El 7 de agosto Colombia estrenará gobierno. Y en materia energética, el nuevo presidente recibirá un sistema tensionado por cuatro frentes simultáneos: un Súper Niño confirmado por el IDEAM, embalses que al cierre de junio estaban en 74,7% de capacidad, cuando XM proyecta que deberían superar el 80% antes de agosto, cerca de 5.000 megavatios de proyectos renovables atrapados en trámites, y una empresa como Air-e que le debe más de 2 billones al sector eléctrico. No es una crisis anunciada. Es una crisis que ya está aquí.

Colombia parte con una ventaja: alrededor del 65-70% de nuestra electricidad viene de generación hidráulica, y eso nos ubica en una posición favorable frente al reto climático global. Pero esa fortaleza es también nuestra vulnerabilidad. Cuando deja de llover, el sistema se apoya en generación térmica, particularmente en las plantas que funcionan con gas. Y ahí, donde termina la lluvia, empieza el problema real: las reservas de gas del país alcanzan para menos de 6 años. En 2025 la producción cayó 17% y el país tuvo que importar gas para cubrir su demanda esencial, una señal que no debería normalizarse. Para 2026 se estima que esa dependencia de gas importado subiría al 25%.

Esa es la realidad que el nuevo gobierno encuentra: dependemos del agua que puede faltar, del gas que cada vez cuesta más traer, y de plantas térmicas que están al límite financiero porque no reciben pago oportuno. Y no hay política energética seria que pueda ignorarla.

El próximo gobierno ha sido explícito en su apuesta por la reactivación de la exploración de hidrocarburos y por evaluar el potencial del fracking bajo estándares técnicos y ambientales rigurosos. Y aunque esa postura genere ruido en algunos sectores, la realidad es que Colombia necesita gas, necesita reservas, necesita autosuficiencia energética durante los próximos años. Sin hidrocarburos no hay recursos para financiar la transición ni respaldo firme para el sistema eléctrico. La apuesta, sin embargo, solo tiene sentido bajo una condición: que la transición energética siga siendo el norte irrenunciable de la política energética del país. No es fósiles o renovables. Es fósiles para financiar y respaldar a las renovables mientras estas escalan.

En esta ecuación el Caribe tiene un rol que no se ha aprovechado. Somos la región con más sol y más viento del país, con proyectos offshore como Sirius que podrían garantizar autosuficiencia de gas por décadas. Colombia lleva años buscando su transición energética sin mirar suficientemente hacia donde el viento siempre ha soplado. Y aun así, seguimos pagando las tarifas más altas del país por un servicio que muchas veces no llega.

El equilibrio energético no es fácil, pero tampoco es un misterio. El nuevo gobierno y quienes llegamos al Congreso tenemos tareas que no admiten demora: coordinar con MinMinas, CREG, UPME y XM para que el país conozca, con fechas y responsables, el plan real para destrabar los proyectos represados, resolver la deuda acumulada con el sector eléctrico antes de que el efecto dominó sea irreversible, y definir qué respaldo firme tendrá el sistema si los embalses no llegan donde deben llegar antes de agosto. No son tareas del próximo cuatrienio. Son tareas del próximo semestre. El Caribe ya esperó suficiente.