Después de las definiciones realizadas por el presidente electo, Gabriel Boric, en el marco del proceso de la instalación de su gobierno, que está prevista para el próximo 11 de marzo, las temáticas más relevantes de la política interna de Chile tienen relación con la etapa de definiciones en las que avanza la Convención Constituyente.

Siempre relevante, para alguien que escribe desde la historia, la posibilidad de contextualizar. El proceso constituyente actual de Chile fue la consecuencia de un estallido social en que la institucionalidad vigente buscó, de manera pacífica e institucional,  un mecanismo para responder a la larga lista de demandas que la ciudadanía chilena visibilizó a partir de relevantes manifestaciones sociales acompañadas de tristes actos de violencia.

Es además un proceso inédito para Chile y, por qué no decirlo, para el mundo, ya que por primera vez se genera una convención igualitaria, inclusiva y con escaños reservados para los pueblos originarios, que eleva el proceso chileno a una sitial que supera las problemáticas de la política interna, ya que puede erigirse como un modelo para superar reivindicaciones pendientes, apostando por una salida institucional y pacífica en contextos institucionales, en su mayoría presidencialistas, que no contemplan mecanismos claros para enfrentar situaciones de crisis profundas.

Luego del plebiscito en que, por casi un 80% de los votantes, se optó por una nueva carta constitucional para Chile  por medio de una Convención elegida íntegramente por la ciudadanía, el 4 de julio pasado, haciendo un guiño a la instalación del Primer Congreso Nacional durante el inicio de la vida republicana chilena por allá, el 4 de julio de 1811, la Convención se dio a la tarea de darse una orgánica interna que demandó gran parte del trabajo de los primeros seis meses, para dar paso en el último mes y medio a las definiciones de contenido de la nueva carta chilena.

Es así como el proceso entra en el área chica de las definiciones y empiezan a surgir los conflictos por las distintas posturas. Recordemos que, y a grandes rasgos por lo demás, el contenido de las Constitución, cualesquiera, se relaciona con aspectos básicos referidos a la definición con respecto a las forma de Estado, Forma de Gobierno, Organización de los Poderes Públicos y Derechos y Garantías constitucionales. Todo lo demás que se pueda agregar en ella nace de las características propias que cada Estado quiera darle a su constitución y marca, desde ahí, la diferencia entre una constitución resumida o extendida.

Los debates en torno a cuál es la mejor o peor apuesta difieren sin una postura concluyente a favor de ninguno de los sistemas. Por lo que se está discutiendo en Chile en los últimos días parece que la propuesta chilena va más por el segundo mecanismo y por esa tendencia a “constitucionalizarlo” todo. Importante dilema que deberá resolver la Convención.

El triunfo aplastante de las fuerzas progresistas a favor de una nueva institucionalidad democrática en Chile y el reciente triunfo del abanderado de la coalición “Apruebo Dignidad” en las últimas elecciones presidenciales dejan obsoleto cualquier posibilidad de vetar la legitimidad del proceso. Las fuerzas más reaccionarias de la derecha, no alcanzaron el tercio necesario al respecto, lo que las ha obligado a asumir una postura más constructiva e integrándose al debate conceptual en donde pueden defender sus propuestas para la nueva carta. El proceso decanta hacia una posición cada vez más legitimada, las voces disidentes ya no se expresan en contra de la nueva carta, sino que más bien en torno a matices o profundas diferencias en las definiciones conceptuales, lo que es necesario, relevante y maduro para una sociedad que aspira a una constitución que se erija como “La Casa de Todos”.

En las últimas semanas se ha intensificado el trabajo a nivel de comisiones que han aprobado propuestas que requieren de un trámite final en el plenario de la Convención. Los temas más sensibles y de mayor impacto a través de los medios de comunicación han tenido relación con la estructuración de los poderes del Estado, a saber: Con respecto al poder ejecutivo la comisión respectiva se planteó a favor de un presidencialismo atenuado y con mecanismos que permitan, pacífica e institucionalmente, resolver los posibles conflictos. Esta propuesta es apoyada por convencionales desde el Partido Comunista hasta la derechista Unión Demócrata Independiente.

A grandes rasgos significa la posibilidad de generar un mayor equilibrio entre los poderes ejecutivos y legislativos. Los temas que han causado conflicto tienen relación con la pérdida, por parte del ejecutivo, de la exclusividad presupuestaria y de los mecanismos referidos a las urgencias legislativas, con lo que en la práctica, el Presidente de la República era el verdadero dueño de casa en el Congreso Nacional de Chile. Como cualquier sistema democrático maduro y moderno, es necesario generar los sistemas de pesos y contrapesos, por lo que se podría generar la figura de un Jefe de Gabinete, nombrado por el Presidente de la República, o la figura de un Vicepresidente de manera permanente y dotar al poder de la posibilidad de disolver la cámara política del congreso una vez en su mandato. Las discusiones sobre las interpelaciones parlamentarias y las comisiones investigadoras del legislativo hacia los otros poderes del Estado también están en el fondo de la discusión.

Con respecto al poder legislativo, la corriente mayoritaria se define a favor de un legislativo unicameral. Es la temática que ha causado mayor revuelo en las últimas semanas. Aquellos que la defienden esgrimen argumentos que van desde la eficiencia hasta la economía y exponen la evidencia legislativa en Chile en que casi todas las iniciativas relevantes de ley terminan en Comisión Mixta. Para los opositores de la medida la posibilidad de instalar una cámara única con un sistema presidencialista, aunque sea atenuado, podría institucionalizar un populismo totalitario, más aun cuando la cámara única no sería la fiel expresión de la ciudadanía en igualdad política por la presencia de escaños reservados para pueblos originarios, minorías sexuales y otros por definir.

Con respecto al poder judicial la polémica se instaló luego de las declaraciones realizadas desde la Corte Suprema de Chile en lo referente a la norma que busca poner un determinado tiempo en los cargos de los jueces, situación que afecta su actual inamovilidad y por ende, según los planteamientos de dicho poder, su independencia. Por su parte, representantes de la Convención Constituyente expresaron que dicha situación resultaba ser una intromisión indebida de dicho poder en materias que son de exclusiva responsabilidad de la Convención. Los especialistas alegan muchas veces que el poder judicial en Chile es el que presenta mayores anacronismos, que es necesario elevarlo, al nivel de muchos sistemas presidenciales en el mundo, a una condición de temporalidad y, por qué no, someterse al escrutinio público a través de la definición de cargos proveídos por la elección popular.

Más allá de la estructuración del poder político, que resulta fundamental para otras definiciones conceptuales, las polémicas se han trasladado a temas conceptuales de profundas raíces ideológicas. Por ejemplo la norma referida al “Derecho de los pueblos y naciones preexistentes a la tierra, al territorio, recursos y bienes naturales” ha puesto en tela de juicio los temas referidos a las concesiones entregadas por el Estado a particulares en temas tan sensibles como el agua, la minería, las forestales, los mega proyectos de generación eléctrica, o cualquier otro que recayera sobre bienes naturales ubicados en territorios indígenas.

La norma referida a la nacionalización de la minería es otra de las polémicas en tensión. La comisión aprobó la “Nacionalización y nueva gestión social y ambiental de la minería del cobre, litio y otros bienes estratégicos para el buen vivir”. Las discusiones se instalan en torno a la responsabilidad del Estado Chileno ante las inversiones privadas en el sector, la eficiencia del sector público en dicha materia y en la disponibilidad de recurso estatales para poner en marcha proyectos mineros que demandan grandes inversiones.

Por otro lado se reflota la idea antigua de la necesidad que tienen los Estados de preservar el control de sus riquezas básicas para responder a las demandas sociales y económicas de sus habitantes. Recordemos que la Nacionalización del Cobre, por ley bajo el gobierno de Salvador Allende, sin pago de indemnizaciones a la empresa privada producto de las “utilidades excesivas” obtenidas por el sector, es la que más recursos a aportado al país a lo largo de toda su historia y permite comprender que una empresa pública, como Codelco, administre un poco más de un tercio de la explotación cuprífera en Chile.

Chile, desde la recuperación de la democracia, cambió la apertura unilateral prevista por la dictadura de Pinochet, por la firma de tratados internacionales bi o multilaterales, que ha llevado al país a ser el segundo con mayor cantidad de acuerdos de comercio, con acceso a un porcentaje importante del PIB mundial y fuertemente afectado por las crisis económicas internacionales que impactan con fuerza en la economía interna. Para algunos la balanza se pone en la pérdida de soberanía que significa la firma de dichos tratados. Con relación a ello, se aprobó la norma de “Resguardo de la soberanía en materias de tratados de libre comercio y otras materias”. Recordemos que el programa del presidente electo ya había planteado la necesidad de revisar los Tratados Internacionales.

Una de las temáticas más sensibles al interior de la Comisión de Derechos tiene relación con la norma que establece que “Los Derechos Fundamentales no serán nunca considerados bienes económicos y tampoco sometidos a la lógica del mercado”. De esta manera se instala la idea de que sólo el Estado provea los derechos sociales o, al menos, que los que quieran instalar estás materias con lógica de mercado, la realicen como una iniciativa privada sin acceso a recursos del Estado. Desde esta perspectiva desaparecería la Educación Subvencionada, las Administradoras de Fondos de Pensión o las atenciones a pacientes del sistema público de salud por prestadores privados. Las preocupaciones se instalan en torno a las reales posibilidades de acceso a estos bienes, lo discriminador que resulta su “precio” en una lógica de mercado y en las pingues ganancias que, con prescindencia de la calidad del servicio, han obtenido instituciones privadas que han lucrado con recursos públicos.

Es importante establecer que cada una de estas normas no han terminado su trámite al interior de la Convención, han sido aprobadas en cada una de las comisiones respectivas, pero deben pasar a trámite del plenario en donde cada una de ellas debe lograr el famoso quórum de los dos tercios. Más aún, todo lo que se ratifique, rechace y/o se reformule en la Convención, debe ser aprobado por la ciudadanía en el Plebiscito de salida de la nueva carta tal como se estableció en el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” del 15 de noviembre del año 2019.

El martes 1 de febrero pasado se puso fin a otro de los trámites que contempla en actual proceso constituyente y que pone énfasis en la búsqueda de una mayor legitimidad del proceso. Tiene relación con las llamadas “Iniciativas Populares” que debe discutir la Convención. Para que este trámite llegara a esta instancia requería que cada una de ellas tuviera al menos 15.000 firmas que la patrocinaran. De todas las que se presentaron, 77 lograron los patrocinios necesarios y deben ser remitidas a cada una de las comisiones correspondientes.

Las temáticas resultan ser muy diversas y son el fiel reflejo de los variopintos intereses de la sociedad chilena, desde el derecho libre a la propiedad privada, la libertad religiosa, aspectos referidos a la educación, salud, vivienda, la protección de los recursos naturales y del agua, la nacionalización de la minería, la salud mental, los derechos previsionales, la preocupación por los animales, la cultura, las costumbres, las tradiciones, el consumo de marihuana, las zonas de sacrificio, las personas autistas, el derecho a la muerte digna, el derecho a ser club y ser hincha hasta la cárcel para Sebastián Piñera. Sin duda, lo primero que deberá resolver cada una de las comisiones es si las iniciativas son o no materias constitucionales y luego discutir su posible aprobación.

Lo relevante de todo el proceso descrito, a muy grandes rasgos por lo demás, es que hemos superado la discusión en término de la relevancia o no del proceso constituyente. Se ha instalado la necesidad de apoyar un trámite que la sociedad chilena reclamaba y necesitaba, que pone a prueba cada una de nuestras sensibilidades y que demanda una madurez ciudadana que vuelva a sintonizar a nuestra ciudadanía con sus instituciones y con los mecanismos pacíficos para resolver nuestros conflictos.

Resulta ser una experiencia positiva para aquellos que exigíamos que la democracia chilena debía dar el salto desde una meramente representativa, con bajísima participación electoral y completamente alejada de los intereses de la gente real, hacia una democracia participativa, inclusiva y madura que entienda que la discusión y el conflicto político están en la esencia de un régimen democrático que busca comprender la emergencia de la reivindicaciones ciudadanas con espacios claros en la institucionalidad y no fuera de ella.