Históricamente, el departamento de Arauca ha sido uno de los epicentros del conflicto armado en Colombia, situación que se ha exacerbado en estos primeros días del año 2022. Se trata de una guerra criminal que, perpetrada por grupos armados al margen de la Ley, se ha fortalecido causando afectación económica, alimentaria y agropecuaria a la sociedad civil, así como a las poblaciones campesinas e indígenas. Es una tragedia humanitaria que vulnera los derechos fundamentales a la vida, la salud, la vivienda y la educación de todos los araucanos. 

En este sentido, es necesario empezar por conocer las cifras dadas por la Defensoría del Pueblo en su más reciente informe sobre la situación: son más de 60 homicidios en lo que va del presente año. Los datos más detallados registran un total de 66 muertes en el departamento de Arauca, distribuidos de la siguiente manera: Saravena (34), Fortul (11), Arauquita (9), Arauca (5), Tame (4) y Cubará (3). De igual forma, en se han reportado 1.284 personas desplazadas pertenecientes a 424 familias, siendo nuevamente el municipio Saravena el más afectado con 467 personas desplazadas pertenecientes a 136 familias; un escenario completamente devastador que atenta contra el desarrollo y la concepción que tienen en el extranjero sobre este hermoso país. 

La violencia que está padeciendo Arauca no puede atribuirse, únicamente, a la decisión equivocada de quienes desertaron del proceso de paz y retomaron las armas para volver al conflicto armado. La responsabilidad es compartida, involucra también a aquellos actores que, sin alzar y empuñar un arma, han basado su accionar delictivo con prácticas corruptas para privilegiar sus apetitos económicos y burocráticos. 

Es menester recalcar que en el territorio se han desatado problemáticas complejas: unos niveles de desempleo que alcanzan más del doble del promedio nacional; un crecimiento económico precario explicado por pobres niveles de competitividad; bajísimos niveles de cobertura en servicios básicos, especialmente en el sector rural; escasas posibilidades de educación superior para los jóvenes (menos del 10% de cobertura según las cifras oficiales); y una brecha de pobreza que se hace cada vez más grande. Estos escenarios, convierten especialmente a los jóvenes, en presas fáciles de las estructuras criminales que les brindan una falsa perspectiva de un proyecto de vida y un alivio económico. 

En este contexto, diferentes actores sociales, políticos y culturales han empezado a promover la figura de unos diálogos regionales. Por supuesto que esta idea es importante y merece la pena apoyarla. Sin embargo, es necesario reconocer que la disposición de los actores armados ilegales en disputa, a negociar al menos unos mínimos esenciales de respeto al Derecho Internacional Humanitario, es nula. Por tal motivo, debe garantizarse que el centro de estos diálogos regionales es la sociedad civil, y que estas instancias de ninguna manera se van a convertir en espacios legitimadores de las acciones violentas, el eje de las conversaciones debe ser llegar a acuerdos que garanticen que la sociedad civil inerme no va a seguir quedando en medio del fuego cruzado. 

Al departamento de Arauca debemos rodearla con toda la disposición y voluntad política. Es un territorio de casi 23.000 kilómetros cuadrados, de enormes potencialidades. El Gobierno Nacional y el Congreso de la República, deben actuar en conjunto para promover una intervención efectiva en el territorio, con más y mejor inversión social. Pero de igual forma, le corresponde a los gobiernos locales definir de manera clara sus apuestas de desarrollo, haciendo al mismo tiempo, un compromiso serio para combatir la corrupción que tanto daño ha hecho. Por último, pero no menos importante, contamos con la iniciativa y el empuje de empresarios, comerciantes y campesinos que a pesar de las difíciles condiciones siguen haciendo patria, convirtiendo a Arauca en una potencia agrícola en sectores como el plátano y la ganadería, y en la tierra del cacao más rico del mundo. 

Desde nuestra actividad legislativa, focalizaremos nuestros esfuerzos en una agenda nacional para la transformación de Arauca. Propondremos una acción más ambiciosa en infraestructura vial que permita mejorar la conectividad con los circuitos económicos del interior del país y avanzar en la competitividad territorial; así mismo, promoveremos más y mejor asistencia técnica para que los productores del campo araucano sigan siendo excepcionalmente buenos; impulsaremos auxilios y apoyos para empresarios y comerciantes, con el objetivo de que puedan genera nuevas fuentes de empleo. Lo anterior, deberá, indudablemente, estar respaldado por un Estado eficiente y efectivo a la hora de garantizar la vida, honra y bienes de los araucanos. 

Trabajaremos, con la ayuda de Dios en este propósito, y esperamos dentro de muy poco estar contando una historia diferente del departamento de Arauca.