Muchos en la región se preguntan cuánto ha avanzado el proceso constituyente en Chile y cómo se va construyendo el camino hacia la nueva institucionalidad. Después de más de un mes del plebiscito que consagró la iniciativa constituyente a través de una Convención Nacional completamente elegida por votación popular, merece algunas reflexiones sobre los temas más sensibles que han salido al debate político.

Los sectores derrotados en octubre pasado se siguen aferrando a mantener una carta constitucional que, como ya me he planteado en columnas anteriores, no soporta ninguna prueba de legitimidad, ni de origen, ni de contenido ni de contexto. Para dichos sectores la posibilidad que se discuta una nueva constitución no tiene nada de bueno, como agoreros del cataclismo  en que, en palabras de Hernán Büchi, ex ministro del interior de la dictadura (un fiel representante de esa derecha dura que votó en contra del proceso constituyente), no es más que una expresión de dogmatismo democrático y populista que se impone y que acelerará el proceso de decadencia de Chile.

Tomo las palabras del ex ministro de una entrevista realizada en la sección de reportajes de El Mercurio del domingo recién pasado y que es una expresión más de la teoría del colapso anticipatorio que ha construido dicho sector político para deslegitimar los procesos sociales y las medidas que buscan poner fin a un sistema que pregona una supuesta meritocracia pero que no es nada más que la forma de discurrir una narrativa, con ciertos tintes de intelectualidad, con el fin de mantener prebendas y privilegios de un sistema que a todas luces perpetúa la desigualdad.

Recordemos que esta teoría del colapso, de “Chilezuela”, del país incendiado, de la destrucción de una institucionalidad que ha favorecido el crecimiento y el desarrollo, la hemos escuchado muchas veces desde fines de octubre del año pasado y, en la mayoría de los casos, el tema no termina ni en el colapso o la decadencia, sino que más bien con un derecha que se suma a lo que ayer tanto criticaba. Pensemos por ejemplo en la propuesta del retiro del 10% de los Fondos Previsionales, que después de un primer trámite constitucional demonizado por los sectores más duros de la derecha,  es hoy el gobierno de Piñera el que, sólo un par de meses después, entra al mismo debate político y favorece un segundo retiro.

Llama la atención que los mismos sectores políticos quieran invalidar un proceso constituyente que fue aprobado por 4 de cada 5 chilenos que concurrieron a las urnas en octubre pasado. Es difícil encontrar, en la historia de la democracia electoral chilena, tan categórica legitimidad de un proceso, en un acto que fue tremendamente pacífico y que, para aquellos que creemos en la democracia, una jornada que difícilmente olvidaremos por la relevancia y el simbolismo que encierra en la posibilidad de terminar con las estructuras elitistas del juego político en Chile y empoderar a una ciudadanía que quiere avanzar hacia una democracia participativa.

Resulta complejo que aquellos que defienden la obra de la dictadura con un desprecio preocupante por las violaciones a los derechos humanos, las políticas de exclusión, la imposición a través del miedo y de la violencia de no sólo una institucionalidad política refundacional, como la llamaron en su momento, sino también de un modelo económico que, desde 1974 a la fecha, arroja resultados positivos sólo para una minoría y con una brecha en el nivel de ingresos que pone a Chile en el lugar número uno a nivel mundial en temas de desigualdad, deslegitimen el proceso por los actos de violencia previos que habrían obligado al país a aceptar la posibilidad de discutir una nueva carta constitucional. Me pregunto, ¿Qué más violento que vivir bajo una dictadura? ¿Qué más violento que imponer un modelo económico por decreto sin la posibilidad de ningún espacio para la discusión? ¿Qué más violento que la descarada concentración de la riqueza que muestra un país de exitoso crecimiento económico en que el 1% de la población concentra el 33% de los ingresos totales del país?

No soy partidario de ningún tipo de violencia, pero la violencia social, silenciosa, ocultada por sensacionalistas reportajes sobre el exitoso modelo económico, negaron por mucho tiempo una realidad que, al no haber voluntad política de una clase dirigente que se sintió cómoda en sus privilegios, que no se sensibilizó con esos procesos ocultos u olvidados, que favoreció una tremenda distancia entre el mundo político y el mundo social, no puede excluirse del análisis. Ésa misma elite debe asumir su cuota de responsabilidad en dichos actos de violencia que algunos quieren elevar al nivel de deslegitimar el proceso constituyente en Chile.

Hay muchas preguntas que pueden dar continuidad a la narrativa propuesta, como por ejemplo: ¿Dónde estaban aquellos que hoy invalidad el debate constituyente cuando en el  gobierno de Michelle Bachelet se plantearon los diálogos ciudadanos para una nueva constitución? ¿Qué dijeron y qué hicieron cuando un perverso sistema previsional arrojaba pensiones indignas para un alto porcentaje de los jubilados del país? ¿Cuándo los datos del ministerio de Salud decían que más de 17.000 chilenos (más que los que, según cifras oficiales, han muerto por coronavirus) murieron en un año esperando ser atendidos por el sistema público? ¿Cuándo apenas un 20% de los chilenos que pertenece a la salud privada gozan del mismo presupuesto para atender al 80% restante de la población? ¿Cuándo el agua fue privatizada? ¿Cuándo se cometieron los abusos y colusiones de las farmacias, del papel higiénico, del pollo que afectaba directamente los bolsillos de los chilenos más pobres? ¿Cuándo se aprobaba una ley de pesca o la ley del royalty a la minería con una fuerte intervención del sector empresarial y desprecio sobre los pescadores artesanales, los trabajadores mineros y en definitiva de todos los chilenos que tienen derechos a obtener una parte de las riquezas de su territorio? ¿Cuándo las multitiendas repactan unilateralmente y  con intereses ilegales las deudas de millones de chilenos que, a través del endeudamiento perpetuo, siguen depositando en las arcas del 1% más rico de este país? ¿Cuándo el director de Servicios de Impuestos Internos rebaja sumas millonarias de multas a los grandes empresarios  y la banca privada? ¿Cuándo, al mismo tiempo, la banca privada, de las cual son dueños los mismos que fueron beneficiados con las rebajas tributarias y de multas, les quitan casas, departamentos y propiedades a los ciudadanos de a pié que no pueden pagar su crédito hipotecario?

Es importante visibilizar la violencia social, no para justificar los actos de violencia que habrían presionado a favor de una nueva institucionalidad, sino que para hacernos cargo de nuestras responsabilidades y de la miopía política de la elite dirigente que no pudo prever que, estos mismos actos que hoy reniegan son el resultado de un sistema excluyente y abusivo del cual son directamente responsables.

Chile está en un camino trazado por el plebiscito de octubre de este año, por primera vez en nuestra historia se han abiertos las puertas para una participación mayoritaria en donde todos pueden y deben ser escuchados, pero con la lógica de construir desde la integración que reconozca la importancia de todas las voces, apoyar desde la solidaridad para construir una sociedad más justa que renueve el pacto social y del cual todos nos sintamos parte. Si algunos piensan poner piedrecitas o rocas en el camino, que por lo menos la crítica este acompañada de una conducta cercana a las preocupaciones que se levantan. Cuidado con los techos de vidrio.