Con el histórico Acuerdo de Fin del Conflicto, el cese al fuego bilateral y definitivo y la dejación de las armas por parte de las FARC, que se traduce en el fin de la guerra, vale la pena preguntarnos; ¿están las regiones y territorios del país preparados para el postconflicto?

La crudeza del conflicto armado ha causado un fuerte impacto a la economía regional del país. Por ejemplo, un aumento de 1% en los secuestros o en los ataques violentos por parte de grupos irregulares reduce el PIB de los departamentos en 0,36% y 0,04%, respectivamente. Así lo establece el libro “Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia: ¿Cómo construir un posconflicto sostenible?”, realizado por el Departamento de Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. “El conflicto armado ha impuesto costos económicos y sociales enormes sobre el país y la población por más de cincuenta años. Conocer y cuantificar estos costos es fundamental para evidenciar las consecuencias de continuar con el conflicto e identificar políticas públicas que los mitiguen y reduzcan, especialmente después de su finalización. Sin embargo, de concretarse la paz, se consolidaría una inmensa fuente de progreso y desarrollo. Porque con conflicto armado el PIB departamental se está duplicando cada 18,5 años, mientras que, de lograrse la paz, este tiempo se reduciría a 8,5 años pues crecería a una tasa de 4,4%, implicando que Colombia ganaría una década de crecimiento”.

Los datos suministrados por la investigación, publicada en el libro referenciado, ponen de manifiesto que la paz por razones instrumentales y racionales, resulta beneficiosa para el Estado Colombiano y, por consiguiente, para sus entidades territoriales que podrían ver superadas décadas de atraso generadas por cuenta del conflicto armado interno. De tal manera que, en el contexto de posconflicto para conferirle sostenibilidad y permanencia a la paz, hay que intervenir los factores generadores de tensiones entre el nivel nacional y los territorios. En el país, esta ha sido una relación históricamente compleja, mediada y condicionada por múltiples factores de orden político, de recursos financieros que no llegan, de capacidades institucionales que no se transfieren y sobre todo de comunicación poco oportuna para dar respuesta a las realidades locales.

De manera afortunada esta situación ha venido cambiando, y cada vez la relación nación-territorio es más cercana, pues en el advocacy de los gobernantes locales, sin duda, está la clave para la refrendación de los acuerdos y la gestión del postconflicto basada en una comunicación permanente que supere esas “clasicas” tensiones; el post conflicto se gestiona en los territorios, y las experiencias de otros países han mostrado que al fortalecer las capacidades territoriales, y priorizar las intervenciones locales y regionales en las primeras etapas del post conflicto es más exitoso que el desarrollo y fortalecimiento del nivel central.

En este sentido, quienes hemos seguido con optimismo e interés este proceso, reconocemos positivamente que, tanto el Gobierno como las FARC, coincidan en que el eje del proceso es construir la “PAZ TERRITORIAL”. Por tanto resulta importante avocar la discusión y comprensión de qué significa y qué no significa este concepto en el caso concreto de Colombia y de sus varias regiones. Para efectos de lo anterior, acudo a la cita del artículo de Sergio Guarín de la Fundación Ideas para la Paz - FIP -, en los apartes pertinentes para dicho enfoque.

La paz y el desarrollo territorial están estrechamente relacionados. Esto quiere decir que la calidad y la sostenibilidad de la paz dependen del desarrollo de los territorios. Pero el “desarrollo” aquí no se reduce a la riqueza o al aumento del ingreso per cápita, sino que alude a la posibilidad de realizar las aspiraciones comunitarias. Es el concepto de “desarrollo humano”, “desarrollo por capacidades” o “desarrollo como libertad”, que ha sido elaborado especialmente por el economista Amartya Sen y la filósofa Martha Nussbaum, y que se ha hecho popular a través de numerosos informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La paz entonces se consigue al ampliar el goce de los derechos del conjunto de la población y, sobre todo, de la población más vulnerable.

No deben aplicarse recetas uniformes. Cada territorio debe ser tratado de acuerdo con sus peculiaridades y sus necesidades. Tanto en el diseño como en la ejecución y seguimiento de las políticas públicas debe primar el enfoque territorial sobre el enfoque sectorial. En consecuencia, debe fortalecerse la descentralización como mecanismo de distribución de bienestar hacia las regiones. En el contexto colombiano, la paz territorial implica, en especial, reconocer la deuda acumulada con los campesinos y el sector rural.

La paz territorial es una gran apuesta por la participación ciudadana. El desarrollo, visto como expresión de la libertad y la descentralización como estrategia para tomar decisiones implican mecanismos de deliberación, acuerdo y construcción colectiva que solo puede garantizarse mediante ejercicios de participación ciudadana.

Los anteriores no son asuntos novedosos. De hecho, estos son los principios que han inspirado varias propuestas de política y han motivado diversos movimientos ciudadanos en la historia reciente de Colombia. El Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), el proyecto Paz y Desarrollo, la Legión del Afecto, el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (FOREC) y Colombia Humanitaria, entre otros, pueden mencionarse como programas que intentaron impulsar el desarrollo territorial en zonas de conflicto con un enfoque participativo y descentralizado.

La paz territorial no es una innovación, pero sí lo es el compromiso que adquiere el gobierno de convertirla en el criterio estratégico para la toma de sus decisiones en el ámbito del postconflicto. En este sentido, cada territorio debe ser tratado de acuerdo con sus peculiaridades y sus necesidades. Tanto en el diseño como en la ejecución y seguimiento de las políticas públicas debe primar el enfoque territorial sobre el enfoque sectorial”.

Son entonces tres los elementos claves en esta etapa del post conflicto y su gestión en los territorios a la que estaríamos llamodos como sociedad y estado: (1) Fortalecer la legitimidad de los gobiernos municipales y departamentales restableciendo el control institucional; (2) fortalecer nuestra gobernanza, asegurando la participación efectiva de la ciudadanía; y (3) aumentar y mejorar la presencia del Estado en nuestras regiones, en cada rincón; principalmente aquellas que han sido afectadas por la violencia y el conflicto durante todos estos años, creando condiciones para el desarrollo económico y social.

Es necesario que los gobiernos y administraciónes rapidamente adelanten su tarea de manera rigurosa, identificando las necesidades de sus poblaciones para la efectiva aplicación de los acuerdos, en un permanete e incluyente ejercicio en clave de paz, en donde deben convergir los diferentes actores que posibiliten una lectura cercana con las comunidades de aquello que se pretende y sueña como territorio y que permita avanzar en la integración regional como la oportunidad para un verdadero desarrollo económico y social en tiempos de paz.