Colombia estrenó gobierno el 7 de agosto y, como era previsible, el debate se concentró en temas urgentes como la seguridad, la austeridad y el realineamiento con Washington. Casi nadie habló de ciencia. Es perfectamente comprensible: en un país donde la extorsión está desbordada, la ciencia parece un lujo de sobremesa. Pero es exactamente ese razonamiento —el que subordina el pensamiento a la urgencia— el que nos ha mantenido dos siglos en la periferia intelectual del mundo.

Las cifras que recibe la ministra Claudia Benavides son humillantes. El presupuesto de MinCiencias pasó de 380.000 millones de pesos en 2026 a una asignación de 222.000 millones para el 2027. La inversión en investigación y desarrollo (I+D) cerró en 0,31 % del PIB, muy lejos del 0,5 % que el propio Plan Nacional de Desarrollo había prometido duplicar, y a una distancia sideral del 2,5 % que invierten los países desarrollados. El gobierno "del cambio" convirtió la ciencia en la cenicienta presupuestal de su gabinete. Nada nuevo: el estatismo siempre promete laboratorios y termina financiando burocracia.

La tentación es leer esto como un problema de plata. No lo es, o no solo. Mientras MinCiencias mendigaba, el OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías acumulaba una disponibilidad cercana a 6,9 billones de pesos de los bienios 23-24 y 25-26. Hay dinero. Lo que no hay es un mecanismo capaz de convertirlo en conocimiento. El diseño colombiano depende de un órgano altamente burocratizado y liderado por mandos medios del departamento de planeación nacional. Si bien Minciencias ejerce la secretaria técnica del OCAD de Cti, depende en muchas autorizaciones y vistos buenos del DNP.

De ahí que el primer reto del nuevo gobierno no sea aumentar el presupuesto sino dejar de confundir presupuesto con política científica. El programa del Presidente De la Espriella apunta en la dirección correcta cuando propone incentivos tributarios para la inversión privada en ciencia y tecnología. Friedman lo explicó con una claridad que nadie ha refutado: nadie gasta el dinero ajeno con el cuidado con que gasta el propio. Un peso deducido a una empresa que arriesga en su propio laboratorio produce más que diez pesos asignados por convocatoria. Fedesoft ya puso sobre la mesa una hoja de ruta concreta —catorce medidas, entre ellas un régimen preferencial del 9 % para el talento tecnológico y deducciones del 150 % sobre los costos laborales de nuevas contrataciones— y la ministra Alexandra Falla respondió con apertura. Esa conversación, entre quienes crean valor y quienes administran reglas, vale más que cualquier plan decenal. Al gobierno saliente le quedo grande poder ejecutar los recursos de los beneficios tributarios que eran unos 2,7 billones de pesos, por una negligente relación con el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios.

El segundo reto es de omisión: no construir la burocracia que aún no existe. En el Congreso avanza el Proyecto de Ley 043 de 2025, que regula la inteligencia artificial por niveles de riesgo y crea una Autoridad Nacional de IA adscrita a MinCiencias. Es la copia calcada del reglamento europeo, importada por un país que no produce modelos, no fabrica chips y apenas exporta software. Regular una industria que todavía no nace es garantizar que no nazca. Europa lleva una década legislando sobre tecnología ajena: normas ejemplares y ninguna empresa relevante. Si el nuevo gobierno cree de verdad en la libertad, debería pedir el archivo de ese articulado  ya que parte de la falsa idea de que innovar requiere autorización previa.

El tercer reto es el talento, y aquí la política pública tiene reto de formar mas investigadores a través de becas de doctorados y no de maestrías. En el gobierno del presidente Duque se entregaron 4,500 becas de doctorados, en el de Petro fueron muchas menos. El nuevo gobierno debería plantearse un reto ambicioso de 8 mil becas en los próximos 4 años, los recursos están en el OCAD de Cti. Otro aspecto importante es entender que todo ese talento no se va a retener por decreto, se retiene creando un país donde valga la pena quedarse. Eso significa impuestos bajos, propiedad intelectual protegida, contratos que se cumplen y jueces que fallan a tiempo. Ayn Rand tenía razón: la mente no funciona a punta de fusil, y tampoco a punta de formulario.

Conviene, sin embargo, no caer en la caricatura. Quienes defienden un papel estatal robusto en la investigación básica tienen un argumento serio: los retornos de la ciencia fundamental son difusos, lejanos y difícilmente apropiables, y por eso el mercado tiende a subinvertir en ellos. El GPS, internet y la secuenciación genómica nacieron de presupuestos públicos. Es un punto legítimo que merece respuesta, no desprecio. Mi respuesta es que la asimetría se corrige con reglas neutrales y estables —crédito fiscal automático, no discrecional—, no con comités que reparten según cercanía política.

El nuevo gobierno prometió orden. Que empiece por el orden más difícil: el que consiste en quitar a los burócratas del medio.