A finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en el contexto de las “Revoluciones Atlánticas”, tal como las definen los historiadores y que engloba los procesos vividos en Haití, Estados Unidos y Francia, la ideología liberal buscaba superar las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales que, en el contexto de las monarquías absolutas, se habían enseñoreado de Europa por más de cuatrocientos años. El liberalismo aspiraba a una renovación racional de la sociedad y desde una perspectiva ética prometía un orden moralmente mejor.

En dicho contexto se consideraba a la aristocracia y al clero como castas cerradas que disfrutaban de dispensas y que ocupaban los puestos del Estado, sin una preocupación por el beneficio de todos (futuro bien común republicano), sino que para mantener un sistema de privilegios caduco, con las consiguientes consecuencias negativas en la gestión y corrupción del Estado.

Quiero recordar aquí las palabras de Louis Adolphe Thiers, reconocido historiador y político francés que vivió prácticamente toda la “Era de las Revoluciones Liberales” (1789 -1848) e incluso desempeñó un papel fundamental como Presidente Provisional de la Tercera República Francesa en 1871. En sus palabras se expresa con claridad el intento por superar un orden desigual, moralmente injusto y tremendamente privador para la mayoría de las personas y que se elevaba como el referente ético para dar paso a una sociedad que consagrara los principios de libertad e igualdad: “"...nacido en humilde cuna, y animado de justa ambición, deseaba adquirir lo que el orgullo de las clases elevadas me había negado injustamente...” Lo que subyace a la queja de Thiers es que, en el contexto de un mundo moderno, republicano, no es la sangre o el nacimiento los que deben definir el futuro de una persona, sino que el mérito. De las palabras de este francés del siglo XIX podemos entender que el mérito significa básicamente inteligencia y esfuerzo. De lo anterior se deriva la palabra “meritocracia”, que es usada para describir un tipo de sociedad donde la riqueza, los ingresos y la clase social son designados por competición, asumiéndose que los vencedores merecen tales ventajas.

Han pasado cerca de doscientos años en que la “meritocracia” se ha instalado en el inconsciente colectivo de nuestras sociedades y no son pocos los que la entienden de manera ideal, en la que pareciera que no existen diferencias para que todas y cada una de las personas puedan alcanzar, a través de su esfuerzo e inteligencia, las metas que se buscan. Más aún, la democracia como forma de gobierno más extendida en la actualidad funciona bajo un principio de igualdad, en que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas tienen los mismos derechos.

Al mismo tiempo la ONU se plantea con mayor claridad al respecto e incluso establece responsabilidades, “…todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están obligados a acatar leyes justas, imparciales y equitativas, y tienen derecho a igual protección de la ley, sin discriminación”. Nuestros nacionales ordenamientos constitucionales reparan en los mismos términos y le asignan al Estado el deber de asegurar el derecho de todas las personas  a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, garantizando la igualdad ante la ley y su  protección en el ejercicio de sus derechos.

Lo anterior parece que, y hasta en cierto nivel, muy lejos por lo demás de lo que aguanta el papel, se percibe desde la dimensión política, ya que más allá de cualquier consideración de diversidad al momento de sufragar, el voto de cada uno posee el mismo valor. Es, a lo mejor, el único momento en que el espíritu de la normativa adquiere cierta consistencia.

Sin embargo, esta igualdad no siempre se ve reflejada en otros ámbitos de la sociedad, por lo que el tan ansiado equilibrio de oportunidades entre dos o más personas, hace que la teoría del mérito esté sujeta a cierto cuestionamiento, ya que no siempre la inteligencia y el esfuerzo son los que marcan las diferencias entre las personas.

En nuestras sociedades modernas la desigualdad campea en ámbitos tan variados como en el trato diferente dado a personas a causa de su condición socioeconómica; diferencia de oportunidades entre personas de distinto género; un desequilibrio importante en la distribución de los ingresos y con ello, diferencias abismales en el acceso a bienes y servicios; desigualdades brutales de acceso a los distintos niveles de formación del sistema educativo ; e incluso desigualdad legal, sí, aquella que está reconocida y tipificada por la ley, cuando personas que por su orientación sexual no tienen los mismos beneficios, protecciones y responsabilidades que las parejas heterosexuales.

Incluso, todas estas desigualdades y otras más que se podrían enumerar, no sólo impactan en el día a día de las personas, sino que también afectan la representación de ciertos individuos y colectivos en el mismo sistema democrático que aspira a superarlas.

Me refiero a aspectos relacionados con la representación política de las mujeres, la falta de representación parlamentaria de los pueblos originarios e incluso en las expectativas de participación política de los estudiantes. En relación a este último aspectos, interesantes estudios, transversales a la realidad latinoamericana, han concluido que las escuelas con un estatus socioeconómico menor, comúnmente establecimientos públicos, mostraron en promedio menores expectativas de participación política que las escuelas de nivel socioeconómico medio y alto, en la mayoría de los casos, establecimientos privados, donde el ingreso de los padres y el mercado, a través del precio, no el esfuerzo y la inteligencia, son los elementos diferenciadores para quienes acceden o no a dichos niveles de educación.

Este discurrir conceptual es el pretexto para hablarles de las conclusiones del libro de Michael Sandel, “La tiranía del mérito”, que da cuenta de los problemas derivados de una sociedad que levanta como bandera fundamental la “meritocracia” pero que está muy lejos de representarla fielmente. El filósofo estadounidense cuestiona, con sólidos argumentos, que sea el mérito el principal sustento en la medición de éxito y el ascenso social, muy por el contrario establece que en nuestras sociedades occidentales se ha instalado la desigualdad y que construye una realidad polarizada entre ganadores y perdedores que ha reducido a niveles preocupantes la movilidad social. La sobrevaloración de lo económico ha dejado de lado el reconocimiento de otras cualidades, aptitudes y contribuciones esenciales para la convivencia y el desarrollo.

El famoso predicamento basado en que “sin importar de donde vengas, si estás dispuesto a estudiar y a esforzarte  puedes llegar todo lo lejos que tu talento te lleve” es una premisa muy comentada, pero falsa, ya que una persona que esté dispuesta a estudiar  y a esforzarse puede, y en la mayoría de los casos es así, no tener dichas oportunidades. La situación económica de la familia y el modelo de sociedad que proyecte su Estado resultan ser dos variables más determinantes que la inteligencia y el esfuerzo.

Así, la “meritocracia” se viste de falsos ropajes, se eleva como una justificación más de la exclusión y de desigualdad, muy lejana a un paraíso de oportunidades.  El mérito así entendido y en este contexto, deja fuera los principios de la solidaridad, dándole prioridad a los resultados económicos y ponderando la prosperidad como un signo de virtud, confiriéndole el privilegio de repartir honores y castigos en forma de éxito y fracaso.

Más adelante plantea que, cuando en una sociedad sólo hay ganadores o perdedores, desaparece la movilidad social en una polarización que es perpetuada por el poder del dinero, ya que en una sociedad de mercado el “mérito” también se puede comprar. El resultado de éste panorama es una sociedad mucho más expuesta al conflicto social, la ira y la frustración de muchos y los esfuerzos de otros por mantener los nuevos privilegios disfrazados de mérito y asegurarles el goce de los mismos a sus hijos, alimenta la polarización, reduce la confianza en el poder de una ciudadanía que respeta las instituciones y dificulta enormemente la posibilidad de hacer frente, desde una perspectiva ética, los retos actuales.

No podemos negar que el ideal racionalista de renovación de la sociedad que inspiraba a los liberales ilustrados de principios del mundo contemporáneo ha terminado en prácticas de exclusión y desigualdad que no distan mucho de los sistemas de privilegios que buscaban erradicar.

Como plantea el mismo Sandel, tenemos un verdadero caos como resultado, la lucha encarnizada por defender seudos méritos, que en muchos casos son méritos de los padres o de los abuelos, acentúa el individualismo de nuestra sociedad y hemos perdido de vista la noción clave del bien común y la influencia de ella en un orden social en el que cada hombre y mujer pueda lograr aquello de lo que sean, innatamente o con el debido esfuerzo, capaces de lograr, que además sean reconocidos por los demás por aquello que son, con independencia de las fortuitas circunstancias de dónde hayan nacido, en que colegio y universidad  que estudiaron  y/o,  cuál es la herencia y los contactos de sus padres y abuelos.