Existe en Colombia una corriente política que se autoproclama defensora de las instituciones, la razón y la moderación. Cita a Popper, a Douglass North y a Brodsky. Habla con solemnidad de la separación de poderes, la autonomía de las cortes y el respeto a las minorías. Es un discurso impecable en la forma. El problema está en lo que omite: el Congreso de la República.

No es un olvido inocente. Es una exclusión deliberada que delata la contradicción más profunda del llamado centro democrático ilustrado: su institucionalismo es selectivo. Respetan las instituciones que se parecen a ellos —tecnocráticas, alejadas del ruido popular, habitadas por expertos— y desdeñan aquella que por definición es la más democrática de todas: la que nace directamente del voto de los ciudadanos.

Este patrón se expresa con particular claridad en ciertos candidatos que, preguntados por su relación con el Congreso, responden con un gesto de distinción moral: que no se subirían a una tarima con fulano, que prefieren no reunirse con mengano, que la mayoría de los congresistas no merecen su tiempo. El mensaje es transparente: yo soy diferente. Yo soy limpio. Ellos son la contaminación.

Pero hay un problema lógico fundamental en esa postura, y conviene señalarlo sin anestesia. En una democracia representativa, el Congreso no es un accidente incómodo del sistema: es su columna vertebral. Es el cuerpo que legisla, que controla al ejecutivo, que aprueba el presupuesto, que ratiLca tratados y que, en última instancia, representa la pluralidad real del país. Un político que quiere gobernar Colombia pero desprecia al Congreso no está siendo virtuoso: está siendo incoherente.

Milton Friedman lo entendía bien cuando advertía que la libertad política no puede sostenerse sin instituciones que distribuyan el poder. El Congreso, con todos sus defectos, es exactamente eso: una institución de contrapeso. Cuando un ejecutivo —de cualquier tendencia— logra gobernar sin negociar con el legislativo, no estamos ante un triunfo de la eLciencia. Estamos ante el principio del Ln de los frenos republicanos.

La pregunta que nadie en ese sector parece querer responder es simple: ¿con quién piensan gobernar? ¿Con las cortes solas? ¿Con los gremios ilustrados? ¿Con los académicos que firman columnas de opinión? Gobernar en democracia exige construir mayorías legislativas. Y construir mayorías legislativas exige hablar con congresistas reales, no con los imaginarios que uno aprobaría en un seminario universitario.

El fondo del problema es filosófico. Hay una tradición de pensamiento —que en Colombia ha encontrado terreno fértil entre cierta clase profesional y urbana— que confunde la virtud pública con la pureza personal. Que cree que la política se mejora manteniéndose alejado de sus actores más ásperos. Que asume que el desprecio al político de provincia, al cacique regional o al congresista transaccional es una señal de superioridad ética.

Ayn Rand tenía una frase precisa para este tipo de postura: el moralismo como sustituto de la acción. Es más cómodo declararse por encima de la mugre que ensuciarse las manos construyendo algo. Es más fácil citar a filósofos europeos que sentarse a negociar con un representante del Magdalena Medio.

No se trata de defender la corrupción ni de ignorar sus costos reales sobre la institucionalidad colombiana. Se trata de entender que en democracia, la representación política tiene una legitimidad que no puede ser revocada por el gusto estético de una élite ilustrada. El congresista que uno no aprobaría fue elegido por miles de ciudadanos a quienes ese candidato presidencial también necesita convencer.

Un político que llega al poder sin saber construir coaliciones legislativas tiene dos caminos: la parálisis o el autoritarismo. Ninguno de los dos es lo que promete su discurso de razón y moderación.

El verdadero institucionalismo no consiste en reverenciar las instituciones que nos resultan simpáticas. Consiste en respetar el proceso completo: el voto que eligió a ese congresista, la curul que ocupa por mandato popular, y la negociación que exige su voto para sacar adelante una ley. Eso es la democracia real, no la que existe en los libros de Llosofía política que uno cita en sus columnas.

Colombia necesita con urgencia políticos que entiendan que la representación parlamentaria —imperfecta, ruidosa, transaccional— es la única alternativa civilizada a la concentración del poder. DescaliLcarla en nombre de la virtud no es modernizar la política. Es, simplemente, no entenderla.