionaran a su favor político. El cálculo es sencillo, en vez de abordar el asunto metódicamente y tomar medidas que quizás sean impopulares a corto plazo en pro de una solución real, se aprovecha el problema para alimentar la narrativa que el gobierno busca impulsar, la de una clase obrera oprimida a todo turno por una clase esclavista que se ha lucrado sistemáticamente de su labor durante toda la historia. Plenamente consciente de que, a medida que aumenta el grado de polarización y odio de clases, más aumentan sus chances de asegurar la continuidad electoral para la izquierda, esto lo logran no solo radicalizando a su base, sino buscando que, al alejarse tanto de las verdaderas nociones de buen gobierno, su voto opositor migre hacia candidatos de un talante radical tal que se vuelva un prospecto inviable para el voto de centro, pasando a posar como el “mejor malo conocido” ante la incertidumbre que plantee esa opción de extrema derecha radical.

El cálculo también ostenta un componente de largo plazo, o más bien una contingencia ante un posible escenario de derrota electoral en 2026, apostando a que la disrupción que se genere en el mercado laboral sea tal que obligue a que el próximo gobierno, sea más de centro o de derecha, tome una serie de medidas regresivas que sin duda resultarán impopulares y posiblemente generen un rédito electoral para la izquierda, apostando de antemano a la estrategia de la polarización y la agudización del odio de clases como vías para recuperar la Casa de Nariño. Lastimosamente, no ha sido solo en materia laboral y de empleo que el gobierno Petro ha abordado estrategias de esta naturaleza. Al observar las cifras históricas en endeudamiento y gasto público, al igual que el deterioro deliberado del sistema de salud y de la seguridad energética, es claro que el actual gobierno ha encontrado en cada reto una oportunidad para resquebrajar cada vez más la posibilidad de consensos y aumentar, en la misma medida, la cantidad de escenarios de enfrentamiento y polarización entre el electorado.

El rumbo del populismo económico, combinado con la apuesta por la radicalización del debate público, no es terreno nuevo para la izquierda latinoamericana, estando presente en gobiernos como la Argentina kirchnerista y la Venezuela de Hugo Chávez. Sus resultados tangibles son escandalosamente negativos, pero aun así son tratados como las consecuencias no pretendidas de una política nacida de la intención válida y buena de mejorar la calidad de vida de los menos favorecidos. Lo cual, no es más que una capa de maquillaje que utiliza la izquierda para ocultar que esta estrategia efectivamente cumple  con su verdadero cometido, que es garantizar victorias electorales a través de la extrema polarización política.

Luego resulta que lo peor que podría hacer la oposición en este momento es alimentar esta dinámica de polarización, y se vuelve, a su turno, necesario entender que la izquierda hoy solo tiene juego electoral si se contrapone a un opuesto de un talante radical similar y carecería de oportunidad si, al contrario, se le plantea un proyecto de unidad nacional entre toda la derecha y el centro. Viene siendo la hora de hacer un cálculo propio.