Frente al reciente anuncio del presidente Juan Manuel Santos de extender la restricción al porte de armas para los particulares en todo el territorio nacional y por un periodo de once meses que van del 31 de enero al 31 de diciembre de este año, surgen varias reflexiones y consideraciones desde el ámbito territorial local (departamento y municipios), en donde finalmente son los gobernantes quienes soportan las políticas, coordinan y articulan los esfuerzos y hacen de tripas corazones - para hacer referencia a los limitados recursos humanos, técnicos y financieros - para contrarrestar la creciente criminalidad, que se manifiesta en una diversidad de delitos que impactan la calidad de vida y socavan oportunidades a los ciudadanos; así como a las manifestaciones de conflictividad social y bajo déficit de capital social y comunitario para el cumplimiento de las normas que determina la vida en comunidad. 

En este sentido, la garantía de protección y auto protección que el estado debe proveer a sus asociados, se configura como precepto legal relevante en nuestro actual contexto. Más aún cuando según información oficial de los Organismos de Seguridad, más del 90 por ciento de los delitos en Barranquilla y su área metropolitana se cometen con armas ilegales, que no tenían salvoconducto, o como popularmente se dice, no estaban amparadas. Peor aún, la enorme mayoría de los capturados por porte ilegal de armas de fuego, delito con pena no excarcerable de hasta 8 años, reciben, generalmente, libertades amparadas en conceptos subjetivos de que no revisten peligro para la sociedad. 

Así las cosas, la recien anunciada decisión del Presidente Juan Manuel Santos, al termino del Consejo Seguridad en el que participó el actual Alcalde del Distrito Capital, Enrique Peñalosa, parece evidenciar ante la opinión pública, una directa afectación a los ciudadanos que por un interés o deseo de protección han gestionado ante las autoridades competentes el porte y uso de armas de fuego legalmente adquiridas; mientras que, aquellos al margen de la ilegalidad seguirán ilícitamente accediendo a la compra, venta y alquiler de armas ilegales para la comisión de delitos, actos de intimidación y constreñimiento. 

Ante tal situación algunas consideraciones: 

Cuáles serán las acciones desde la nación para fortalecer y focalizar la acción preventiva de la Policía y demás organismos para reducir la oportunidad del delito y sobretodo incrementar el control y búsqueda activa de armas ilegales, sobretodo en aquellos sectores en donde se concentra la comisión de delitos de alto impacto. Esperamos que los recién graduados 4568 policías se orienten a esfuerzos de este tipo en los centros urbanos del país. 

Como se hará frente a la desconectada acción de la justicia. Como comprometer no solo una acción integral sistemática de la inteligencia e investigación judicial para desmantelar y desarticular las organizaciones y redes criminales, sino como concientizar a los jueces sobre el efecto e impacto que tienen sus decisiones sobre la seguridad de los ciudadanos, a quienes además, de manera frontal, se les restringen o limitan sus derechos de autoprotección. 

Cuál es la estrategia de prevención y educación con la que el estado acompañará la implementación de esta medida restrictiva, toda vez, que el verdadero, real y sostenible desarme será el que se de voluntariamente y soportado desde la base de la razón y conciencia de los ciudadanos comprometidos con la convivencia pacífica. 

Sin evadir la comprensión de que este tipo de decisiones del señor Presidente de la República, se orientan a generar las demandantes condiciones para el alcance de La Paz, proceso en el que personalmente creo, espero y confío. Vale la pena hacer las anteriores preguntas y conminar a las actuales administraciones locales, a que estén atentas al proceso de reglamentación de la medida anunciada, para que su aplicación y efecto no termine vulnerando de manera general a nuestros ciudadanos, particularmente ha aquellos que desarrollan actividades económicas, que por su naturaleza, ameritan condiciones especiales de seguridad.