Zona Cero conoció la denuncia penal que interpuso el exalcalde de Puerto Colombia, Wilman Vargas Altahona, contra Alfredo Manuel Montoya Hoyos, el particular que recibió el lote de 33.637 metros cuadrados, como un 'regalazo' del exmandatario Steimer Mantilla Rolong.

El predio fue entregado por la compañía Cementos Argos a la población en 2009, para el uso exclusivo de una zona verde.

No obstante, en 2017, el exmandatario Mantilla se lo cedió gratis al particular Alfredo Manuel Montoya Hoyos, como fue detectado por la Alcaldía, en 2023, tras denuncias y cuando ya Mantilla no era el alcalde.

En la denuncia del también exalcalde Wilman Vargas Altahona llama la atención varios puntos del documento.

La cesión del predio fue inscrita en Instrumentos Públicos, con la anotación N° 003 del día 22-01-2009, bajo el radicado N° 2009-040-6-2396, en la matrícula inmobiliaria N° 040-445198, con soporte de la escritura 0063 del 16-01-2009, protocolizada en la Notaría Tercera de Barranquilla.

"Que mediante una certificación del Estado Jurídico del Inmueble de la Ventanilla Única de Registro (VUR), se logró identificar que el día 02 de febrero de 2022, bajo radicado 2022-040-6-2341, se realizó un registro a favor de MONTOYA HOYOS ALFREDO MANUEL, soportado por una supuesta Cesión a Título Gratuito de Bienes Fiscales, Resolución No 2017-06-01-044, del 20 de noviembre de 2017, realizada presuntamente por el alcalde del periodo 2016-2019, el señor STEIMER MANTILLA ROLONG", manifestó Vargas Altahona en la denuncia.

"Que dicha resolución la TACHAMOS DE FALSA, (Resolución No 2017-06-01-044, del 20 de noviembre de 2017) debido a que la firma que aparece en el documento, como del doctor Mantilla no coincide con la que el habitualmente utiliza, así mismo, otro hecho evidente y notorio es que, revisada la base de datos, y archivo físico del despacho del señor alcalde municipal, la Oficina Asesora Jurídica - Legalización Gratuita y Archivo General, no aparece registrada, ni archivada la Resolución de Cesión Gratuita No. 2017-06-01-044, del 20 de noviembre de 2017", agregó.

Indicó que de dicha resolución no aparecía "registro, ni mucho menos copia del mismo, en la dependencia del municipio de Puerto Colombia, evidenciándose una posible falsedad material de documento público y/o fraude procesal".

Pese a que la resolución fue tachada de falsa, la cesión o el 'regalazo' por parte del exalcalde Steimer Mantilla Rolong sí se dio y el predio que debía ser usado para una zona verde, está en manos de un privado desde hace 9 años.

El exalcalde Wilman Vargas Altahona le pidió a la Fiscalía General de la Nación, en febrero de 2023, investigar lo sucedido y es la hora y no ha pasado nada.

"Dispuesto a colaborar"

El exalcalde de Puerto Colombia, Steimer Mantilla Rolong, le envió una carta a la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General, Alcaldía y Personería Municipal, Defensoría del Pueblo, en donde expresó su disposición a "comparecer cuando sea requerido" por las autoridades, en relación a los dos lotes públicos que le regaló a dos particulares.

El exmandatario manifestó su "total disposición para colaborar con cualquier actuación administrativa, disciplinaria, fiscal, judicial o investigativa que se adelante o llegue a adelantarse en relación con los hechos que han sido difundidos públicamente respecto de determinados predios ubicados en jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, actualmente objeto de controversias jurídicas, actuaciones registrales, procedimientos administrativos e investigaciones de diversa naturaleza".

Afirmó que tiene "absoluto respeto por las instituciones del Estado" y que ha "sostenido de manera clara y consistente que cualquier actuación relacionada con bienes de uso público, espacios destinados al disfrute colectivo o predios de interés general debe ser sometida al más riguroso análisis técnico, jurídico e institucional".

"En ese sentido, expreso mi respaldo a toda actuación legítima encaminada a determinar la verdad material de los hechos, verificar la autenticidad y procedencia de los documentos que han sido objeto de cuestionamiento, establecer las circunstancias en las cuales se produjeron los actos actualmente discutidos y garantizar que las decisiones correspondientes sean adoptadas conforme al ordenamiento jurídico vigente", manifestó.

"Asimismo, tengo conocimiento de la existencia de inquietudes públicas relacionadas con la autenticidad y procedencia de algunos documentos que han sido mencionados dentro de las controversias actualmente conocidas por la opinión pública. Frente a ello, manifiesto de manera expresa mi disposición para comparecer cuando sea requerido por autoridad competente, rendir las declaraciones o versiones que resulten pertinentes, aportar la documentación que obre en mi poder, colaborar con verificaciones técnicas, peritajes o cualquier otra diligencia orientada al esclarecimiento de los hechos", agregó.

Mantilla puntualizó en la carta que su "único interés es que se establezca plenamente la verdad, se protejan los intereses de la comunidad, se preserve el patrimonio público cuando haya lugar a ello y que cualquier determinación que eventualmente se adopte sea el resultado de una actuación objetiva, fundada en pruebas y ajustada a la Constitución y a la ley".

"Finalmente, reitero mi permanente disposición para atender los requerimientos institucionales que resulten necesarios y contribuir al completo esclarecimiento de los hechos que actualmente son objeto de atención pública", añadió.

El otro predio

El predio de 33.637 metros cuadrados no fue el único que 'regaló' Mantilla.

El otro lote fue entregado por Cementos Argos a la administración local mediante la Escritura Pública 2139 del 6 de septiembre de 2011, para que se habilitara allí, exclusivamente, una zona verde.

Según conoció Zona Cero, el exalcalde Steimer Mantilla Rolong, el 9 de noviembre de ese 2017, expidió una resolución por medio de la cual le "regalaba a título gratuito al señor Francisco Javier Pizarro Guerra el lote de 5.082 metros cuadrados".

La cesión quedó inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, el 17 de junio de 2022.

Este medio conoció que por este caso ha sido casi imposible conseguir información y documentos, por la hermeticidad que existe alrededor del mismo.

Los denunciantes que lideran la 'batalla' constataron que el Registrador de Instrumentos Públicos de Barranquilla ha sido la única talanquera institucional, "para que no se concrete el robo del lote de uso público de Puerto Colombia", que estaba destinado para zona verde, ubicado entre el Polideportivo de Tecnoglass y la Planta de Alutions, frente a la Ventana al Mundo.  

Este funcionario con argumentos jurídicos ajustados a los artículos 61 y 62 del estatuto de registro (ley 1579 del 2012 del 1 de octubre del 2012), y basado en las competencias asignadas “inciso 4 art. 59, e inciso 2 art. 60 de esa ley”, para corregir irregularidades en las inscripciones, mediante la Resolución RES-2025-009424-6 del 19 de junio de 2025, ordenó cesar los efectos jurídicos de la inscripción irregular de la Resolución No. 049 del 9 de noviembre del 2017 de la Alcaldía de Puerto Colombia, que le adjudicó un bien del estado al señor Francisco Javier Pizarro Guerra, "inscripción que fue fraudulenta, además, porque con la misma se adjuntó una exención de pago del impuesto de registro, que nunca expidió la Gobernación del Atlántico".
 
Sin embargo, los denunciantes advierten que el superior jerárquico en Bogotá del Registrador, "desconociendo las competencias que le otorgó la ley de registro en esos artículos, ordenó revocar su decisión con las Resoluciones RES-2026-011021-6 del 8 de mayo de 2026, y RES-2026-016286-6 del 30 de junio de 2026, que modificaron la primera, entregando en bandeja de plata el bien que estaba destinado para el esparcimiento de la sociedad porteña, esto por decisión directa de la Superintendencia de Notariado y Registro".
 
Indicaron los denunciantes que, a pesar de estas maniobras "orientadas a que los miembros de este entramado logren su fin perverso", el funcionario de registro de Barranquilla, apoyado en la ley, no ha permitido que se transfiera el predio a la constructora PROYECTO INMOBILIARIO MALLORQUIN S.A.S".

"Ha negado el registro de la Escritura Pública 2313 de la notaría 12 de esta ciudad, porque hay una condición resolutoria que prohíbe la venta de dicho bien por cinco años y que está aún vigente; además, porque el notario autorizó la compraventa, cuando nunca se le ofreció la opción a la Alcaldía de Puerto, para que decidiera de iba a ser  uso del derecho de preferencia que estaba estipulado a su favor en la resolución de adjudicación", agregaron.

Al conocer este caso, la Fiscalía General, Procuraduría General y la Superintendencia de Notariado le han puesto la lupa para establecer los servidores públicos que han incurrido en faltas a la ley, para lo de sus competencias.

La Fiscalía tampoco ha actuado por este caso y debe hacerlo con base a la denuncia pública que presentaron los medios y el Alcalde Plinio Cedeño, quien interpuso recursos de ley contra lo ocurrido con este lote.