Las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile están a la vuelta de la esquina. El proceso, tal como lo hemos relatado en columnas anteriores, ha tenido sus características distintivas en términos de los sectores políticos y también, por cómo es de costumbre, el rol que juega el gobierno saliente, de Gabriel Boric, que se mueve, como muchos de los anteriores, en los límites de la prescindencia y en la necesidad de defender su obra. No es, para nada raro, que los que aspiran a la alternancia en el poder, se centren en sacar al pizarrón al gobierno de turno como una estrategia electoral conocida y, por qué no decirlo, probada.

Acabo de cumplir sesenta años y ya en el último cuarto de la vida, uno hace, de cualquier situación por lo demás, sus propias evaluaciones y recuerdos. Con respecto a lo último, he recordado que la primera vez que voté fue para el plebiscito de 1988 en que la ciudadanía, no sin temor a un fraude electoral, tuvimos la posibilidad de derrocar a la dictadura de Pinochet. El proceso no dejó de ser complejo, la conformación de los registros electorales, la maquinaria del gobierno en pro de la continuidad de la dictadura y las ramificaciones de un poder que había regido sin contrapeso los destinos del país por más de diecisiete años, no eran temas a menospreciar. Más allá del último intento del dictador por desconocer los resultados, que sólo se entregaron cerca de las dos de la mañana del día siguiente, fue una experiencia que nos llenó de esperanzas e ilusión de poner fin, de aquella manera, a uno de los períodos más oscuros de la Historia de Chile.

Es en ese contexto en que aparecen en mi retina los primeros esfuerzos estadísticos por levantar encuestas que buscaban sacar la foto política del momento y lograr acercarse a los resultados reales verificados en una elección. Es el momento en que las encuestas, sus gestores e historia se entremezclan íntimamente con el acontecer político y mediático de Chile.

El modelo neoliberal y la tendencia a la despolitización profunda generada desde las primeras medidas por la Dictadura Militar en Chile, llevó a que las empresas que abrieron el nicho de las encuestas se dedicaran a vender información de mercado, en un contexto de aumento de competencia y de la llegada de nuevas tecnologías.

El ideario establecido por la Constitución de 1980, permitía la reinscripción de partidos políticos, la apertura de los registros electorales y el plebiscito de 1988, ampliaron el margen de acción y nacieron sondeos políticos que comenzaron a jugar un rol importante en la discusión pública nacional. Desde ese momento el mundo de las encuestas ha transitado entre aciertos y fracasos, envueltas en más de una crítica por situaciones de manipulación, reconociendo que su instalación generaba importantes mensajes que podían impactar en la realidad, acusándoles, en más de una oportunidad, de dañar la democracia.

Por ejemplo, para el Plebiscito de 1988, las empresas especializadas en la realización de encuestas estaban en pañales, y con poca experiencia en la dimensión política. El temor que reinaba por aquellos años debe haber impactado en el trabajo de los especialistas y, lo que es peor aún, se pusieron de lado de temor y alteraron de manera mañosa los resultados de varias de ellas. No recuerdo, previo al plebiscito del 5 de octubre, una encuesta con un alto nivel de publicidad que haya dado por ganador a la opción de la no continuidad de la dictadura de Pinochet.

Viene a mi memoria una encuesta de Adimark, empresa emblemática para la época, pero que más que consultar a los ciudadanos por su opción de voto, preguntaba quién, si el gobierno o la oposición, estaba en condiciones de enfrentar de mejor manera aspectos referidos a la seguridad ciudadana, el crecimiento económico, el respecto a los derechos humanos, entre otros. Sin duda que los temores campeaban en el Chile de 1988 y difícilmente la gente se iba a plantear con tranquilidad en lo referente a su opción de voto. Lo que sí recuerdo con claridad es que los sondeos verificados en dos momentos, antes y después de inicio de la franja televisiva electoral, develaron la relevancia que tuvo para la oposición contar, por primera vez, con un espacio que permitiera visibilizar sus planteamientos. Entre julio y septiembre, los indicadores movieron su aguja con una saldo favorable a la oposición, que a la postre fue determinante en el resultado final del proceso.

En el mismo contexto la encuesta dos momentos, del Centro de Estudios Públicos, en de junio y octubre de 1988. La primera entregaba un empate técnico en las opciones del plebiscito, pero luego, una desarrollada cerca de la fecha del plebiscito, que daba un amplio margen a favor de la opción del “No” a la dictadura, no fue publicada. Se dijo que la razón era la cercanía en la fecha del plebiscito, pero que para la cultura popular tenía más relación con la reacción que podrían tener los sectores reaccionarios del gobierno y de la derecha que se desvivían por presentar encuestas que daban ganador a la opción del “Sí”, y por lo tanto, a la continuidad del régimen.

Lo anterior es el fundamento histórico para precisar un aspecto que considero relevante, el impacto que pueden tener las encuestas, más allá de su nivel de certeza, en el imaginario colectivo y en la orientación del voto. Hoy en Chile, previo a proceso eleccionario del próximo domingo 16 de noviembre, las encuestas campean con resultados más o menos parecidos, con explicaciones más o menos creíbles, con empresas conocidas y desconocidas y sin tener en cuenta, gran parte de la ciudadanía, que muchas de ellas tienen nexos profundos con los llamados “centros de pensamiento” de los más variados partidos políticos.

¿Cuánto influyen las encuestas en la generación de opciones y opiniones en la ciudadanía? ¿Quién regula la transparencia de los procesos que desarrollan? ¿Qué “favores” y qué “daños” pueden generar a un partido o a algún candidato? ¿Quién se hace cargo al momento que aparezcan sensibles diferencias con los resultados reales el día de la elección? Son una serie de interrogantes que me vienen generando más de una preocupación en el último tiempo.

Estoy cierto de que hay estudios que demuestran que las encuestas sí influyen en la opinión pública, ya que la influencia de ellas es bidireccional, es decir, no sólo miden la opinión pública, sino que también pueden modelarla.

Está comprobado el llamado efecto de arrastre que tienen los sondeos de opinión, las personas quieren ponerse del lado del ganador, construyen la noción de que es la opción más viable y legítima y, por el sentido de pertenencia, buscan evitar el aislamiento. Lo anterior repercute en la famosa frase de “no quiero perder el voto”. Trato de inculcar en mis alumnos y en aquellos que me consultan que el voto sólo se pierde cuando renuncio a mis convicciones, no importa si mi candidato marca menos de un 1% en las encuestas.

Las encuestas también impactan en el nivel de participación, más aun en los sistemas electorales de voto voluntario. Sí se cree que su candidato ganará es muy posible que movilice con mayor claridad a sus partidarios; si creen que no tiene posibilidades, pueden provocar desmotivación y hasta apatía; y , por último, si la elección está reñida, puede impactar positivamente a la movilización, ya que sienten que su voto puede ser decisivo.

Hoy las encuestas campean en Chile, nos falta regulación al respecto, está claro que influyen en la toma de decisiones y pueden manipular la opinión pública, más aún en los espacios en que la gente hoy se informa con escasos mecanismos de regulación. ¿Será el momento de crear una superintendencia de encuestas de opinión? O ¿me he pasado tres pueblos?