Colombia ha venido creciendo en materia de acceso a Internet. Si revisamos los indicadores de penetración a Internet de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU por su siglas en inglés) podemos ver que estamos cerca de un 12%, alcanzando el mismo promedio mundial. Esto quiere decir que hay 12 conexiones de banda ancha fija por cada 100 habitantes. Ahora, si nos dirigimos al indicador de usuarios efectivos de Internet, la cifra asciende a un 56%, superando ampliamente el 44% del promedio global.

Realmente vamos por un buen camino en acceso a Internet. Sin embargo, hay algunos temas en los que realmente estamos rezagados y está relacionado con la conectividad en algunas zonas del país. 

El departamento del Atlántico fue el primero en el país en alcanzar el 100% de sus cabeceras municipales conectadas a Internet a través de una red de fibra óptica. Esto se logró en el año 2010 con un tendido de más de 400km de fibra que logró conectar a colegios, hospitales y otras entidades del Estado.

Sin embargo, hay algunos corregimientos que no tienen la fortuna de estar dentro de las ramificaciones de esta red de fibra. Por lo tanto, en estos municipios no se sabe lo que es conectarse a Internet. Si tenemos en cuenta que en algunos casos, ni siquiera los operadores de telefonía móvil tienen cobertura (ejemplo: Chorrera, Juan de Acosta), estamos hablando que hay poblaciones que realmente están desconectadas. Lo cual es totalmente inverosímil que ocurra en pleno año 2018.

En el caso de Chorrera, la solución vendrá pronto gracias a la Gobernación del Atlántico y el Ministerio de las TIC. Pero, imaginemos entonces cómo será la conectividad en las zonas en las que el Estado y el mercado no habían podido llegar por causa del conflicto. La infraestructura de telecomunicaciones que habrá en estos lugares es de verdad muy pobre o incluso nula.

En el año 2014, hubo una iniciativa de un Acto Lesgislativo que pretendía declarar el acceso a Internet como un derecho fundamental. Declaración que ya ha hecho la ONU y que han adoptado varios países. Sin embargo, esta iniciativa no prosperó.

El tema es que no es simplemente declarar un derecho fundamental por declararlo. Esto debe venir acompañado de una reglamentación que defina de manera clara y precisa de qué manera se va a garantizar este derecho, respondiendo de una vez a muchas preguntas que se vendrían: ¿cada hogar debe tener una conexión de banda ancha y un equipo terminal? ¿el Estado debe garantizar que cada hogar tenga su conexión de banda ancha pero el ciudadano debe comprar su terminal? ¿el Estado se debería estar obligado a tener zonas WiFi y centros de acceso comunitario con un número de terminales y/o una velocidad establecida para cada población de acuerdo el número de habitantes? ¿de dónde van a salir los recursos para todo eso?

Aprovechemos que en el Fast Track se está metiendo de cuanta cosa para incluir de una vez que el Internet sea un derecho fundamental de los colombianos y así permitir todas sus ventajas para una mejor educación y un impulso al desarrollo económico. La justificación es muy sencilla: dentro de los acuerdos se encuentra el desarrollo rural y la reivindicación de las poblaciones que fueron mayoritariamente afectadas en el conflicto. ¿Que mejor forma de hacerlo que garantizándoles su derecho a acceder a Internet?