El problema de fondo de Álvaro Uribe Vélez no es político sino penal. Él hace oposición al proceso de paz como una coartada para eludir la justicia, pues (junto con varios de sus alfiles más destacados) cometió muchos delitos al frente del Estado en sus dos mandatos.

No se trata de que sea objeto de una persecución política: se trata de que, en la aplicación del todo vale, incurrió en crímenes que lo han vuelto muy frágil, en sentido legal o penal. Esta es la raíz de su oposición visceral a cualquier acuerdo de paz.

Si se hubiera acordado algo distinto a lo que ahora se concretó, Uribe también habría puesto el grito en el cielo, oponiéndose ferozmente o buscando el pelo negro en el gato blanco, como lo hace desde hace tiempo. Lo que estimula su inquina no es la política (ni la buena fe), sino el terror a la cárcel y al escarnio público.

Uribe es nuestro Fujimori, y el destino de un criminal como ese debería ser la cárcel y el rechazo de la gente, pues el todo vale que implementó es injustificable. Argüir que el estado de guerra justificó hacer alianzas secretas o abiertas con la delincuencia común, perseguir sin escrúpulos a todo opositor o alimentar la corrupción, es propio de dictadores descompuestos, nunca de un dirigente civilista.

La similitud entre el gobierno de Albero Fujimori y los de Uribe Vélez es más que extraordinaria: ambos justificaron sus acciones en la lucha contra el terrorismo, y, en ese contexto, quien no estuviera de acuerdo con ellos podía ser tildado de amigo del terrorismo o de miembro de los grupos guerrilleros.

Bajo ese esquema, tanto Uribe como Fujimori persiguieron a los periodistas independientes, a los jueces molestosos y a los opositores que representaran un peligro para sus regímenes autoritarios. Los complots, la mentira, la calumnia, la propaganda negra y el amarillismo estuvieron a la orden del día bajo sus mandatos, en su guerra sucia contra quien fuera.

Ambos destrozaron la institucionalidad para sembrar su agenda, pasando por encima de la justicia, y cooptando o reduciendo a los congresistas. Fujimori cerró el Congreso de su país, y Uribe no pudo hacerlo con el nuestro porque no le alcanzó el tiempo y se le cruzó la Corte.

Los dos han negado siempre sus delitos. Según su visión, no hay crímenes, ni delincuentes y, por tanto, nada que sancionar, pues todo lo que se ha dicho sobre ellos y sus aliados obedece a una persecución política. Ni siquiera el veredicto de la justicia internacional independiente ha servido para que Fujimori cambie de parecer, ni tampoco servirá para que Uribe varíe su concepto sobre ese delicado asunto.

Del país han huido varios uribistas pura sangre, y ninguno ha regresado voluntariamente a enfrentar a los jueces, no porque exista una persecución política (como pregonan), sino porque saben que el tamaño de sus crímenes les reserva como destino la cárcel. El último caso es el de Andrés Felipe Arias, apresado por los fiscales norteamericanos a causa del peso de la prueba.

Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y los demás secuaces del fujimorismo siempre han acudido a la estrategia de la supuesta persecución política para intentar eludir la acción de la justicia, pero los indicios son tan contundentes que aún los ata a la cárcel.

Álvaro Uribe Vélez está desesperado, no tanto por la impunidad a favor de los guerrilleros, sino porque la concreción de la paz pondrá sobre el tapete todos sus delitos, con las consecuencias terribles que ese hecho traería para él y para sus alfiles. A él le preocupa más su propia impunidad que la de sus enemigos.

Según lo acordado en La Habana es muy probable que la justicia transicional deba aplicarse también a los civiles, a los miembros de la fuerza pública y a las empresas (entre otros agentes) que, por acción u omisión, apoyaron al paramilitarismo y, por esa vía, serían cómplices de ciertas infamias derivadas de la guerra.

Este es el temor oculto del uribismo, enredado hasta los tuétanos en un conflicto que lo llevó a cometer crímenes que ningún Estado social de derecho puede tolerar. El ojo por ojo y el diente por diente nunca debería ser la política de ningún gobierno serio, regido por las normas legales internas y el derecho internacional.

Ya sabemos lo que se avecina con Uribe y los suyos: más presión, más saboteo, más provocación y más desinformación para confundir a la gente, vendiéndoles granadas de mano como si fueran empanadas. La mentira, la tergiversación, el estímulo al odio que la guerrilla incubó entre nuestro pueblo, seguirán siendo sus armas preferidas.

El No de Uribe representa el No de los corruptos que no aceptan sus crímenes y que harán hasta lo imposible por evitar que los sancionen. Ya no pueden patrocinar (o dar) un golpe de Estado, porque Santos y sus aliados parecen haber ganado la batalla dentro de las instituciones, exceptuando, desde luego, al inefable Procurador Ordóñez.

Ahora más que nunca (cuando estamos a las puertas de avanzar hacia la construcción de otra sociedad y otra cultura) se requiere claridad de miras y decisión para evitar que los corruptos se salgan con la suya, frustrando no solo la paz, sino la aplicación de la justicia contra todos los que cometieron crímenes en la guerra.

El hecho de que el uribismo esté casi derrotado lo hace aún más peligroso, pues la desesperación podría provocar que hicieran algo inesperado que esté muy por encima de complotar, chuzar o agredir de palabra. ¿Qué se puede esperar de individuos que han convertido el engaño y la mentira en estrategias políticas? Todo, indudablemente.

La victoria del Sí en el plebiscito permitirá combatir la impunidad tanto en el campo de la insurgencia como en el de sus enemigos más conspicuos, los uribistas. Pero no solo hay que trabajar para derrotar políticamente a los corruptos, sino defender esa victoria del asedio de los enemigos de la paz, que antes y después de la consulta atacarán con toda su artillería.

El reto es inmenso, pero hay que resolverlo políticamente y en el marco del Estado social de derecho. El triunfo del Sí en el plebiscito será la cuota inicial de la gran victoria que por las reformas y por una democracia sana y fuerte deberemos librar los colombianos. Una lucha como ésta bien vale nuestro mejor esfuerzo.

Porque hay que cerrarle la puerta a la guerra y a sus áulicos, y porque el futuro depende de nosotros, y la única vía para fortalecer las instituciones, trabajar contra la injusticia y contra la falta de oportunidades es derrotando a los guerreros de la muerte el próximo 2 de octubre.