Situar a las víctimas del conflicto armado interno en el centro del Acuerdo de La Habana fue un propósito compartido entre el gobierno y las FARC-EP; sin embargo, tal objetivo terminó siendo una mera intención luego de que en el Congreso de la República un importante número de rancios legisladores le metieran mano al contenido de los Acuerdos para evitar la obligatoria comparecencia a la Jurisdicción Especial para la Paz [JEP] de los gremios económicos, los industriales, los ganaderos, los empresarios y toda pelambre de trepadores de la clase emergente que tuvieron nexos o se favorecieron con el actuar criminal de los grupos paramilitares que bañaron en sangre los campos y ciudades en Colombia.

Mientras que en el punto 5.1.2. del Acuerdo Inicial se estableció que el componente de justicia era inescindible y se aplicaría de forma simultánea e integral a todos quienes antes de la entrada en vigor del acuerdo hubieren participado de forma directa o indirecta en el conflicto armado, las mayorías en el Congreso se ocuparon de borrar de un solo plumazo esa obligatoriedad y  en su lugar establecieron la “comparecencia voluntaria” de los terceros, siempre que hubiesen estado involucrados de cualquier forma en la comisión de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.

Esta nueva forma de “comparecencia voluntaria” a la JEP resultó del agrado de quienes aún no tienen procesos penales en curso o sentencias en su contra toda vez que por esta vía, la de la comparecencia voluntaria, pueden burlar la posibilidad de que las víctimas pujen para que sean investigados. No ocurrió lo mismo con quienes están cumpliendo sentencias proferidas por la jurisdicción ordinaria por delitos cometidos con ocasión o en desarrollo del conflicto armado interno o con quienes están siendo investigados por haberse beneficiado por el accionar criminal de las Autodefensas Unidas de Colombia, como es el caso de los denominados parapolíticos.

Bajo el argumento que las conductas en que presuntamente incurrieron sí podrían entenderse cometidas por causa, con ocasión o en relación indirecta con el conflicto armado, recientes pronunciamientos de la Sección de Apelación de Tribunal para la Paz abrieron la puerta para que los ex congresistas David Char y Álvaro Asthon y el ex agente del DAS Martin Sierra accedan a la JEP siempre y cuando cumplan el régimen de condicionalidad, que no es otro que la realización de los derechos de las víctimas a la verdad, a la reparación y a la no repetición.

La puerta que abrió el Tribunal para la Paz podría generar una verdadera estampida de quienes estando cumpliendo altas condenas verían en la pena alternativa serias posibilidades de salir de prisión, estampida que por lo visto será encabezada por Enilse López, más conocida con el alias  “La Gata” y tres de sus hijos de quienes se dice han presentado sendas solicitudes a la Secretaría de la JEP manifestando su disposición para someterse de forma libre y voluntaria a ese escenario judicial.

A sabiendas de que para recibir los beneficios y el tratamiento especial  en la JEP “La Gata” y su camada deben pasar previamente por el peaje de la contribución efectiva al esclarecimiento de la verdad,  la reparación de las víctimas y la no repetición de sus crímenes, la pregunta obligada es ¿qué o cuál verdad será la que van a referir quienes al igual que “La Gata” ya fueron objeto de severas condenas?,  ¿cómo evaluar si lo que se ofrezca como verdad es suficiente como para justificar el enorme sacrificio de sus víctimas?, ¿con qué dineros van a reparar económicamente a sus víctimas si todo el tiempo han dicho que carecen de recursos económicos?

No hay duda que en el caso particular de alias “La Gata” o sor felina como le digo yo, las víctimas esperan que además de reconocer hechos que ya son de conocimiento público, me refiero a la financiación de campañas electorales, debe contar cómo, desde cuándo y en qué montos desfalco al Departamento de Bolívar?, develar, qué gobernadores le favorecieron para asirse sin muchas dificultades a los contratos de venta del chance en el Caribe Colombiano?, revelar a cuántos de sus antiguos socios asesinó para lograr el control de la empresa Uniapuestas?, desenmascarar a los miembros de la fuerza pública que cooperaron en su empresa criminal, destapar los bienes que hoy siguen en cabeza de  sus testaferros, poner en evidencia a todos aquellos que hoy posan de exitosos empresarios, de excelsos congresistas y que gracias a su apoyo se han lucrado del crimen.

Esta huida rápida de quienes en estampida quieren ser admitidos en la JEP para burlar las condenas impuestas en la jurisdicción ordinaria tiene un común denominador, sus relaciones con el Bloque Norte de las AUC, en particular con el Frente José Pablo Díaz, una estructura criminal que durante años asesinó sin piedad y con alevosía a cientos de personas en los departamentos de Atlántico y Magdalena, estructura criminal que se fortaleció militarmente con los recursos económicos que recibió de sus auspiciadores, fortalecimiento militar que le permitido perpetrar tantos y tan horribles crímenes, la mayoría de los cuales hoy se encuentran en total impunidad.

Los defensores de derechos humanos y las víctimas somos consientes que la terminación de un conflicto armado como el que por años hemos vivido en Colombia tiene una alta cuota de sacrifico y esa alta cuota se llama impunidad, sacrificio de justicia que ojalá valga la pena permitir.

@JoseHtorres