El 11 de septiembre, mientras una marcha hacia la embajada de Estados Unidos se replegaba sobre el campus de la Universidad Nacional, un grupo de encapuchados destrozó la reja y la puerta de la Hemeroteca Nacional Universitaria. Cuatro personas fueron atendidas durante la evacuación: tres trabajadores de aseo y cafetería y un empleado de la Editorial de la universidad. No un ministro. No un policía. No un "enemigo de clase". Cuatro trabajadores y una hemeroteca.

Conviene empezar por ahí, porque en este debate se habla de todo menos de las víctimas. Y las víctimas del vandalismo universitario nunca son el Estado en abstracto: son el muchacho de provincia que llegó becado y se queda sin laboratorio, el investigador que pierde un archivo irremplazable, el trabajador que sale corriendo de su turno. Cada vidrio roto en una universidad pública lo paga, con impuestos, el colombiano que nunca pudo entrar a ella.

El anuncio del presidente De la Espriella —un protocolo nacional para que la Policía pueda intervenir en los campus ante actos vandálicos o terroristas— desató la reacción previsible: militarización, retaliación, memoria histórica. Discutamos entonces lo que de verdad está en discusión, que no es el sentimiento de nadie sino el texto de la Constitución.

Cada quien puede interpretar la autonomía universitaria a su manera. El problema es que ya está definida. El artículo 69 garantiza que las universidades "podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley". El artículo 28 de la Ley 30 de 1992 desarrolla esa garantía con una lista precisa: darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades, crear y organizar programas, definir sus labores formativas, otorgar títulos, seleccionar profesores, admitir alumnos y arbitrar sus recursos. Léala completa. Docencia, investigación, extensión y gobierno propio. Ni una sola palabra sobre orden público. La Corte Constitucional lo dijo sin ambigüedad en la sentencia C-810 de 2003: la autonomía "no es absoluta, pues encuentra su límite tanto en el orden constitucional como en el legal".

La autonomía universitaria es académica, no territorial. No es soberanía. No hay una frontera en la portería de la calle 26 donde termina Colombia y empieza otra república.

Ahora, la pregunta incómoda, la que me van a hacer y que me hago yo mismo: si la ley ya lo permite, ¿para qué un protocolo nuevo? Porque sí lo permite. El artículo 163 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia autoriza el ingreso sin orden escrita en casos de imperiosa necesidad, entre ellos cuando desde el interior de un inmueble se agrede a personas o bienes del exterior. Y la flagrancia habilita a la Policía sin permiso de ningún rector. Nada de esto es una facultad inventada esta semana.

Mi respuesta es sencilla y hasta un poco resignada: en el país de Santander, el hombre de las leyes, a veces hay que volver a escribir lo que ya está escrito. Un protocolo no crea la potestad; la recuerda, la ordena y —esto es lo valioso— le quita al patrullero de la esquina la duda de si actuar o quedarse mirando cómo arde una biblioteca que él ayuda a pagar. Bienvenida la pedagogía de la norma.

Pero que se entienda de qué lado hablo. Creo en la ley y el orden precisamente porque creo en la libertad, y por eso mismo exijo que ese protocolo se publique: con causales taxativas, mando civil identificable, registro de cada intervención y responsabilidad personal para quien se exceda. En un Estado de derecho, lo que protege al estudiante que marcha en paz no es la ausencia de policía: es la regla escrita. La ley, no el temperamento del gobernante de turno.

Y una última cosa, dicha desde la experiencia de haber sido rector. La autonomía se defiende ejerciéndola. Un rector que no puede garantizar que mañana haya clase no está protegiendo la autonomía: la está dilapidando. La universidad que tolera al encapuchado termina entregándole a un tercero la potestad de entrar, porque el vacío de autoridad siempre lo llena alguien. La mejor forma de que la Policía no tenga que entrar al campus es que adentro haya gobierno.

La autonomía es para enseñar, investigar y darse sus estatutos. No es un pasaporte, no es una frontera y no es —bien dicho está— una patente de impunidad.