La Fundación Protransparencia Atlántico, representada por Horacio Brieva, envío un derecho de petición a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, con el objetivo de que el ente acusador anuncie el avance de las investigaciones sobre la 'cesión' de lotes en Puerto Colombia, de uso público, a particulares. 

“La Fundación actúa exclusivamente desde la sociedad civil. No invoca la calidad de víctima, denunciante, parte o interviniente dentro del proceso penal, ni pretende acceder a elementos materiales probatorios, conocer la estrategia investigativa, identificar personas indiciadas o condicionar las decisiones del fiscal competente”, aclara la Fundación en el derecho de petición.  

Añadió que “su propósito es obtener información general no sometida a reserva, poner de presente la relevancia pública del asunto y solicitar que esta comunicación sea tramitada por las dependencias competentes, con respeto por la autonomía de la Fiscalía, el debido proceso y la presunción de inocencia”. 

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Precisó que  “el 7 de marzo de 2023, el entonces alcalde de Puerto Colombia, Wilman Vargas Altahona, presentó denuncia penal por los presuntos delitos de falsedad material en documento público y/o fraude procesal, relacionados con la expedición y utilización de la Resolución No.  2017-06-01-044 del 20 de noviembre de 2017 y la Resolución No. 148 del 21 de julio de 2021. La actuación fue identificada con la noticia criminal 20238150068282”.

El mandatario de entonces realizó la denuncia formal en la Fiscalía sobre supuesta falsificación de firma del exalcalde Steimer Mantilla en la que presuntamente bajo resoluciones entregó predios para el bien público a un particular a título gratuito. 

“De acuerdo con la información divulgada públicamente, los hechos guardarían relación con un inmueble de origen público o destinado a zona verde al que particulares habrían dado una destinación o tratamiento jurídico diferente. Corresponde exclusivamente a la Fiscalía verificar la autenticidad, legalidad, alcance y efectos de los documentos y conductas denunciados”, se lee en el derecho de petición. 

La Fundación cuestionó que han transcurrido más de 3 años desde la recepción de la noticia criminal y a la fecha no se conoce públicamente una decisión definitiva de la etapa de indagación. 

“El debate público ya no se circunscribe a un solo predio. Además de la denuncia presentada por el entonces alcalde, distintos actores de la sociedad civil, periodistas, columnistas, dirigentes sociales y representantes políticos han expresado preocupación por varios terrenos que habrían sido destinados a zonas verdes o espacio público y posteriormente cedidos gratuitamente a particulares”.

Las publicaciones se han referido, entre otros, a predios de aproximadamente 5.082 m² y 33.637 m², así como a subdivisiones, transferencias posteriores y dudas sobre algunos actos administrativos. 

“La reiteración de señalamientos públicos sobre modalidades semejantes justifica la preocupación ciudadana y el seguimiento institucional. No obstante, la Fundación no afirma la existencia de conexidad, comunidad probatoria o responsabilidad penal. Tales asuntos corresponden exclusivamente a la Fiscalía. La relación de publicaciones  se aporta para demostrar la dimensión del interés general y no como sustituto de prueba penal”, destacó la Fundación en la misiva dirigida a la Fiscal General.

Ante ello solicitó a la Fiscalía informar, en términos generales y sin revelar información sometida a reserva, “el estado actual de la noticia criminal 20238150068282, indicando el despacho fiscal y la unidad a la que se encuentra asignada, la etapa en que se encuentra y si la actuación permanece activa o ha sido objeto de una decisión que defina dicha etapa”.

La Fundación reiteró que “no se solicita copia de la carpeta ni de documentos que contengan información reservada.  La respuesta puede limitarse al supuesto normativo y a la conclusión general, sin revelar diligencias, pruebas o estrategias de investigación”.