La tesis marxista de la separación del capital del trabajo, a partir de la aplicación del modelo económico capitalista, provocó que el trabajo se convirtiera en un factor productivo más que, a diferencia de otros factores productivos que se miden con la balanza, se mide con el reloj. Desde este momento el obrero ofrece su mano de obra, que resulta ser fundamental en el proceso de producción, a cambio de un sueldo que le permita una adecuada calidad de vida para él y su familia.

Le realidad apuntó hacia una relación distinta a los postulados clásicos de la no intervención del Estado en la economía, ya que el mercado laboral (como cualquier otra relación entre la oferta y la demanda) se organizaría de manera equilibrada por la famosa mano oculta heredada de los fisiócratas franceses.

La situación de dependencia del empleado con respecto al empleador generó una relación asimétrica que favoreció el desarrollo de la concentración de capital a manos de una elite,  que aumenta y crece con aquella parte del trabajo no remunerada por el empleador, expresada con claridad por Fernando Lassalle a mediados del siglo XIX,  en la llamada ley del bronce del salario,  que establecía que el sueldo natural está determinado por el costo de la vida del obrero, no pudiendo sobrepasarlo (herencia de las leyes de pobres del mercantilismo). Todo trabajo no pagado (la plusvalía para Marx), era la fuente complementaria a los intereses, que permitieron al gran empresariado generar grandes concentraciones de capital. Este sector, celoso de esta concentración,  buscó protegerla de las más variadas maneras, incluso desde una perspectiva que rozaba con cierta misión nacional, al transformarla en una necesidad imperiosa, ya que generaba crecimiento, empleo y desarrollo, el famoso capitalismo patriótico (La teoría de la dependencia económica lucha en contra de esta idea en la América Latina de la segunda mitad del siglo XX, y creo que hasta hoy en día).

La clase trabajadora se encontró en una situación desmejorada que buscó enfrentar de manera directa primero (las agrupaciones de trabajadores, las mutuales, las mancomunales) y luego demandando la intervención del Estado a través de leyes que favorecieran un cierto grado de protección.

No fue fácil implementar una primera forma de discriminación positiva, ya que los sectores privilegiados sentían que la intervención del Estado a favor de un grupo determinado afectaría el principio fundamental de la igualdad ante la ley. Vencer la resistencia y comprender que el Estado debía garantizar ciertas condiciones mínimas que favorecieran una situación menos asimétrica entre el empleador y el empleado, fue una primera conquista que inmoló sangre y vidas de obreros.

La Cuestión Social pasó a ser una Cuestión Política con las leyes de contrato laboral, accidentes del trabajo, mediación y arbitraje, descanso dominical, en fin, leyes sociales que se expresan de manera diacrónica en muchos países de Latinoamérica a principios del siglo XX. La intervención del Estado sacó de la esfera privada y familiar la preocupación por las malas condiciones laborales de los obreros y de vida de los obreros  y las politizó.

Los logros y avances de la clase obrera, que parecían relevantes, a la luz de la realidad histórica se demostraron completamente insuficientes. La Crisis Económica de 1929 desnudó una realidad dramática, sus nefastas consecuencias sociales eran en gran medida  una respuesta a la inexistencia de programas de prevención social que permitieran enfrentar los períodos de recesión económica.

En dichas circunstancias el capitalismo debió ser renovado y humanizado a partir de los planteamientos de John Keynes (padre de la macroeconomía) que plantea que el mercado por sí sólo es incapaz de equilibrar la oferta y la demanda y de generar un pleno empleo de los factores productivos sin la intervención del Estado. Keynes definió la relevancia del gasto público de manera anti cíclica, lo que abrió la puerta a una serie de mecanismos de protección social que se activan con la debida anticipación por cada uno de los Estados del mundo (por más capitalistas que se definan) y que favorece reducir el impacto negativo, tanto en términos económicos como sociales, en los períodos de crisis.

Keynes comprometió de manera definitiva la aplicación de un liberalismo ortodoxo y demostró que la demanda agregada, generada por el gasto público en sus más variadas expresiones, no sólo era una necesidad social, sino la única que permitía dinamizar la economía y favorecer el pleno empleo de sus factores. Nacieron los Estados de Bienestar que se mantienen en muchos de los países que admiramos en términos de calidad de vida, derechos socioeconómicos, acceso a los bienes y servicios y distribución de la riqueza, entre otros.

La aplicación, bastante generalizada, del modelo keynesiano en el mundo capitalista se extendió hasta la década de 1970. Desde mi perspectiva y fundamentado en el nivel de riqueza producido por dichas economías en los 25 años que trascurren entre 1948 y 1973 (la llamada Edad de Oro del Capitalismo) y en la reducción de la brecha a nivel de ingresos entre países y al interior de los países, el modelo keynesiano más que fracasar sufrió un golpe de Estado proveniente de economistas neoliberales (de la escuela austriaca y de la de Chicago) que veían en sus planteamientos, una amenaza ideológica para la democracia liberal.

Conceptos como Estado Empresario o Planificación olían mucho a marxismo y por ende, un mercado poderoso y libre de presiones estatales era la garantía fundamental para la sobrevivencia ideológica del liberalismo. En definitiva, se elevaron una serie de fundamentos que demostraban que el Estado era un mal administrador (sin duda que creíble desde la lógica empresarial privada que no se preocupa de objetivos sociales) y que terminaron por justificar su reemplazo.

El neoliberalismo despolitizó muchas de las antiguas responsabilidades socioeconómicas  y traspasó al mercado la posibilidad de ofertar, a determinado precio, muchas de las conquistas sociales, económicas y culturales que, desde la lógica del Estado de Bienestar, parecían derechos adquiridos y traspasó a las familias responsabilidades críticas en las áreas de la salud, la vivienda, la educación, la previsión. Los derechos se convirtieron en bienes y servicios de consumo, se puso fin a la universalidad en el acceso, aumentó la segmentación y discriminación (ahora acceden a ellos sólo aquellos consumidores que disponen del poder adquisitivo que les permita disfrutarlos, la llamada demanda efectiva) y redujo al Estado a un rol subsidiario asumiendo responsabilidades socioeconómicas que no resultan lucrativas para el mercado.

La realidad nos dice que ha aumentado la riqueza, que ha sido exitoso en términos de crecimiento, pero que las brechas entre los países ricos y pobres y también al interior de cada uno de los Estados-Nación, han aumentado de manera dramática. Todo lo anterior ha favorecido la concentración del capital que vuelve a la defensa irrestricta de su rol patriótico, que busca ser protegido por una camarilla política y legislativa que actúan en las instituciones democráticas como empleados en comisión de servicio de los grandes grupos económicos y que legislan con desprecio  de los intereses expresados por la  ciudadanía (que dispone muy pocos o nulos mecanismos del control)  y  en complicidad con aquellos que financian sus campañas electorales.

Un sistema previsional sano debe procurar que no sea el negocio lo que inspira los sistemas de pensiones, que el foco esté puesto en la persona y no en las necesidades de la empresa; que genere situaciones de igualdad para todos los habitantes del país (que no existan grupos privilegiados en temas tan sensibles como la pensión, la educación y la salud); donde es importante la capitalización individual, pero también lo es el aporte del Estado y del empresariado; donde los dueños del capital tengan voz en  las empresas que están invertidos sus fondos; en que los seguros asociados se manejen con una lógica social y no económica, entre muchos otros.

Hoy en Chile tenemos un sistema previsional que está próximo a cumplir 40 años. Se impuso no por el diálogo democrático multipartidista, sino por la fuerza de una dictadura brutal que se alió con el capital para generar un modelo que permitiera aumentar su concentración en favor de la inversión y con un desprecio tremendo sobre las futuras pensiones de los trabajadores obligados a cotizar. La pandemia ha desnudado al verdadero Chile  y no la imagen modelada que se vendió a través de los medios de comunicación y la defensa de indicadores macroeconómicos que se desplomaron a raíz de un estallido social que develó un sistema abusivo y discriminador.

El modelo previsional, más allá de sus modificaciones, está agotado, la gente huele el abuso y se siente postergada. El 84% de los chilenos demanda el retiro parcial de sus fondos para enfrentar los problemas complejos heredados de 10 meses de inestabilidad producto del estallido social y de la pandemia, pero el gobierno (que ha llegado tarde y mal para enfrentar la delicada situación) demuestra una vez más que las urgencias de los trabajadores y de la gente común y corriente de este país no son igual de relevantes que las urgencias del empresariado y grandes conglomerados financieros, que en su momento demandaron y accedieron a fuertes sumas de dinero de los mismos fondos previsionales y que por cuarenta años han profitado de un capital disponible para su enriquecimiento y con poca o nula responsabilidad al invertir. Son aquellos que siguen tratando a los trabajadores como menores de edad o interdictos, que nunca están en condiciones de saber cuál es la mejor de sus opciones, que deben dejar cándidamente la toma de decisiones en el “padre empresariado”, que ha obtenido pingues ganancias pero que ha demostrado ser un pésimo proveedor.