La Alcaldía de Puerto Colombia libra una 'batalla judicial' para recuperar los dos lotes que le entregó Cementos Argos al municipio y que fueron cedidos de forma gratuita por parte del exalcalde Steimer Mantilla Rolong a dos particulares.

Los predios fueron entregados por la compañía exclusivamente para zonas verdes, pero en 2017 el mandatario los 'regaló'.

Ante esta situación, el Alcalde Plinio Cedeño atendió el llamado de Zona Cero y respondió varias preguntas sobre la situación de los dos lotes y las acciones judiciales que han emprendido.

Los predios

El primer lote en mención fue entregado por Cementos Argos a la administración local mediante la Escritura Pública 2139 del 6 de septiembre de 2011, para que se habilitara allí, exclusivamente, una zona verde.

Según conoció Zona Cero, el exalcalde Steimer Mantilla Rolong, el 9 de noviembre de ese 2017, expidió una resolución por medio de la cual le "regalaba a título gratuito al señor Francisco Javier Pizarro Guerra el lote de 5.082 metros cuadrados".

La cesión quedó inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, el 17 de junio de 2022.

Al ver esta decisión irregular, el actual mandatario del municipio, Plinio Cedeño, a través de su Oficina Jurídica, el 27 de diciembre de 2024, hizo la petición a Instrumentos Públicos para dejar sin efectos el registro en favor de Pizarro Guerra.

Instrumentos Públicos procedió a dejar sin efecto dicho registro, "por considerar que el lote arbitrariamente cedido por el exalcalde Mantilla era un bien común no susceptible de cesión para vivienda familiar, beneficiando a un particular que jamás habitó ni ocupó dicho lote, como lo prueban las imágenes satelitales de los últimos 15 años".

Pizarro Guerra, por medio de su abogado, impugnó la decisión de Instrumentos Públicos, pero esta dependencia registral la confirmó y concedió a su vez la apelación, como lo ordena la ley.

El mencionado, haciendo entonces uso del recurso de apelación, acudió a la Superintendencia de Notariado y Registro y esta le dio la razón, "al tumbar todo lo actuado por Instrumentos Públicos en Barranquilla, con el simple argumento de que para echar atrás la cesión gratuita que hizo el exalcalde Mantilla, se requería de una orden judicial expresa".

El otro lote de aproximadamente 33.637 metros cuadrados, fue cedido por la compañía a la población en 2009.

Sin embargo, en 2017, el exmandatario se lo 'regaló' a Alfredo Manuel Montoya Hoyos, como fue detectado por la Alcaldía, en 2023, tras denuncias y cuando ya Mantilla no era el mandatario.

El municipio le pidió a la Superintendencia de Notariado un certificado sobre este lote y aparecía a nombre de Montoya Hoyos, con un radicado del 2 de febrero de 2022.

Acciones judiciales

El Alcalde Plinio Cedeño aseguró a Zona Cero que tuvo conocimiento de la situación a comienzos del año 2024, momento en el cual se impartió instrucciones al equipo jurídico para realizar la revisión de los antecedentes jurídicos y registrales del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 040-477286.

Se trata del lote que fue cedido a Francisco Javier Pizarro Guerra.

Ante la polémica decisión de la Supernotariado, que le dio la razón al particular, la Administración Municipal acudió a la jurisdicción competente y actualmente cursa ante el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Barranquilla una demanda de simple nulidad, identificada con el radicado 0800133300220260011600, mediante la cual se pretende que se determine la legalidad de la Resolución No. 049 del 9 de noviembre de 2017.

De manera paralela, esta administración presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, dentro del radicado SPOA No. 080786001260202412108, "investigación que actualmente se encuentra en etapa de indagación, a cargo de la UNIDAD CONTRA LA FE PÚBLICA, PATRI. ECONÓMICO, ORDEN ECONÓMICO SOCIAL Y OTROS - BARRANQUILLA, FISCALÍA 36 SECCIONAL".

Asimismo, el Alcalde indicó que se han impartido instrucciones administrativas para proteger el inmueble y evitar la realización de construcciones, mejoras o actos materiales de ocupación mientras las autoridades competentes definen la situación jurídica del predio.

Al ser consultado sobre el proceso en la Fiscalía, el mandatario Cedeño expresó que de acuerdo con la información disponible en la plataforma del ente judicial, "la actuación se encuentra actualmente en etapa de indagación, registrando actividades investigativas adelantadas por el equipo de trabajo de la Fiscalía".

"Nosotros, como Administración Municipal, hemos sido respetuosos de la competencia de la Fiscalía y estamos atentos a los resultados de la investigación. Serán las autoridades competentes las que determinen, con base en las pruebas, si existen responsabilidades y quiénes eventualmente deberían responder por estos hechos", indicó.

Sobre el lote de 33.637 metros cuadrados, regalado por parte del exalcalde Mantilla a  Alfredo Manuel Montoya Hoyos, Plinio Cedeño señaló que por las circunstancias advertidas alrededor de ese acto administrativo y de los documentos que sirvieron para su registro, "en su momento se puso la situación en conocimiento de las autoridades competentes y se presentó la correspondiente denuncia penal, para que se investigaran los hechos y se determinara, con fundamento en las pruebas, qué ocurrió y si existían responsabilidades".

"Quiero ser muy cuidadoso en este punto: no me corresponde a mí establecer responsabilidades penales ni afirmar anticipadamente que una persona haya cometido un delito. Lo que sí puedo decir es que encontramos una situación que requería ser esclarecida y, como Administración, consideramos que lo correcto era ponerla en conocimiento de las autoridades y aportar la documentación correspondiente", indicó.

"Nuestra posición frente a este y cualquier otro inmueble municipal es la misma: los bienes públicos deben ser protegidos y cualquier actuación sobre ellos debe estar plenamente respaldada por la Constitución, la ley y los documentos oficiales que reposan en la Administración", agregó.

El mandatario fue enfático en decir que se impartieron instrucciones a las dependencias competentes para adoptar las medidas necesarias encaminadas a proteger físicamente los inmuebles y evitar la realización de construcciones, mejoras u otros actos materiales que puedan afectar su situación mientras las autoridades competentes definen de fondo la controversia.