Hace algunos días escribí una columna sobre la democracia como un proceso histórico, con períodos de expansión y de contracción, lo que permitía comprender que había factores que favorecían su desarrollo, como también relevantes amenazas. Lo que está claro es que, para aquellos que creemos decididamente en la democracia como la mejor forma de gobierno, nos preocupan de manera muy especial los factores que la ponen en conflicto.

Conversando con un amigo que trabaja para el Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo, en Chile, surgió una interesante pregunta a partir del escenario político de casi toda nuestra América Latina.

El comentario realizado tenía relación con la rápida pérdida de respaldo que había tenido el trabajo de la Convención Constitucional en Chile que, en menos de dos años, había caído su popularidad, medida al principio por un acto electoral (el plebiscito de entrada) desde cerca de un 80% de adhesión, a la realidad actual en que la opción “Apruebo”, para el plebiscito de salida, apenas se empina por sobre el 30%.

Situación similar podíamos percibir en la elección presidencial de Gabriel Boric, en que la luna de miel con el electorado duró muy poco, más allá de lo emotivo y los guiños a una pasado perdido, que había tenido su acto de investidura.

Situaciones referidas a las demandas de los pueblos originarios, la democracia paritaria  y ecológica, la descentralización regional, temáticas que se expresaron con fuerza en el estallido social del 2019, y que han sido incorporados al texto constitucional en proceso en Chile, parecen no tener ninguna relevancia positiva, al contrario, se han convertido en banderas de lucha más invocadas por los que se pronuncian por la opción rechazo

Esta realidad no es exclusivamente chilena, la podemos ver en casi todos los países de nuestro continente, en donde la popularidad de los gobernantes cae de manera dramática a los pocos meses de haber asumido el poder, donde el caso de Nayib Bukele en El Salvador, parece ser la excepción que confirma la regla.

Pero en Perú, Bolivia, Colombia, Argentina, Brasil el caso se generaliza y las elecciones, precedidas de importantes apoyos populares, terminan enredadas en luchas por validarse ante una ciudadanía que rápidamente se identifica con la oposición.

Podríamos tener muchas explicaciones al respecto, desde las más variadas disciplinas que trabajan con el ser humano, pero lo que hay en común en cada uno de los casos es que la institucionalización es lo que está en la base de la crisis. Importantes y relevantes demandas ciudadanas, procesos constituyentes, candidaturas presidenciales, diputaciones y senadurías, pierden el apoyo popular, están más expuestas a la crítica y a la oposición una vez que se institucionalizan. Una situación, a todas luces, muy compleja.

De manera muy general, la institucionalidad democrática puede definirse como el conjunto de organismos públicos que permiten el correcto desarrollo de la democracia y la participación ciudadana. Su espectro es muy amplio, desde instituciones del Estado y sus respectivas autoridades, incluye también organizaciones o entidades de interés público por medio de las cuales la ciudadanía se expresa o se siente representada, tales como partidos políticos, organizaciones sindicales, estudiantiles, clubes deportivos, juntas vecinales, todas aquellas instancias que en el proceso evolutivo de la democracia hemos generado espacios organizados de participación y representación que buscan, entre variados objetivos, distribuir el poder, fortalecer la participación, visibilizar la voluntad ciudadana, como fundamentos necesarios que permitan  cohesionar la sociedad, perseguir el bien común y la justicia social.

Lamentablemente lo que hemos visto en el último tiempo, es que la institucionalización genera movimientos que ponen en tensión a la comunidad, que desacreditan las principales preocupaciones y también a las personas y grupos de personas que asumen como autoridades o representantes. Complejo problema por lo demás.

Conversábamos además de que disponíamos de los elementos de juicio para hacer el diagnóstico, que creemos tiene, más allá de  no ser el resultado de una investigación concreta, un cierto nivel de realidad y que debería ser de interés de estudiar ya que resulta ser una potente amenaza para la democracia. Al mismo tiempo, coincidíamos que no teníamos ninguna respuesta, desde el mismo plano de las suposiciones, para la problemática definida, que requería, por lo demás, de un trabajo serio que pudiera dar luces al respecto.

Es una realidad que en casi todas las democracias del mundo, una serie de instituciones democráticas han perdido importantes grados de confianza ante la ciudadanía. Las policías civiles o uniformadas, las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, las organizaciones sociales territoriales, los gobiernos, los congresos presentan niveles de confianza ínfimos y son instituciones fundamentales para el buen funcionamiento de la democracia.

Si a lo anterior le sumamos las conclusiones entregadas por The Economist, en su índice de Democracia, para el año 2019, además de la participación política, el indicador que demuestra menor nivel de aprobación tiene que ver con los aspectos relativos al funcionamiento del gobierno.

Sin duda que la realidad entrega un panorama poco alentador, una ciudadanía que no participa, que se desilusiona o defrauda con rapidez, que expresa a través de instancias muy mediáticas y de diferentes maneras su desaprobación para con las autoridades y organismos del gobierno, estructuran un puzle más que complejo que socaba los fundamentos de la institucionalidad democrática.

Si al panorama descrito le agregamos otro condimento más, la gran polarización en las democracias de América Latina, el alto nivel de indignación, la escasa tranquilidad en el mundo de la inmediatez, ponen en conflicto la cohesión social y las posibilidades de desarrollar un trabajo serio y responsable para con las profundas demandas sociales, económicas y culturales. Las encuestas parecen estar orientadas, ya no mensualmente sino semanalmente, a medir el nivel de aceptación o rechazo que la ciudadanía expresa ante las políticas públicas como para con las personas que ejercen cargos de representación.

En la política de hoy lo que menos hay es tiempo, lamentablemente cuando lo que más necesitamos es el tiempo adecuado para enfrentar de la mejor manera posible las profundas problemáticas y dar sustentabilidad a la experiencia democrática. 

Al mismo tiempo el éxito o el fracaso de una democracia compleja se mide, en una sociedad tremendamente individualista, en el nivel de vulneración que siente cada persona en sus derechos o en sus oportunidades, nos aleja aún más de una sana cohesión social democrática que apela a fortalecer  la disposición de todos los actores, en la medida en que los ciudadanos consideren que se benefician más cuanto más adhieren a un “nosotros”, reduciendo la exclusión y la vulnerabilidad. Mientras más polarizada está la sociedad, mayor es la posibilidad del conflicto social y en una realidad en que las instituciones democráticas, es decir, aquellas llamadas, como lo plantea la Declaración Universal sobre la Democracia de la Unión Interparlamentaria, a mediar en las tensiones y mantener el equilibrio entre las aspiraciones competidoras que son la diversidad  y la uniformidad, tanto en el nivel individual y colectivo, con el objeto de reforzar la cohesión y la solidaridad social, están en la más profunda de las crisis.