Entre las múltiples carencias que enfrentan muchas familias colombianas está la pobreza energética. La dificultad para acceder a los servicios públicos de energía y gas se ha convertido  en un ancla de miseria que mantiene atrapada a generaciones que siguen sin contar con las condiciones mínimas para romper el nefasto ciclo de la pobreza. Erradicar este flagelo es el primer paso que hay que dar para lograr una verdadera transformación social y económica en el país.
 
La segunda medición nacional del Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IPME) realizada por Inclusión S.A.S., Promigas y Fundación Promigas, reveló que en el año 2023, 314.510 personas superaron esta condición, se logró pasar del 16,9 % de 2022 a un 16,1 %, en el último año. Sin embargo, la brecha sigue siendo amplia y los avances logrados son insuficientes. Todavía en el país hay 8,4 millones de personas que no cuentan con una provisión adecuada y confiable de fuentes de energía.
 
El reciente estudio mostró también preocupantes retrocesos del porcentaje de hogares con un acceso a energía de baja calidad o sin calidad, se subió de 13 % al 15 %, es decir que el país pasó de 7 millones de colombianos con acceso deficiente a electricidad a 8,3 millones de personas. Por otro lado, se resalta que hay 189 municipios en los que entre el 60 % y el 80 % de la población vive en pobreza energética. Casos como el de La Guajira o la Amazonia, en donde el 68 % de los municipios reporta que un 60 % y 100 % de la población no tiene acceso a los servicios públicos de energía y gas, dan cuenta de la enorme brecha que existe entre los grandes centros urbanos y las zonas rurales.
 
Es inaudito que, en pleno siglo XXI, familias colombianas tengan que recurrir a la leña, el carbón y algunos desechos, para preparar sus alimentos porque no cuentan con una conexión de gas domiciliario. Una condición totalmente incompatible con la transición energética justa que se promueve en el país, que además de producir un impacto negativo en el medio ambiente, genera graves afectaciones en la salud, retrasa el desarrollo y deteriora la economía de las familias. Mucho sabemos en la región Caribe acerca del impacto que tiene la energía en la calidad de vida de los hogares, las familias en situación de pobreza energética tienen múltiples privaciones de distintas dimensiones, no solo es la carencia de la energía es la falta de acceso a la educación, la comunicación, la tecnología, entre otros.
 
Desde el Congreso de la República continuamos trabajando con el propósito de reivindicarnos con las miles de familias colombianas que no cuentan con los servicios básicos en sus hogares, promoviendo leyes para la transformación sostenible del sector energético como la 1715 de 2014 y 2099 de 2021, que han establecido un marco robusto para el desarrollo de las energías limpias en Colombia y su democratización. Más que para reducir las emisiones de gases contaminantes, debido a que Colombia es uno de los países que menos dióxido de carbono emite a nivel mundial, creamos estas leyes para llevar progreso y mejorar las condiciones de vida de familias que han sido olvidadas. Hay que cerrar las brechas.