El país está conmocionado -¡y con razón!- por el atentado contra el Senador Miguel Uribe, al parecer, a manos de un menor de aproximadamente 15 años de edad. Esto ha revivido el debate sobre el tratamiento penal de los menores delincuentes en Colombia. En lo que sigue, intento resumir cinco puntos clave a considerar en el debate.

1 ¿Qué es el SRPA?

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) aplica a los menores de edad que cometen delitos y tiene un ámbito muy estricto de aplicación: entre los 14 y los 18 años de edad. Si es menor de 14, no se aplica ningún tipo de sanción. Si es mayor de 18, se rige por el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), que es el sistema penal ordinario.

Las consecuencias en el SRPA no tienen un fin meramente punitivo, como las penas, sino pedagógico y restaurativo. Pero eso no significa que no haya castigo. A un menor de edad se le puede imponer hasta ocho (8) años de privación de libertad. Entre las muchas diferencias que hay entre esta privación y una pena de prisión está que esta no se ejecuta en una prisión (ni siquiera cuando se cumple 18 años) ni deja antecedentes penales.

2 ¿Se puede juzgar a un menor como adulto?

En Colombia, ningún menor -sin importar el delito- puede ser juzgado como adulto. Siempre se aplicará el SRPA.

Sin embargo, en otros ordenamientos algunos menores pueden ser procesados penalmente como adultos. Así ocurre, por ejemplo, Estados de los Estados Unidos en donde hay Estados que permiten que niños/as de tan poca edad como 10 años puedan ser juzgados como adultos por algunos delitos.

3 ¿Funciona bien el SRPA?

No. Y hay muchas razones para evidenciarlo, pero la principal es la demostrada incapacidad para evitar que los adolescentes terminen ingresando luego al sistema de adultos.

Según cifras oficiales, hace 10 años, los ingresos al SRPA eran del orden de 26.000 adolescentes/año. Hoy, esa cifra es de menos de 5.000. Eso puede significar que hay menos delincuentes adolescentes, pero las estadísticas del INPEC muestran otra cosa: nuestra población penitenciaria es muy joven, con ingresos mayoritariamente entre los 18 y 30 años. No es que los adolescentes hayan dejado de delinquir, sino que dejan de ser procesados por el SRPA y el Estado solo tiene noticia de ellos cuando, siendo adultos, ingresan al sistema ordinario a cumplir largas penas.

4 ¿Por qué no los juzgamos como adultos?

El sistema de adolescentes no es una versión “suave” del de adultos. Es un sistema radicalmente diferente que responde a una serie de compromisos internacionales. Para acabarlo, nuestro país tendría que abandonar varios tratados, así como reformar la Constitución y adoptar una serie de medidas administrativas (y presupuestales) que implicarían un cambio profundo en el Estado.

A veces, el debate se sobre-simplifica alegando que la imposición de arduas penas (como las de los adultos) disuadiría a los menores y acabaría con la instrumentalización de los adolescentes que, al enfrentarse a consecuencias menos severas, son convencidos por los adultos para delinquir. No. Lo que acaba la instrumentalización es meter preso al delincuente adulto. Sin embargo, no lo hacemos.

Si el sistema de adultos fuera la solución, ya el propio sistema de adultos habría solucionado el problema fuente de la delincuencia juvenil, que no es otro que la delincuencia adulta. Tratar a los delincuentes jóvenes como delincuentes adultos es, simplemente, trasladar el problema de un sistema fallido a otro.

5 ¿Cuál es la solución?

La solución no es “igualar hacia arriba” y patear el problema al sistema de adultos, sino fortalecer el SRPA: dotarlo de más recursos (está profundamente desfinanciado), mejorar los programas de rehabilitación, asegurar el seguimiento después de la desvinculación del sistema y, sobre todo, combatir las redes criminales que instrumentalizan a los jóvenes.

De entre toda la tragedia, algo bueno sí ha pasado: el debate sobre qué hacer con la delincuencia adolescente cobró relevancia. Hasta este fin de semana, nadie se preguntaba por el SRPA ni, mucho menos, recordaba que, en abril de este año, el Gobierno y la Rama Judicial presentaron -conjuntamente- un proyecto de ley al Congreso (P. L. 416/25) para reformarlo. Allí se contemplan una serie de medidas que, acertadas o no, sí ponen los reflectores sobre un problema muy grave: el sistema penal de adolescentes no sirve para lo que fue diseñado y debe ser reformado.

Ojalá que el atentado contra el Senador Uribe se consume, no en la tragedia, sino en una reforma que salve miles de vidas en nuestro país.