Colombia ha entrado en un impasse político —y probablemente institucional— con consecuencias imprevisibles. No es un lujo examinarlo: es una obligación cívica. Si algunas de las posibilidades que hoy parecen remotas empiezan a materializarse, necesitaremos criterio, serenidad y capacidad de actuar como ciudadanos, no como espectadores.

Lo primero es reconocer lo evidente: la Registraduría, institución encargada de garantizar la transparencia electoral, permitió que una elección con un margen tan estrecho se certificara sin escrutar las mesas del exterior. No es un detalle técnico: es una falla estructural. En Estados Unidos, en el año 2000, Al Gore y George Bush disputaron voto a voto la elección en Florida, con recuento público, minucioso y televisado. Aquí, en cambio, se entregó una credencial presidencial sin cumplir un requisito básico.

La responsabilidad no recae en el extremista de derecha que posiblemente ocupe la Casa de Nariño. Él está en su papel: ganar a como dé lugar, incluso presentando más de tres millones de firmas falsas para validar su candidatura. La responsabilidad recae en las instituciones que fueron mandatadas para proteger la democracia y no lo hicieron: Registraduría, Procuraduría, Consejo de Estado, Fiscalía. Todas fallaron. Todas contribuyeron a que la presidencia de Abelardo de la Espriella nazca marcada por la ilegitimidad.

Lo más grave es que Abelardo no dimensione lo que puede acarrear para su gobierno y para el país la sospecha legítima de una presidencia ilegítima. Lo que se espera de un candidato íntegro es haber exigido —por iniciativa propia— el traslado inmediato de los votos en litigio y su escrutinio público, como en Florida 2000. No lo hizo. Prefirió la sombra de la duda.

El problema de la ultraderecha en Colombia es más profundo que en Europa.

En Colombia, la extrema derecha no opera en un ecosistema institucional estable, como ocurre en Italia, donde gobierna Meloni sin que se la cuestione por fascista. Aquí, el ultraderechista se envuelve en el manto de "la patria" —de una "segunda patria" o "tercera patria" que nadie sabe bien cuál es, aunque sí se sabe a cuál le juró lealtad: a los gringos. Proponiendo, por ejemplo: la reinstalación de bases militares estadounidenses en Colombia, bajo el nombre de "Plan Colombia II" o "Escudo de las Américas", como ya lo ha anunciado su ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora. Esta cesión de soberanía, que la Corte Constitucional ya declaró inconstitucional en 2010 por no haber sido aprobada por el Congreso, se presenta ahora como una política de Estado. La historia enseña que ceder territorio para bases extranjeras es una puerta que casi nunca se vuelve a cerrar: Filipinas, España y Puerto Rico son ejemplos de cómo, una vez instaladas, las bases se vuelven permanentes o se reactivan con facilidad.

La probable presidencia de Abelardo está marcada además por la amenaza infame de destripar al que piensa diferente. Pero no es fácil destripar a más de doce millones de votantes por el progresismo. En política es necesario contar fuerzas: si a los votos de Abelardo se les descuentan los que se acusan de fraudulentos, los del hambre, los supuestamente comprados —sin mencionar los votos "fusil" de los que se acusa a los dos finalistas de la primera vuelta, obtenidos en zonas donde operan las disidencias—, y si a la contraparte sumamos a los ciudadanos que votaron por el progresismo (12.700.000 votos), a gran parte de las víctimas del conflicto armado y no armado (alrededor de 10.500.000 personas) y a quienes se beneficiaron de las políticas de Gustavo Petro (entre 10 y 15 millones de personas, según cálculos aproximativos), la correlación política de fuerzas es ampliamente favorable al progresismo. Y repito: aunque no todos hayan votado por Cepeda.

El impasse no se resuelve solo con aritmética electoral.

El desconocimiento de los resultados, sumado a la complicidad de quienes deberían esclarecerlos, convierte el escenario en un callejón sin salida. Y todos sabemos que los callejones sin salida y la desesperanza desembocan en luchas desesperadas por la supervivencia, esta vez política y literal.

Por eso es necesario examinar una salida pacífica que no depende de las instituciones capturadas, sino del pueblo. Una salida que ha funcionado en otros países cuando la movilización social alcanza un nivel tal que neutraliza la represión por colapso logístico y por un balance desfavorable entre costo y pérdida para las fuerzas del "orden".

El dato decisivo: el aumento salarial en el Ejército.

Aquí entra un dato decisivo: el aumento salarial para los soldados rasos, que pasaron de $300.000 a $1.750.000, beneficiando entre el 81% y el 97% de todo el Ejército colombiano. Esto no es un detalle presupuestal: es un reordenamiento profundo de los incentivos dentro de la institución armada.

La teoría que explica este fenómeno.

Para sostener esta hipótesis es necesario citar a Erica Chenoweth y Maria J. Stephan, quienes demostraron —a partir de más de 300 casos históricos— que los movimientos no violentos que movilizan alrededor del 3,5% de la población tienen una probabilidad extraordinariamente alta de éxito. No por romanticismo, sino por mecánica social: cuando la movilización es masiva, diversa y persistente, la represión colapsa. Colapsa la logística. Colapsa la obediencia interna. Colapsan las órdenes.

Chenoweth y Stephan muestran que la actitud de los militares depende de incentivos, percepciones de legitimidad y costos personales. En Colombia, el hecho de que entre el 81% y el 97% del Ejército haya recibido un aumento salarial directo y sustancial altera profundamente la ecuación entre ciudadanía movilizada y fuerzas armadas. En un escenario de movilización masiva, la neutralidad militar —o incluso la desobediencia a órdenes represivas— se vuelve más probable. Si al alcanzar la masa crítica la movilización resulta victoriosa, el pueblo podrá decidir qué rumbo político le conviene: escrutinio público exhaustivo de todas las mesas impugnadas, nuevas elecciones o Asamblea Constituyente.

El filo del peligro.

Si una presidencia ilegítima se dedicara a desmontar las reformas económicas del presidente Petro, podría decirse que el pueblo también tiene responsabilidad por no haber salido a votar —especialmente quienes se beneficiaron de este gobierno— para marcar una diferencia que ningún fraude pudiera revertir. Pero si las hordas extremistas, azuzadas por los discursos de un autoproclamado tigre —felino que ni siquiera anda en manada y que hace chistes sobre el maltrato de otro felino— deciden actuar, el peligro es total.

Porque si las marchas pacíficas no alcanzan su punto crítico o si otros factores escapan al análisis, por mucha represión, por mucho uniforme, por mucha amenaza, un país puede entrar en una espiral de violencia que se sabe cómo comienza, pero nunca cómo termina.

Y Colombia ya ha vivido demasiadas espirales mortíferas.

BIBLIOGRAFÍA

Chenoweth, E., & Stephan, M. J. (2011). Why civil resistance works: The strategic logic of nonviolent conflict. Columbia University Press.

Chenoweth, E. (2021). Civil resistance: What everyone needs to know. Oxford University Press.

Stephan, M. J. (Ed.). (2020). Civilian resistance and conflict transformation. Routledge.

Stephan, M. J. (2017). Responding to nonviolent resistance: The logic of countering civil resistance. Dynamics of Asymmetric Conflict, 10(1), 1–17.