El 25 de agosto pasado se dio un paso más, de una etapa relevante en la Historia de Chile, que se  espera que concluya con una nueva carta constitucional. Las movilizaciones sociales iniciadas el 18 de octubre del año pasado y el acuerdo firmado por casi todos los partidos políticos el 15 de noviembre abrió una etapa inédita de un proceso constituyente que involucra directamente a la ciudadanía.

El debate, a pesar del contexto de pandemia, no se ha dejado esperar y ha generado una preocupación de la opinión pública que, se espera, vaya aumentando con el paso de los días y la proximidad del plebiscito de entrada para la propuesta constituyente.

Desde la mirada de los especialistas, se espera que genere un debate de altura de miras que favorezca un proceso de aprendizaje en la ciudadanía, sobre los más diversos  tópicos que merece la pena exponer y aclarar.

Desde una perspectiva puramente administrativa se ha establecido un plebiscito de entrada en que la ciudadanía deberá expresar si quiere o no una nueva carta constitucional y, de pronunciarse   mayoritariamente por la opción afirmativa, también decidir cuál es el mecanismo en el que se discutirá. Las opciones son una Convención Mixta con igual número de representantes elegidos por el Congreso Pleno y otros por votación ciudadana, mientras que la segunda opción es a través de una Convención Constituyente elegida de manera íntegra por elección popular. Una vez establecido el mecanismo se establece el proceso de elección de los constituyentes, el tiempo que tienen para discutir la nueva constitución y un plebiscito de salida, en que la ciudadanía  aprobará o rechazara el documento final emitido. Vale destacar que el plebiscito de salida, a diferencia del de entrada, tiene un carácter obligatorio para la ciudadanía, situación que no deja de generar discusiones.

La propuesta constituyente ha instalado una serie de temas que no solo  han generado debate en la opinión pública, sino que también han conflictuado a los mismos partidos políticos de gobierno que, por los más diversos motivos y hasta por estrategia, se han dividido entre las opciones Apruebo y Rechazo. Resulta llamativo que los líderes de la opción Rechazo fueron actores principales del acuerdo del 15 de noviembre por una nueva constitución para Chile y han instalado un discurso alternativo que tiene como lema “Rechazo para reformar”,  según el cual permitirían rescatar lo bueno de la actual carta y agilizar los procesos de reforma que un largo proceso constituyente sin duda que ralentizaría.

La discusión sobre la legitimidad de la carta constitucional, tanto la actual como la posible nueva constitución no dejan de ser temáticas relevantes. La mayoría de los que se han pronunciado por la opción Apruebo consideran que la Constitución de 1980 tiene graves problemas de legitimidad de origen debido a un plebiscito realizado sin registros electorales, en el contexto de una dictadura cívico militar y sin posibilidad de propaganda para aquellos que estaban en contra de dicha carta; también una legitimidad de contenido ya que presentaba graves limitaciones al ejercicio del poder civil, con unas Fuerzas Armadas garantes del principio de la democracia protegida, que excluía a sectores políticos de izquierda y  consagraba la inamovilidad de los comandantes en jefe (recuérdese que Pinochet siguió a cargo del ejército todo el gobierno de Patricio Aylwin y para del de Frei Ruíz Tagle); e incluso una legitimidad de contexto en que el proceso que ha vivido el país, la complejidad de las democracias actuales y el concepto de emergencia de los derechos humanos demandan una carta más cercana a los tiempos, aspectos de los que la actual constitución no se haría cargo. La idea de los que están por el Apruebo es que un ambiente democrático y pluripartidista abra un debate franco para construir, metafóricamente hablando, “la nueva casa de todos”.

Los que están por el Rechazo, si bien reconocen la ilegitimidad de origen de la nueva carta, no están muy de acuerdo con los otros dos presupuestos de ilegitimidad. Apelan que la actual constitución ha sido modificada muchas veces, que los llamados resabios autoritarios de la carta desaparecieron con las reformas del 2005 y el fin del sistema binominal y que para actualizar los preceptos de la carta basta con los mecanismos de reforma que contempla y así no caer en la ilegitimidad de contexto. Los sectores del Apruebo lo rechazan y creen que la carta ha sido reformada a cuenta gotas, en aquello que el grupo privilegiado por las clausulas antidemocráticas y las leyes de amarre ha permitido, sacando en cada momento las cuentas políticas más que favorables (una democracia de los acuerdos bastante condicionada).

El tema de las discusiones por la legitimidad no quedan allí, el posible nuevo ordenamiento constitucional también tiene su detractores al respecto, esgrimen que el ambiente de presión social instalado desde el 18 de octubre pasado, no es el más favorable y tensiona el proceso generando una presión ilegítima que también se puede extender a la discusión del contenido de la constitución. Discuten si las condiciones de pandemia y el alto ausentismo electoral en los últimos años en Chile puedan también generar una nueva constitución con ilegitimidad de origen producto de una posible escasa participación ciudadana.

El proceso de negociación del acuerdo del 15 de noviembre del 2019 generó dos figuras que vale la pena discutir: por una parte se tomó el acuerdo de crear una nueva carta constitucional sobre lo que se llamó “un papel en blanco” que significa no tomar como base la actual constitución y; el famoso requisito de los 2/3 para aprobar cada uno de los nuevos artículos  y de la propuesta en general de la futura constitución.  Ambas situaciones con aspectos, al menos, discutibles.

La famosa hoja en blanco es más un decir que una realidad, hay una serie de tratados internacionales que Chile ha suscrito y que condicionan muchos de los contenidos más debatibles de la nueva constitución, recordar que, por ejemplo, en materia de Derechos Humanos, Chile tiene suscritos 17 de los 18 acuerdos y protocolos más relevantes al respecto, que decir en materia de salud, Medio ambiente, Migración  o Comercio, en fin hay un piso jurídico que no puede obviarse.

Con respecto al quórum de dos tercios no deja de ser llamativo, se ha planteado que es la condición que nació desde el gobierno de Sebastián Piñera como medida de contrapeso a la “hoja en blanco” y que genera más de alguna preocupación al respecto, como por ejemplo la escasa claridad expuesta hasta el momento sí,  en muchos aspectos del futuro debate constituyente,  no se logra dicho quórum. Es por ello que algunos ven, en los sectores de la derecha que se han planteado a favor del Apruebo, como una estrategia para no sentirse derrotados en el plebiscito de entrada (no quieren repetir la experiencia del plebiscito del 5 de octubre de 1988), proyectar una imagen favorable a lo que se cree es la gran parte de la población que está por el Apruebo (por lo menos así lo expresan las encuestas de opinión y las masivas movilizaciones que, por muy heterogéneas que fueran en sus demandas, coincidían en que la piedra en el zapato era la carta de 1980), tener posibilidad  de ser elegidos como constituyentes y aprovechar el elevado quórum para impedir modificaciones consideradas, por ellos, radicales. Son muchos los que no creen en el Apruebo de figuras como Joaquín Lavín (alcalde de la comuna más rica de Chile) o del ex pre candidato presidencial, Pablo Longueira que irrumpió con un singular discurso y propuestas que ponen en jaque a su partido político que ya había expresado su posición a favor del Rechazo.

La situación de pandemia no deja estar en el tapete de la discusión al respecto. El Servicio Electoral se ha pronunciado que es imposible generar un voto domiciliario para las personas infectadas de coronavirus a la fecha de plebiscito; la oposición urge una ley que genere recursos para que dicha situación se realice y;  la legislación electoral en Chile no contempla la eximición de la participación política por motivos de salud. Sin duda que el país se encuentra en un Estado de Excepción Constitucional, Estado de Catástrofe, y que genera instrumentos de mayor poder a la autoridad política con respecto a temas de desplazamiento y libre circulación de las personas. Sin duda un pelo más en la sopa.

Los que están a favor del Apruebo consideran que el proceso es relevante y necesario en el contexto de un sistema político que se ha deslegitimado y que no ha dado respuestas a las grandes problemáticas que, solo la calle, ha instalado en la discusión entre el gobierno y el parlamento. Lo anterior es a tal punto cierto y se corrobora en el hecho de que, aún antes de las condiciones impuestas por la pandemia, el programa de gobierno de Sebastián Piñera fue superado por la fuerza de las movilizaciones y la amplia aceptación de las reivindicaciones planteadas a través de las protestas más masivas de la historia de Chile.

La discusión aún está en pañales, los aspectos a considerar son profundos y variados, nos hace bien, más aún en las condiciones de encierro en que nos encontramos muchos chilenos, generar un diálogo abierto y participativo sobre estos y otros temas, que aporten a la cultura cívica y democrática, que eleve a los ciudadanos al rol preponderante de las decisiones políticas, que relegitime nuestras instituciones,  que empodere desde la inclusión, desde la posibilidad de sentirse parte, de ser considerado y de aceptar, como lo demanda el juego democrático, la decisión de las mayorías (muy mayoría por lo demás,  recuerde los 2/3 de quórum) pero con respeto a las minorías.