En 2025, Estados Unidos mantiene aproximadamente 800 bases militares en 80 países y territorios de todo el mundo. Esta red de "puntos de apoyo" no es un accidente histórico, sino el resultado de más de un siglo de expansión imperial, que comenzó con la guerra hispano-estadounidense de 1898 y se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Lo que esta red revela es una verdad incómoda: una vez que una base estadounidense se instala en un territorio, recuperar la soberanía sobre ese espacio se vuelve una empresa casi imposible.

La puerta que no se cierra

La historia ofrece ejemplos dramáticos de esta dificultad. Filipinas, que logró la expulsión formal de las bases estadounidenses en 1992 tras décadas de lucha, hoy tiene nueve instalaciones operando bajo el acuerdo EDCA, demostrando que EE. UU. nunca se va del todo; solo se recoloca. España, que logró reducir la presencia estadounidense a dos bases (Rota y Morón), no ha podido deshacerse de ellas en más de seis décadas, convirtiéndolas en un elemento estructural de su política de defensa.

El caso más reciente es el de Puerto Rico: la base naval de Roosevelt Roads, cerrada en 2004 y prometida como polo turístico, fue reactivada en 2025 para operaciones con cazas F-35, demostrando que la infraestructura y el control estratégico pueden permanecer latentes por décadas.

Estos ejemplos muestran una lección clara: ceder territorio para bases militares extranjeras no es un acto reversible. Es abrir una puerta que el imperio no tiene intención de cerrar.

El imán de la guerra

La cesión de soberanía, sin embargo, no es el único costo. En el contexto de una conflagración global que se antoja cada vez más probable, estas bases se convierten en imanes para el ataque.

La guerra entre Estados Unidos e Irán, que comenzó en febrero de 2026, ofrece una advertencia brutal. Irán ha atacado bases estadounidenses más de 600 veces en la región. La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido a la población de los países anfitriones que se mantenga a más de 500 metros de cualquier instalación que albergue tropas estadounidenses, porque considera esos lugares "blancos legítimos" de represalia.

Bases como la de Al Udeid en Qatar (cuartel general del Comando Central de EE. UU.), la Quinta Flota en Baréin, y las instalaciones en Kuwait, Jordania y Arabia Saudí han sido alcanzadas por misiles y drones iraníes. El costo humano y material es devastador: al menos 18 militares estadounidenses han muerto y se han destruido radares, hangares y aeronaves en al menos 20 instalaciones.

Irán ha justificado estos ataques acusando a los países anfitriones de convertirse en "arena para la guerra criminal" de EE. UU. y ha golpeado también infraestructura civil: refinerías, plantas desalinizadoras y el aeropuerto de Dubái.

La lógica se replica en Europa. La modernización de bases británicas como Lakenheath para albergar nuevas bombas nucleares las convierte en blancos prioritarios para Rusia en caso de conflicto. En el Pacífico, analistas militares ya advierten que la concentración de fuerzas estadounidenses en unas pocas bases estratégicas las hace extremadamente vulnerables ante China.

Colombia: en la mira del imperio

En este contexto, la decisión del presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, de autorizar el establecimiento de bases militares estadounidenses en territorio colombiano, bajo el nombre de "Plan Colombia II", no es una opción menor: es una sentencia.

De la Espriella, quien posee la doble nacionalidad colombiana y estadounidense y se identifica como "republicano", ha prometido reincorporar a Colombia a la alianza anticrimen "Escudo de las Américas" liderada por Trump. Su ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, ha confirmado que es "probable" que se busque el restablecimiento de bases de EE. UU.

La historia colombiana ya ha visto este guion. En 2009, el gobierno de Álvaro Uribe firmó un acuerdo que permitía a EE. UU. acceder a siete bases militares colombianas. La Corte Constitucional declaró inconstitucional ese acuerdo en 2010 por no haber sido aprobado por el Congreso. Sin embargo, la cooperación militar continuó bajo figuras como asistencia técnica y entrenamiento conjunto.

Ahora, la nueva administración busca formalizar y ampliar esa presencia. Pero la lección de Oriente Medio es que, en un mundo en guerra, ser anfitrión de una base no es una garantía de seguridad, sino una condena a convertirse en escenario secundario de un conflicto ajeno.

La trampa de la soberanía

El riesgo es total. La red de bases de EE. UU. conecta los tres grandes frentes del siglo XXI: Medio Oriente, Europa y el Pacífico. En cada uno, las bases se han convertido en imanes para el ataque y en moneda de cambio en una guerra que no es de los países anfitriones.

Colombia, si se pliega a esta estrategia, no recibirá protección, sino que se sumará a la lista de países que pagan el precio de una geopolítica que no controlan. Los misiles y drones de bajo costo han cambiado la ecuación estratégica, y cualquier base es ahora un blanco vulnerable. Las represalias no distinguen entre instalaciones militares y civiles, y los países anfitriones pagan el costo en infraestructura, economía y vidas humanas.

La historia no advierte: la historia condena. Ceder territorio para bases militares extranjeras es una puerta que casi nunca se vuelve a cerrar, y en un mundo al borde de la conflagración, es una invitación a la destrucción.

Colombia no debe repetir los errores que ya han costado tan caro a Filipinas, España y los países del Golfo. La soberanía no se negocia, se defiende.

P.S. Los ciudadanos son la base y el fundamento político de la soberanía de un país; son copropietarios del suelo patrio. Con las últimas denuncias con pruebas de fraude electoral caracterizado, los invito a hacer un ejercicio no partidario: Si alguien se dice dueño de su casa y, sin su consentimiento, le vende su cuarto o su patio a un extraño con cláusulas casi irreversibles de "comprador de buena fe" y sin pagar un peso, ¿qué haría usted en ese caso?