No resulta muy fácil, en estos días, escribir sobre el proceso constituyente que está llevando a cabo Chile. El hecho de que estemos entrando a instancias cruciales en el trabajo de las comisiones y los distintos medios por los cuales la ciudadanía se informa o se desinforma, genera un ambiente a lo menos enrarecido. Así lo demuestran las tres últimas encuestas que dieron luces sobre el tema a inicios de la semana recién terminada.

La encuesta Cadem, de Plaza Pública, elevó el Rechazo en 10 puntos, expresado por un 46% de los encuestados, mientras que la opción Apruebo llegó al 40% de las menciones, seis puntos menos que la última medición. Por su parte Pulso Ciudadano habla, en términos estadísticos, de casi un empate entre ambas opciones, con un 35,8% para el Rechazo y un 32% para el Apruebo. Por su parte el estudio de Feedback Research nos arroja un resultado favorable al rechazo con un 44% de los encuestados, tres puntos menos que para la opción Apruebo.

Las encuestas, por más desacreditadas que estén en la opinión pública chilena, generan realidad y es complejo que tres estudios de empresas diferentes estén planteándose en torno a  resultados bastante similares. Las alarmas se encendieron, en su visita a Argentina el Presidente Boric hizo un llamado a la Convención Constituyente en términos de lograr acuerdos más amplios y favorecer instancias de mayor diálogo ciudadano. Al mismo tiempo se empezó a especular con situaciones parecidas vividas en Gran Bretaña para el caso del Brexit o el de Colombia en relación con los acuerdos con las guerrilla, en ambos casos consultas ciudadanas que parecían ganadas pero que perdieron y de manera contundente.

El derrotero del proceso Constituyente en Chile nos indica que es hijo del estallido social de octubre del 2019 y que generó las mayores manifestaciones en Chile después de la luchas contra la dictadura de Pinochet, que se institucionalizó en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución de noviembre del mismo año y que se concretó en dos actos plebiscitarios en que, por una parte se impuso la opción de una nueva constitución a través de una Convención Constituyente elegida 100% por la ciudadanía y luego la misma elección de los constituyentes que arrojó resultados bien interesantes, tales como la baja representación de los partidos políticos tradicionales, en especial aquellos que habían sido gobierno en más de una oportunidad, con un derecha opositora que no alcanzaba el famoso tercio del rechazo (apenas logró un leve porcentaje superior al 20%), mientras que los el Partido Comunista y el nuevo referente de izquierda, el Frente Amplio, salían fortalecidos, al igual que las listas asociadas a movimientos sociales y el llamado Partido del Pueblo.

En ambos actos plebiscitarios se podía percibir una clara correspondencia entre las molestias ciudadanas con aquellos que habían gobernado y que consideraban que no les habían interesado, no habían podido o, simplemente, no quisieron llevar adelante las reformas que la “calle” venía exigiendo hacía mucho rato en aspectos tan sensibles como las pensiones, la salud, la educación, es decir, los derechos sociales que el modelo neoliberal por lo menos desprecia y deja en manos de un mercado discriminador, a través un precio, el acceso o no a servicios de calidad.

La Convención inició sus sesiones el 4 de julio de 2021, con una primera etapa enfocada en darle una orgánica al proceso, que duró bastante tiempo, pero que de acuerdo a otras realidades parecidas, no fue una etapa muy diferente. En la práctica había que institucionalizar una excepción, no sólo para la legalidad vigente, sino que para toda la historia de Chile en que jamás se había vivido un proceso similar. Recordemos además que el Presidencialismo acentuado que se ha materializado a lo largo de casi toda la Historia de Chile y que la Constitución de la Dictadura vino a reforzar, no cuenta con mecanismos para enfrentar situaciones de crisis, lo que elevó al Acuerdo del 15 de Noviembre de 2019, en la instancia que salvó al errático gobierno de Sebastián Piñera de una catástrofe institucional mayor.

Los procesos electorales de variado cuño que cruzaron el año 2021 fueron dando una nueva perspectiva a dichos procesos. Las elecciones presidenciales y, muy especialmente, las parlamentarias no evidenciaron la continuidad de los actos electorales anteriores. Se esperaba que los resultados de los plebiscitos y de los gobernadores regionales chorrearan en ellas, pero esto estuvo muy lejos de suceder. El triunfo en primera vuelta del derechista José Antonio Kast y el empate parlamentario entre las fuerzas de derecha y de izquierda eran un escenario que muy pocos esperaban. Resultaba muy complejo tratar de entender que en unos cuantos meses hubiera cambiado de manera tan dramática el alineamiento de fuerzas, por lo demás, sin un escenario electoral distinto, es decir con voto voluntario y con cifras parecidas en términos del porcentaje de chilenos que concurrió a las urnas.

La segunda vuelta presidencial abrió los apetitos de los dos sectores en carrera y que los llevó a moderar muchos de sus planteamientos con el fin de lograr los consensos necesarios para obtener el triunfo. Lo que está claro, en rigor para los intereses de esta columna, es que ganó la opción que daba un apoyo irrestricto al Apruebo en el proceso constituyente, ya que  quienes se alinearon por Kast tenían una clara sensibilidad orientada al Rechazo.

El proceso de instalación del gobierno fue un proceso más que esperanzador para el trabajo de la Convención Constituyente. Un nuevo gobierno, que representaba con claridad las reivindicaciones ciudadanas expresadas en los constituyentes, llevaba a cabo un proceso de instalación con muchos guiños emocionales a un pasado de luchas sociales y con perspectivas de un futuro comprometido con los problemas reales de la gente. Hace cinco semanas Gabriel Boric asumió el poder y cualquier cientista político que hiciera un análisis racional, desprovisto de la trinchera política desde la que muchas veces se escribe, podría pensar que era un tremendo espaldarazo para el proceso constituyente y para los convencionales que podrían sentirse más tranquilos y empoderados.

Sin embargo los resultados de las encuestas nos llevan por carriles muy distintos a los esperados y vale la pena tratar de reflexionar en torno a esto que, viene a darnos la razón en función de columnas anteriores, cuando he planteado que el mundo en el que nos movemos es el escenario de las incertidumbres. En la práctica difícilmente podemos ver, a mediano o largo plazo algunos procesos, la intensidad de lo cotidiano nos invade y nos invisibiliza ese futuro y debemos estar muchas veces dispuestos más a evaluar las condiciones responsables de tal o cual proceso que, cual sacerdote de Delfos, podamos sentir las certezas de proyectarnos al respecto.

Desde dicha perspectiva podemos dar varias explicaciones al respecto y muchas de ellas tienen en esencia el germen de la incertidumbre, es decir, son acontecimientos que difícilmente podríamos prever pero que sin duda impactan en la Constituyente: los errores de la ministra del interior con respecto a declaraciones y acciones en función del conflicto del Estado Chileno con el Pueblo Mapuche, las irresponsables declaraciones realizadas por la misma ministra Siches en relación a una avión con venezolanos deportados por el gobierno de Piñera y que habría vuelto al país con todos los expulsados. En ambos casos la ministra pidió disculpas y asumió su error, pero ello en política vale tanto como un saludo a la bandera, el daño se instala y ya.

Al perder capital político la ministra mejor evaluada del presidente Boric en las primeras semanas, pierde el gobierno y también la opción constitucional que representan; las controversias entre las nuevas autoridades de Educación y el Colegio de profesores, parecen más una continuidad de los conflictos con el gobierno anterior; el Índice de Precios al consumidor que superó todas las expectativas de los especialistas con un 1,9%, sumando más de un 9% para los últimos doce meses, cuando el país hace apenas un par de años parecía tener controlada la inflación en cifras en torno a un 3,5%. Lo anterior es claramente perceptible para una ciudadanía que ha visto subir el precio de los alimentos, claro está por causas que ya venían desarrollándose y por el escenario internacional, invasión a Ucrania incluida,  tan sensible para una economía como la chilena que es la segunda más abierta al mundo; el aumento de la Tasa de Política Monetaria por parte del Banco Central en más de ciento cincuenta puntos bases, elevándola al 7% e impactando fuertemente en los préstamos y créditos, en especial en los hipotecarios; y para colmo, la nueva propuesta de un retiro de los fondos previsionales que vendría a calentar aún más la economía

También debemos valorar el impacto de las redes sociales y de lo que circula en la toda la prensa del país. Sabemos que Chile se caracteriza por una concentración de los dueños de los medios de comunicación y que ha sido evaluada negativamente para su democracia en las mediciones internacionales realizadas. Para colmo el impacto de la nueva forma de informarse, las redes sociales, en donde puede circular todo, verdades duras y complejas como también terribles e interesadas falsedades, con una ciudadanía con pocas herramientas para diferenciar lo falso de lo verdadero.

Un destacado periodista chileno, Daniel Matamala, publicó el fin de semana pasado una columna de opinión con el título de “Todo Vale” en la que desnudaba a medios periodísticos escritos, televisivos y radiales con respecto a hacer circular información interesada y falsa sobre temas tan sensibles como el saqueo de los fondos previsionales , el supuesto ninguneo de los convencionales a las iniciativas populares más votadas, una tercera opción al proceso constituyente planteado por la “Comisión de Venecia”, e incluso una radio, Agricultura, llegando a afirmar que una encuesta daba un 98% de intención de voto al rechazo. Todos aspectos claramente desmentidos por Matamala, e incluso para el caso de la radio agricultura, explicitando el nivel de ridiculez de los datos entregados.

Por su parte la ONG Derechos Digitales aportó una nueva encuesta que indicaba que un 58% de las personas consultadas indicó haber conocido información sobre la Convención Constitucional que resultó ser falsa, principalmente a través de las redes sociales. Lo preocupante es que el mismo sondeo revela que el 66% de la información a la que acceden las personas proviene de dichas redes. Aún hay más, 6 de cada 20 personas reconocen haber compartido información que resultó ser falsa, lo que apunta a que las redes sociales son una nueva trinchera ideológica, que se maneja según las preferencias y con graves sesgos de información.

Sin duda que no están tranquilos los 154 convencionales chilenos que trabajan para dar a Chile una nueva constitución. El escenario se ha complejizado, incluso desde ella misma ha surgido información interesada y falsa, claramente instalada por aquellos que están ahí como parte de la opción Rechazo, de ése fracasado tercio obstruccionista que busca nuevos medios de acción para defender sus intereses. Se quejan de la poca consideración que han tenido con ellos, pero olvidan para qué se candidatearon y que la democracia, hasta dónde sé por lo menos, es el gobierno de las mayorías.

La Convención Constituyente tiene la mayor legitimidad de origen en la historia constitucional de Chile y ello parece que a muchos se les olvida. Se niegan a negociar una nueva carta constitucional por las presiones del estallido social, nunca propusieron nada alternativo, por el contrario se confabularon muchas veces en contra de cualquier proceso institucional al respecto y de paso defienden la más espuria de las constituciones que Chile ha tenido a lo largo de toda su historia. Alegarán que ha sido reformada, sí, pero a cuenta gotas y controlado el proceso de reforma por los mismos que se visten con ropajes democráticos y fueron cómplices directos de la dictadura más atroz de nuestra historia.

Es el momento de dejar trabajar a los constituyentes y esperar al mes de mayo cuando ya tendremos un borrador más cercano a lo que estipulará la futura constitución. Las decisiones de las comisiones no son definitivas, dependen del acuerdo necesario del Pleno de la Convención y, más aún, depende de nuestra soberana decisión que en el plebiscito de salida, fijado para el 4 de septiembre, podremos plantearnos claramente sobre un texto final, aprobando o rechazando, de acuerdo a nuestras convicciones, con el anhelo de un interés más colectivo que individual, que favorezca un proceso de integración nacional, que nos dé, en la medida de lo posible, ciertas certezas de presente y de futuro. Es hora de dejar de lado las histerias colectivas que son caldo de cultivo de una prensa interesada y de poderes fácticos que esconden sus intereses en los medios que controlan y  en las anónimas redes sociales.