Desde tiempos inmemoriales, la cultura de la Región Caribe ha estado marcada por tradiciones que, aunque profundamente arraigadas, en ocasiones entran en conflicto con el avance de los derechos humanos y el desarrollo social. Una de estas prácticas es el matrimonio infantil o las uniones tempranas, una realidad que, hasta hace poco, era legalmente permitida en Colombia. Sin embargo, con la Ley 2447 de 2025, el Congreso ha dado un paso definitivo: queda prohibido el matrimonio y la unión marital de hecho cuando uno o ambos contrayentes sean menores de 18 años.

Esta decisión ha generado tanto aplausos como resistencia, especialmente en territorios donde las uniones tempranas aún son vistas como una “salida” a la pobreza o una manera de preservar ciertos valores familiares. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta ley para la familia en la Costa Caribe? ¿Qué efectos podría tener en la cultura local y en la proyección de vida de los jóvenes?

Un cambio legislativo con impacto estructural

La Ley 2447 no solo impide que los menores de 18 años contraigan matrimonio o establezcan uniones maritales de hecho, sino que también refuerza la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. En términos jurídicos, la norma modifica el Código Civil y otras leyes para que cualquier matrimonio infantil sea nulo y sin efectos patrimoniales a favor del adulto que lo haya promovido. Además, en caso de mala fe o coacción, se abre la puerta a demandas de responsabilidad civil.

Este cambio tiene como principal objetivo proteger a los menores del impacto negativo de estas uniones, que, en la mayoría de los casos, derivan en desigualdad, violencia intrafamiliar, abandono escolar y perpetuación del ciclo de pobreza. En la Costa Caribe, donde los embarazos adolescentes y los matrimonios forzados han sido una problemática frecuente, la ley podría marcar un punto de inflexión.

El matrimonio infantil en la Costa Caribe: cultura vs. derechos

En muchas zonas del Caribe colombiano, aún persiste la idea de que una adolescente que se casa o se une a un hombre mayor “asegura su futuro”. Esta mentalidad se sustenta en factores como la falta de acceso a educación de calidad, la precariedad económica y, en algunos casos, la influencia de tradiciones patriarcales que siguen normalizando la idea de que una mujer debe “hacerse cargo de un hogar” desde muy joven.

Sin embargo, los estudios han demostrado que estas uniones no solo limitan el desarrollo personal y profesional de las adolescentes, sino que también tienen consecuencias negativas para la familia en su conjunto. Un matrimonio temprano rara vez es una unión entre iguales; suele haber una brecha de poder y una dependencia económica que deja a la menor en una posición de vulnerabilidad.

Con esta nueva legislación, la institucionalidad está obligada a fortalecer la educación sexual y los programas de prevención del embarazo adolescente. Si bien el cambio cultural no será inmediato, la ley abre la puerta para que las nuevas generaciones vean en la educación y el desarrollo personal una alternativa al matrimonio precoz.

¿Y la familia qué?

Una de las críticas recurrentes a esta ley proviene de sectores que consideran que la prohibición del matrimonio infantil atenta contra la libertad individual y la autonomía de las familias. Sin embargo, lo que esta legislación realmente hace es proteger a los niños, niñas y adolescentes de situaciones que pueden comprometer su bienestar físico, emocional y económico a largo plazo.

Desde la perspectiva del derecho de familia, este cambio normativo también modifica la manera en que se entiende la conformación de los hogares en Colombia. Al eliminar la posibilidad de uniones infantiles, el Estado está fomentando que la familia se constituya sobre bases más sólidas, donde los jóvenes puedan tomar decisiones con plena autonomía y madurez.

El reto: transformar la realidad más allá de la norma

Si bien la Ley 2447 es un gran avance, su efectividad dependerá de la capacidad del Estado para implementarla y de la sociedad para aceptarla. En la Costa Caribe, donde la informalidad en las relaciones es común y muchas parejas no formalizan su unión, la prohibición del matrimonio infantil debe ir acompañada de una fuerte estrategia de sensibilización y educación.

El reto no es solo evitar los matrimonios con menores de edad, sino brindar a los jóvenes las herramientas necesarias para que no vean en estas uniones una única alternativa de vida. Programas como el Plan Nacional de Proyectos de Vida para Niños, Niñas y Adolescentes, contemplado en la misma ley, serán fundamentales para construir nuevas oportunidades y erradicar prácticas que perpetúan la desigualdad.

En conclusión, la prohibición del matrimonio infantil en Colombia es un paso necesario para la protección de los derechos de la infancia y la consolidación de una sociedad más equitativa. En la Región Caribe, donde esta práctica ha sido históricamente tolerada, el desafío es aún mayor: transformar la cultura sin imponer, educar sin estigmatizar y garantizar que cada niño y niña tenga la oportunidad de decidir su propio destino.

Porque el futuro de la familia no se debe construir sobre renuncias prematuras, sino sobre sueños que se forjan con el tiempo y la educación.