El abogado penalista Donaldo Del Villar, envió una carta al Director Seccional de Fiscalías del Atlántico, Romel David Arévalo González, dar celeridad a la investigación por la "cesión gratuita" a particulares de dos lotes en Puerto Colombia: uno de 5.082 metros cuadrados y otro de 33.637 metros cuadrados, denunciada en primicia por Zona Cero.

Esos predios fueron donados por Cementos Argos al municipio, en 2009, para uso exclusivo de zonas verdes. Sin embargo, en 2017, en la Alcaldía de Steimer Mantilla Rolong, terminaron en manos de Francisco Javier Pizarro Guerra (el de 5.082 metros cuadrados) y Alfredo Manuel Montoya Hoyos (el de 33.637 metros cuadrados).

"Los documentos divulgados y las denuncias ya radicadas revelan indicios que exigen una respuesta institucional urgente. Dos predios destinados a zonas verdes y uso colectivo —de 5.082 y 33.637 metros cuadrados— habrían pasado a manos particulares mediante las resoluciones 049 del 9 de noviembre y 044 del 20 de noviembre de 2017, inscritas registralmente varios años después", expresa el abogado penalista.

"Se ha informado que una de esas resoluciones no reposa en los archivos municipales; que se controvierte la autenticidad de las firmas; que se produjeron desenglobes y posteriores transferencias, y que podría existir una duplicidad registral respecto de otro inmueble", agregó.

El jurista recordó que la noticia criminal 080016001257202312601 permanece en indagación desde 2023 y existen otras denuncias relacionadas.

"Sin prejuzgar sobre la responsabilidad de persona alguna, la naturaleza de los hechos y el riesgo de nuevas mutaciones registrales hacen necesario adoptar oportunamente las medidas judiciales previstas para impedir que los posibles efectos del delito se consoliden o extiendan mientras se esclarece lo sucedido", sostuvo.

De manera respetuosa, solicitó que se valore la asignación de un fiscal con dedicación preferente y de un equipo interdisciplinario de policía judicial, con el propósito de priorizar las noticias criminales relacionadas y conducirlas bajo una misma dirección investigativa, previa evaluación de su conexidad.

"Los hechos deben examinarse como un posible patrón común y no como episodios aislados", puntualizó.

Explicó que, una vez reunidos los motivos fundados correspondientes, debe solicitarse de inmediato audiencia preliminar de restablecimiento del derecho.

"El artículo 101 de la Ley 906 de 2004 autoriza al juez de control de garantías para suspender el poder dispositivo cuando existan motivos fundados para inferir que un título de propiedad fue obtenido fraudulentamente", argumentó.

Según el abogado penalista, la solicitud debe comprender las matrículas matrices y derivadas que resulten vinculadas, con las comunicaciones pertinentes a la Oficina de Registro, las notarías y las autoridades urbanísticas.

"Posteriormente, demostrado más allá de toda duda razonable el carácter fraudulento del título, deberá pedirse al juez de conocimiento la cancelación definitiva de los títulos y registros en la providencia que ponga fin al proceso, aun cuando esta no sea condenatoria, conforme a la Sentencia C-060 de 2008 y C-395 de 2019", manifestó.

El jurista señaló que la ruta jurídica es clara: "investigar con prontitud, suspender cautelarmente el poder dispositivo cuando concurran los presupuestos legales y obtener, en la oportunidad correspondiente, la cancelación de los títulos y registros fraudulentos".

"La creciente preocupación ciudadana y el debate promovido por los medios no reemplazan la prueba ni autorizan condenas anticipadas. Sí evidencian, sin embargo, la necesidad de profundizar estas actuaciones penales y de que una indagación iniciada hace más de tres años produzca resultados concretos, con plena observancia del debido proceso. Cada nueva transferencia puede aumentar el perjuicio y dificultar la recuperación", expresó.

El abogado finalizó diciendo que es hora de actuar, "inmovilizar jurídicamente los folios, esclarecer toda la cadena documental y registral y promover las decisiones judiciales necesarias para que los lotes públicos vuelvan al patrimonio de Puerto Colombia".