El próximo 15 de mayo se cumple una fecha muy significativa para el proceso constituyente en Chile, estaría listo el borrador de la carta constitucional que debería someterse, el 4 de septiembre próximo, al escrutinio público. Es sin duda un momento muy esperado por toda la ciudadanía que en el último tiempo se ha visto bombardeada de información al respecto, algunas cierta, otras incompletas y también aquellas tendenciosas que buscan instalar más de un interés con respecto a los resultados del proceso.

El trabajo del plenario constituyente ha sido paralelo a los primeros dos meses del gobierno y  no han estado exentos de inconvenientes. La semana pasada el presidente Boric dio por terminado el proceso de instalación por lo que las escusas en términos de seguridad pública, manejo económico, problemáticas asociadas a la delincuencia, la migración ilegal, el problema de la Araucanía, las presiones de los camioneros no admiten errores y menos excusas. El escenario, sin duda, se ha complejizado, las condiciones económicas, asociadas a fuertes presiones externas y a un aumento explosivo de circulante, han favorecido un proceso inflacionario que llega a los dos dígitos en los últimos 12 meses y muy lejos de la situación controlada, en torno al 3,5% de los últimos años. El Banco Central ha dado nuevamente una señal al respecto y ha vuelto a subir la Tasa de Política Monetaria, que debe ser de las más altas en los últimos veinte años.

Lo anterior ha redundado directamente en los bolsillos de las personas, muy especialmente para lo que sin capacidad de ahorro, que destinan prácticamente todos sus ingresos al consumo. Los precios de alimentos básicos, de los combustibles, las tasas de interés para los créditos hipotecarios generan preocupaciones que parecían alejadas del ideario económico chileno por varias décadas. El gobierno ha reaccionado, logró detener en el Congreso un quinto retiro de los fondos previsionales, que hubiera impactado en el aumento de circulante monetario presionando a la tendencia al alza de la inflación y un acuerdo, con los sectores comprometidos, para llevar el sueldo mínimo hacia la frontera de unos 410.000 pesos a enero del próximo año, en el caso de que la inflación anual acumulada supere la barrera del 10%, verificando un aumento real no visto desde 1992.

No han sido fáciles los primeros dos meses del gobierno: el tema de la delincuencia ya no se concentra sólo en el Gran Santiago sino que es una realidad que se hace temer en casi todas las regiones de Chile; el problema con el pueblo mapuche parece no tener una posible salida, los sectores más radicales de la zona en conflicto han renunciado al diálogo como un mecanismo para aunar posturas y consensuar soluciones; el gremio de los camiones, uno de los poderes fácticos de encontrados recuerdos en la historia de Chile, se ha instalado con una clara postura opositora al actual gobierno, realizando muchas demandas que consideran postergadas y levantando como bandera de lucha el problema de la inseguridad para los trabajadores del gremio, en especial en las zonas de conflicto indígena y de mayor intensidad de la migración ilegal. Las voces que se han levantado, desde todos los sectores, dan cuenta también de un grado de polarización de la sociedad chilena que preocupa y que construye la opinión desde una clara trinchera ideológica, por ejemplo, los mismos que piden mano dura para con las expresiones de violencia radical en la Araucanía y para con los estertores del estallido social, relativizan sus dichos cuando se quiere aplicar la Ley de Defensa Interior del Estado para con las movilizaciones de camioneros que ilegalmente han obstruido las principales carreteras de nuestro país. Por otro lado no faltan los que exigen las penas del infierno para el gremio de los camioneros y al mismo tiempo buscan excusas para los actos de violencia asociados al problema mapuche y al estallido social, que se han presenciado en el país en los últimos días.

Lo que tenemos claro, aquellos que nos movemos en la lógica de la conciencia histórica, es de que estos problemas no son de hace dos meses y que difícilmente el panorama podría mejorar si el país hubiera elegido un candidato de otro cuño político. Me encuentro, desde mi especial perspectiva por lo demás, en la vereda opuesta, soy de aquellos que cree que si hubiera salido el candidato de la ultraderecha José Antonio Kast como presidente de Chile, la situación de conflictividad habría sido peor, más aún para una sociedad que, después del estallido de 2019, ha visibilizado una crisis de autoridad y un rechazo a la imposición de la misma a través de métodos duros y violentos.

La pérdida de temor de dichos sectores quedó claramente explicitada en las pancartas de las movilizaciones sociales: “Tengo más miedo a no aprobar un ramo de la universidad que a los carabineros”, “”me da más miedo olvidarme de traer algo del mercado que a la fuerza pública”, rezaban más o menos algunos de los que recuerdo. Dicha crisis está instalada en la conciencia colectiva de un mundo contemporáneo que se ha caracterizado por rebelarse en contra de la autoridad por la autoridad y que demanda, desde la lógica de la democracia compleja y de la emergencia de los derechos humanos, nuevas y más responsabilidades de los gobiernos de turno que sólo la mantención del orden.

Lo anterior nos deja en evidencia que los problemas presentados son una acumulación de varios gobiernos y de tendencias políticas muy variadas, que han equivocado el camino al pretender tener, desde su especial y a veces mezquina interpretación, la exclusiva solución a los problemas. La realidad nos habla, en todos los aspectos detallados, de problemas de Estado, de la necesidad de generar los consensos más amplios que favorezcan políticas que conversen integralmente con las problemáticas.

En este aspecto el presidente Boric ha dado un paso significativo al respecto, ha llamado a un amplio acuerdo nacional para enfrentar el tema de la delincuencia en donde partidos opositores al gobierno han demostrado una actitud de apertura para conversar sobre la temática. Lo ineludible, desde el rigor histórico, es que ni la derecha, ni el centro, ni la izquierda, cuando han sido gobierno, han dado con las teclas adecuadas para enfrentar situaciones complejas que se elevan a posibles flagelos que la sociedad chilena está tolerando.

El panorama descrito no resulta para nada alentador, sin dudas, menos aún para la Convención Constitucional que está en etapas definitorias de su propuesta. La desazón, la difícil realidad, el nivel de conflictividad que hay en la sociedad, las malas decisiones de los constituyentes, las interesadas informaciones que reparten más de una noticia odiosamente falsa, una ciudadanía que se informa por los titulares y una escasa campaña comunicacional que nazca desde el seno mismo del proceso constituyente, se han reflejado en el aumento considerable de las opciones del “Rechazo” a la propuesta constitucional. Sí…., apenas hace más de un año en que cerca del 80% de la ciudadanía daba un mensaje fuerte y poderoso por la necesidad de superar el trágico pasado dictatorial que tenía su reservorio ideológico en la Constitución de 1980, hoy ha variado a una cifra levemente superior al 30% de la ciudadanía que se plantea a favor del “Apruebo”, con un porcentaje similar que se define en la “indecisión”. Innerarity, el afamado filósofo español, diría que nos movemos en la permanente incertidumbre, pero creo que Chile ha superado todos los márgenes al respecto.

La situación resulta de por sí compleja, la posibilidad del rechazo no resuelve en definitiva nada y nos pondría en una situación similar a la anterior al 18 de octubre de 2019. La posibilidad de que los indecisos  se inclinen  a favor del  “Apruebo”, permitiría  una nueva constitución que, con cerca de un 40% de rechazo que plantean hoy las encuestas, no lograría un amplio consenso que nos asegure estabilidad. La posibilidad que han expresado algunos sectores, en su mayoría más cerca del “Rechazo”, es que esta opción no termina con el proceso constituyente y se abren a la posibilidad de reflotar un proceso menos ciudadano y más controlado por las cúpulas políticas como el que había propiciado la presidenta Bachelet en su segundo período.

Son, en su gran mayoría, los mismos que impidieron el éxito de dicho proceso, lo torpedearon por todos lados y, con la llegada de Piñera a la Presidencia en 2018, lo borraron completamente de la agenda política. Y aún más, son los mismos sectores que levantaron la voz del rechazo para el plebiscito constituyente con el fin de lograr el tercio obstruccionista que el acuerdo Por la Paz y la Nueva Constitución había establecido en aquella larga noche del 15 de noviembre de 2019.

Hoy, la Convención Constituyente da cuenta de una política comunicacional, que propone las condiciones para que la ciudadanía se informe adecuadamente de las propuestas que se han aprobado en el pleno y de lo que realmente significan cada una de ellas. Se han responsabilizado directamente y han asumido el desafío. Un proceso que será interesante de seguir y analizar  no sólo  por cómo llega la información a la ciudadanía, sino que debería permitir develar cuáles son las temáticas que, en menos de dos años, han inclinado tan dramáticamente la balanza a favor del “Rechazo”: el plurinacionalismo, el Estado social, la democracia paritaria y ecológica, el presidencialismo atenuado, el bicameralismo asimétrico, la cámara y la legislación regional, las autonomías en temas territoriales, jurídicos y judiciales para los pueblos ancestrales originarios, los derechos sociales, culturales y económicos, el multiculturalismo en fin.

Llegó el momento en que la ciudadanía realmente se pronuncie y de manera informada, es el momento no sólo de las señales desde la convención, sino que también de una ciudadanía que esté a la altura de las posibilidades y que dé cuenta de lo que realmente quiere y que no critique sólo por deporte, sobre la base de frases hechas y con escaso nivel de análisis, situación que se da incluso en grupos que se creen y sienten como más informados, pero que a la hora de justificar una posición rechazan el debate y se instalan en un nivel de negacionismo que da vergüenza.