La alerta de seguridad emitida por la Embajada de Estados Unidos para varios municipios del Atlántico debería ser motivo de vergüenza y preocupación para quienes han convertido la política en un acto de fe ciega. Municipios como Santo Tomás, Baranoa, Sabanalarga, Polonuevo, Palmar de Varela, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y Sabanagrande hoy aparecen ante el mundo asociados a problemas de violencia, inseguridad y criminalidad.

Lo más paradójico es que muchos de estos municipios respaldaron mayoritariamente el proyecto político que prometía el cambio, la paz y la justicia social. Sin embargo, después de varios años, la realidad que sienten miles de ciudadanos no es precisamente la de una región más segura ni más próspera. Lo que muchos perciben es el crecimiento de la extorsión, los atracos, el miedo y la incertidumbre.

Resulta difícil entender cómo, a pesar de sufrir directamente las consecuencias de la inseguridad, numerosos ciudadanos continúan defendiendo sin cuestionamientos a quienes prometieron soluciones. La lealtad política no puede estar por encima de la realidad que vive la gente en las calles.

Algunos analistas han intentado explicar esta crisis exclusivamente por decisiones administrativas relacionadas con la distribución de los recursos de seguridad en el Atlántico. Sin embargo, esa explicación resulta insuficiente frente a la magnitud del problema.

La inseguridad que hoy golpea a numerosos municipios del departamento tiene causas más profundas. La expansión de la extorsión, el fortalecimiento de estructuras criminales y la creciente sensación de impunidad no pueden entenderse sin examinar el papel del Gobierno nacional en materia de seguridad.

La llamada «paz total» fue presentada como una estrategia para reducir la violencia. Sin embargo, sus críticos sostienen que ha transmitido una sensación de debilidad institucional frente a los grupos criminales y que los resultados no corresponden a las expectativas que se generaron. Mientras tanto, los ciudadanos comunes son quienes terminan pagando el costo de una inseguridad que afecta su tranquilidad y su economía.

La situación adquiere una dimensión aún más preocupante porque esta advertencia internacional surge precisamente cuando Barranquilla y varios municipios del Atlántico realizan importantes esfuerzos para proyectarse como destinos atractivos para el turismo, captar capital extranjero y consolidar iniciativas orientadas al crecimiento económico y la generación de empleo

La gravedad del asunto se acentúa aún más porque muchos habitantes no recuerdan un antecedente similar en la historia reciente del Atlántico. Pocas veces una potencia como Estados Unidos había considerado necesario advertir a sus ciudadanos sobre los riesgos de desplazarse a varios municipios de nuestro departamento. No se trata de una simple nota diplomática; es una señal que trasciende fronteras y que termina afectando la imagen, la confianza y la reputación de una región que lucha por atraer visitantes, inversionistas y oportunidades de desarrollo.

Como tomasino, me duele que nuestro municipio sea noticia por las advertencias de seguridad y no por su progreso. Pero más me preocupa que muchos prefieran ignorar la evidencia antes que reconocer que las promesas deben juzgarse por sus resultados.

Hoy la pregunta no es por qué Estados Unidos advierte a sus ciudadanos sobre estos municipios. La pregunta es por qué tantos habitantes siguen conformes con una realidad marcada por la inseguridad, mientras esperan un cambio que no llega. Los pueblos del Atlántico merecen mucho más que discursos políticos, merecen seguridad, desarrollo y gobernantes que respondan con hechos y no con consignas.