El sistema presidencialista, creación política de los Estados Unidos, se ha masificado en la historia de nuestra América Latina, es más, la realidad indica que en nuestros países la autoridad del presidente de la República, a través de la misma organización constitucional, se ha visto reforzada, generando lo que los especialistas en la materia han venido a denominar “presidencialismo” en donde el poder ejecutivo se encuentra un peldaño más arriba que los demás poderes del Estado.

No son pocos los historiadores o los politólogos plantean que esta realidad ha permeada culturalmente a la región, ya que se ha instalado la idea de que el presidente de la República es el principal responsable de resolver los problemas nacionales. La mirada amplificada de las responsabilidades del cargo lleva a que las personas le transfieran responsabilidades que son de otras autoridades.  Lo anterior genera un cierto menosprecio por la elección de las demás autoridades nacionales, regionales o locales, elevando la elección presidencial a la madre de todas las elecciones.

Los factores que suelen señalarse para explicar esta situación provienen de una perspectiva histórica que identifica una especie de herencia cultural originada en los procesos de independencia. Desde entonces, los países latinoamericanos se inclinaron mayoritariamente por el sistema presidencial, acompañado de una marcada tendencia a la personalización de la política. A ello se suma una tradición de liderazgos fuertes, caracterizada por la presencia de figuras carismáticas o caudillistas que han ejercido una profunda influencia sobre la vida política de la región.

Por otra parte, junto a los factores históricos, existe un elemento estrechamente vinculado con la formación de la cultura política latinoamericana: la relativa debilidad de los partidos políticos. Esta realidad contribuye de manera significativa a que la atención pública se concentre en la figura del presidente de la República, reforzando la personalización de la política. Tal como he planteado en columnas anteriores, se trata de un fenómeno que se ha intensificado durante los últimos años. Los partidos políticos han demostrado crecientes dificultades para conectar con la ciudadanía, ejercer su papel de intermediación entre la sociedad y el poder político, formar liderazgos sólidos y promover una discusión amplia y consistente de propuestas programáticas. En consecuencia, han ido perdiendo relevancia como espacios de representación y deliberación, transformándose, en muchos casos, en meras plataformas electorales y, no pocas veces, en mecanismos destinados a la distribución de favores políticos.

Me parece relevante precisar que, al referirme a una “mentalidad presidencialista”, no estoy aludiendo a una forma de apoyo ciudadano a gobiernos autoritarios. Lo que busco describir es una manera de interpretar la política centrada en la figura del presidente de la República, a quien se le atribuye una capacidad de acción mayor de la que efectivamente le otorga la institucionalidad vigente.

El caso que conozco con mayor cercanía es el de Chile, donde percibo que, en distintos niveles, es habitual evaluar el desempeño de un gobierno en función de la figura del presidente de la República, aun cuando muchas reformas, iniciativas y políticas públicas dependen de otros poderes del Estado o de autoridades regionales y locales.

De lo anterior se deriva la existencia de una tendencia, discutible pero persistente, según la cual América Latina presenta una cultura política marcadamente presidencialista. Esta tendencia eleva al presidente de la República como la figura política más destacada y reconocida por la ciudadanía, al mismo tiempo que concentra en su persona las principales expectativas y responsabilidades atribuidas al Estado. Esta realidad me lleva a relevar la importancia del respeto que la institución presidencial debe conservar, de modo que, dentro del marco descrito, el sistema institucional pueda funcionar de la mejor manera posible, considerando la cultura política que lo atraviesa.

Hace una semana, en Chile, tuvo una escasa circulación un panfleto elaborado al interior del Partido Socialista que retrataba al entonces candidato presidencial José Antonio Kast con la nariz exageradamente alargada, en alusión al personaje de Pinocho, con el objetivo de sugerir que el candidato mentía. Los volantes no lograron finalmente la distribución prevista, ya que las propias autoridades del partido impidieron su difusión.

Las reacciones fueron diversas, aunque en términos generales se sostuvo que este tipo de acciones constituye una amenaza para la democracia, en la medida en que denigran la figura del presidente de la República y vulneran el respeto que exige la investidura del cargo, más allá de las legítimas diferencias políticas. En ese sentido, resulta difícil no coincidir en la necesidad de resguardar la institucionalidad y promover una cultura de respeto hacia las autoridades democráticamente elegidas.

Sin embargo, surge una interrogante inevitable: ¿qué ocurre cuando la máxima autoridad de un país incurre en engaños hacia la ciudadanía durante su campaña electoral y mantiene conductas similares una vez en el ejercicio del cargo? Esta inquietud ya había sido planteada en una columna anterior, en la que se advertía sobre el riesgo de que la democracia no aborde adecuadamente el problema de la mentira política y su potencial efecto erosivo sobre el conjunto de las instituciones.

De lo anterior, me permito extraer una conclusión que considero bastante evidente: los primeros que tienen la responsabilidad de cuidar y proteger la institución del presidente de la República son las mismas personas que han sido investidas constitucionalmente para desempeñar ese cargo. No podemos exigir a la ciudadanía una actitud de respeto si observamos en nuestras autoridades conductas que poco o nada se condicen con la dignidad del cargo.

En el caso específico de Chile, durante los pocos meses en que el actual presidente ha ejercido el poder, ha modificado o matizado varias de las propuestas que había defendido con fuerza durante su campaña presidencial. Entre ellas, se incluyen el impacto en el costo de la vida, la no realización de las auditorías anunciadas y la relativización de la expulsión de migrantes irregulares. Asimismo, ha planteado iniciativas de endeudamiento público que entran en tensión con sus planteamientos previos en materia de déficit fiscal.

En este contexto, diversas instituciones como la Contraloría General de la República, el Banco Central y el Consejo Fiscal Autónomo han formulado observaciones respecto de la situación económica heredada del gobierno anterior, lo que ha contribuido a un debate más amplio sobre el estado de las finanzas públicas y su impacto en la imagen internacional del país.

Medios de comunicación con una línea editorial cercana al presidente han cuestionado incluso la forma en que este ha respondido a las distintas interpelaciones, señalando errores de referencia lingüística que han servido como insumo para la proliferación de memes que ridiculizan la autoridad presidencial. A ello se suma el propio estilo comunicacional del mandatario, quien ha incorporado el humor y la ironía como parte de su respuesta frente a las críticas y recriminaciones recibidas.

Reconozco el valor del humor y de la ironía como parte de la vida discursiva, en la medida en que contribuyen a humanizar la convivencia cotidiana. Sin embargo, no estoy convencido del rol que estos recursos deben ocupar en el discurso de la más alta autoridad del Estado. Las figuras presidenciales más relevantes de nuestra historia no se han construido sobre la base del uso del humor o la ironía, sino, por el contrario, sobre la seriedad, la responsabilidad y la capacidad de gestión asociadas al cargo. En última instancia, es esa conducta la que transmite confianza a la ciudadanía y refuerza la dignidad de la investidura presidencial.

La misma preocupación puede plantearse en torno a la actitud del presidente Gustavo Petro en la reciente elección presidencial en Colombia. El hecho de hacer público su voto, en tensión con la tradición del voto secreto, envía —desde una perspectiva institucional— un mensaje que no contribuye al resguardo de las instituciones democráticas.

En este sentido, se omite un principio fundamental del presidencialismo: el presidente no es solo jefe de gobierno, sino también jefe de Estado, y en esa condición simboliza la unidad nacional, representando a todos los ciudadanos. Por ello, resulta innegable la influencia que la figura presidencial puede ejercer en un proceso electoral.

Desde una perspectiva simbólica, cabe preguntarse qué nivel de cuidado debe exigirse a la autoridad en la preservación de la imagen y la neutralidad institucional de la presidencia de la República.

Como anexo complementario, la imagen que Donald Trump ha proyectado desde la presidencia de los Estados Unidos, caracterizada por sus permanentes desafíos con otras instituciones del Estado, su estilo en el manejo de las relaciones internacionales, el uso de un vocabulario que no siempre se condice con la dignidad del cargo y una relación con sectores de la prensa marcada, en ocasiones, por un tono confrontacional e irrespetuoso frente a cuestionamientos a su liderazgo, introduce elementos altamente discutibles respecto del ejercicio de la investidura presidencial. En conjunto, estas conductas contribuyen a erosionar la percepción de una institución clave para el funcionamiento de los sistemas democráticos.

En definitiva, la fortaleza de las instituciones democráticas no depende únicamente de las normas que las regulan, sino también de la conducta de quienes las encarnan. En sociedades con una marcada cultura presidencialista, la figura del presidente de la República adquiere una relevancia simbólica que trasciende el ejercicio cotidiano del gobierno, convirtiéndose en un referente de estabilidad, confianza y unidad nacional. Por ello, el respeto hacia la institución presidencial no puede exigirse exclusivamente a la ciudadanía o a los actores políticos; debe comenzar por el propio mandatario, a través de una actuación coherente, responsable y acorde con la dignidad del cargo. Cuando la autoridad presidencial se ejerce con seriedad, honestidad y respeto por las demás instituciones del Estado, contribuye a fortalecer la legitimidad democrática. Por el contrario, cuando se debilita la confianza pública mediante conductas que erosionan la credibilidad de la investidura, no solo se afecta la imagen de una persona o de un gobierno, sino también la de una institución fundamental para el funcionamiento del sistema político.