Durante más de 200 años, Colombia ha pagado un costo enorme por el centralismo: decisiones tomadas a cientos de kilómetros de los territorios, inversiones concentradas en la capital y regiones esperando ser escuchadas. De este modo, el centralismo político-administrativo en el país ha generado dinámicas de exclusión y olvido hacia las regiones periféricas y apartadas del territorio nacional. Tan marcada es esta situación que gobernadores y alcaldes de departamentos y municipios ubicados en zonas costeras o fronterizas se ven obligados, durante cada periodo legislativo, a desplazarse hacia la capital para realizar gestiones de presión política —comúnmente denominadas ‘lobby’— en los pasillos de la Casa de Nariño o del Congreso de la República.

El objetivo de estas movilizaciones no es otro que obtener el beneplácito de una audiencia con el presidente en turno, con sus ministros o con los congresistas afines a sus causas, en un intento por visibilizar las necesidades de sus territorios y acceder a recursos que, en teoría, deberían distribuirse de manera equitativa y descentralizada. Sin embargo, en la práctica, la distribución de estos recursos hacia las zonas periféricas o apartadas de la capital es lento y excluyente. Por un lado, los gobernadores y alcaldes llegan a la capital con propuestas para proyectos y las necesidades que representan las demandas más urgentes de sus comunidades, por otro, los días de espera para lograr una reunión con el presidente o alguno de sus ministros acentúan la inequidad en el acceso a los recursos que permitan llevar a sus territorios el progreso, la transformación social y el desarrollo humano que tanto requieren.

Esta práctica, que se ha normalizado durante años, revela una contradicción profunda: mientras los gobiernos nacionales proclaman la equidad como principio rector de sus discursos, la ‘odisea’ que deben emprender alcaldes y gobernadores para conseguir atención y financiación evidencia todo lo contrario. Se trata de un ejercicio que refleja la inequidad, la exclusión y el olvido hacia aquellas comunidades que, paradójicamente, son visitadas constantemente en época electoral para asegurar los votos necesarios que sostienen la legitimidad del poder central. Es aquí donde surgen los cuestionamientos: ¿por qué las regiones quedan relegadas a un papel secundario, obligadas a mendigar atención y presupuesto, perpetuando las desigualdades históricas y limitando su capacidad de desarrollo autónomo, si en épocas electorales son instrumentalizadas como escenarios de campañas?

Por otra parte, el centralismo colombiano se ha convertido en un gran obstáculo para la consolidación de un proyecto de nación incluyente, potencializando las capacidades socioculturales de cada una de las regiones y fortaleciendo el desarrollo económico de las zonas rurales que han permanecido en la penumbra durante años. Esta invisibilización de las regiones apartadas fragmenta el tejido social en los territorios, aumentando el sentimiento de marginalización y erosiona la confianza ciudadana en el Estado que, en algunos casos, fortalece dinámicas de conflictividad social. Este centralismo ha generado profundas desigualdades en el país: alrededor de 8,1 y 9,2 millones de personas viven en pobreza energética (entre el 15,4 % y el 20,6 % de la población total del país sufre esta condición, principalmente, en el campo), cerca de cinco millones no tienen acceso a agua potable y departamentos periféricos como Vichada o Guainía apenas alcanzan un PIB per cápita de 9 millones de pesos frente a los 53,4 millones de Bogotá.

Recientemente, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha planteado, por primera vez, gobernar también desde las regiones. Su iniciativa representa un cambio de visión del Estado que merece ser respaldada y celebrada por todos. El nuevo presidente abrió esta discusión, con respecto a que la descentralización no puede reducirse a un discurso normativo difundido desde la Casa de Nariño, sino que requiere voluntad política, mecanismos de redistribución efectivos y un cambio cultural que valore la diversidad territorial como un activo para el país, llevando la presidencia hacia las regiones. No en teoría, sino en la práctica, trasladándose a las regiones para gobernar desde allí, evidenciando que su gestión política y administrativa se está enfocando en un proyecto de nación incluyente, pensada por y para los territorios.

En las últimas semanas, después de su elección como presidente, Abelardo de la Espriella anunció que Barranquilla será sede alterna de la Presidencia de la República, manifestando también que impulsará un proyecto para que esa condición quede establecida de manera oficial. Siendo esta una apuesta que fortalece la descentralización, además de cumplir y respetar lo plasmado en la Constitución de 1991, que consagró la descentralización como principio rector del Estado colombiano. De esta forma, en la capital del Atlántico se está adecuando lo que sería la segunda casa del Gobierno nacional, acercando el poder ejecutivo a los territorios excluidos, escuchando directamente y acelerando lo institucional frente a las necesidades de estas comunidades.

El debate no debería centrarse en dónde se instala un despacho presidencial, sino en la oportunidad histórica de acercar el poder nacional a las regiones que durante décadas han reclamado mayor protagonismo. Por ejemplo, entre 2001 y 2023, las regiones dejaron de administrar aproximadamente 440 billones de pesos en participaciones y regalías, lo que reforzó su dependencia del nivel central. Esta centralización afectó la autonomía local y limitó la inversión en los territorios. Desde esta perspectiva, la presencia periódica del Gobierno nacional en las regiones y, particularmente, en el Atlántico generaría mayor articulación entre ministerios, autoridades locales y sector privado, reduciendo tiempos en la toma de decisiones, en la ejecución de proyectos y en la reducción de las brechas sociales que intensifican la desigualdad y las problemáticas en estas comunidades.

Por otro lado, la sede alterna de la Presidencia también proyecta a Barranquilla como un centro político, administrativo y de decisión nacional, fortaleciendo su liderazgo como principal puerta de entrada al Caribe colombiano, contribuyendo al fortalecimiento económico y sociocultural de la región Caribe: un nuevo escenario de visibilidad institucional y descentralización simbólica en Colombia. Desde este enfoque, el presidente electo replantea la relación entre el Estado central y los territorios periféricos, cambiando el imaginario de las periferias históricamente marginadas.

Esta decisión del presidente electo no será un gesto meramente simbólico, se convierte en un espacio de legitimización regional que surge como respuesta al pedido de las comunidades de enfocarse y trabajar por, para y hacia los territorios. Asimismo, el presidente De La Espriella impulsará, desde esta sede y las regiones, políticas públicas sostenibles, inversión equitativa y mecanismos de participación que respondan a las necesidades de las comunidades y disminuyendo las consecuencias negativas que ha dejado el centralismo en Colombia: el conflicto social, la dependencia política, la desconfianza en las instituciones y el desarrollo truncado.

Por otra parte, particularmente en el caso de Barranquilla y el departamento del Atlántico, la llegada constante de delegaciones oficiales, organismos internacionales, empresarios y medios de comunicación tendría un impacto positivo sobre la economía local, el turismo de negocios y la generación de empleo. La región Caribe tendría comunicación constante con la Presidencia, facilitando el seguimiento a proyectos estratégicos de infraestructura como el Tren Regional Caribe - un segundo puente sobre el río Magdalena (Puente La Hermandad)- el aeropuerto Ernesto Cortissoz - la doble calzada Barranquilla Cartagena, proyectos ambientales como el Canal del Dique y acciones efectivas en materias de seguridad, desarrollo económico, transición energética y adaptación al cambio climático. Todo esto como respuesta a la visión de un programa de gobierno basado en el desarrollo sostenible y la transformación integral del territorio.

El presidente electo nos demuestra con hechos su interés genuino por las regiones del país. No gobernará únicamente para un sector o centralidad territorial, él está dispuesto a recorrer y gobernar para cada rincón del país; escuchando y trabajando con ahínco y resultados visibles en la potencialización social, cultural y económica de Colombia, pasando de la retórica política vacía o discursos simbólicos sin correlato material, cerrando la brecha entre el discurso y la realidad con narrativas positivas que proyecten un nuevo imaginario hacia dentro y fuera del país, donde las comunidades perciben mejoras tangibles en su vida cotidiana.

Con estas decisiones del presidente electo, la descentralización deja de ser un discurso de anteriores y actual Gobierno nacional, logrando presencia física y capacidad de decisión desde los territorios. Barranquilla, el Atlántico y la región Caribe serán el nuevo símbolo y apertura de la descentralización en Colombia; el desarrollo se expandirá más allá de los muros de la capital para dialogar con las regiones. De cierto, toda iniciativa que contribuya a romper el histórico centralismo y a fortalecer el protagonismo de las regiones debe analizarse por sus beneficios para Colombia y no desde la polarización política, o un pensamiento sesgado que responde únicamente al interés particular.

La paradoja entre discursos oficiales cargados de palabras hermosas y simbolismos semánticos —como “Colombia, el país de la belleza”— y la realidad de inequidad, exclusión y olvido en las regiones periféricas, revela la distancia entre la retórica y la acción. El nuevo presidente ha reconocido desde antes de su elección que esta brecha debe cerrarse desde los primeros meses de su gobierno, por tanto, ha planteado este pensamiento de un proyecto de nación que supere la dependencia del centro y que valore la diversidad territorial como un recurso estratégico para el desarrollo; siendo esta sede alterna de la Presidencia de la República en Barranquilla muestra de ello. Solamente así podremos hablar de una Colombia verdaderamente incluyente, donde la belleza, la transformación y la equidad no sea solo un eslogan, sino una experiencia compartida en cada rincón del país.