Muchos de los votos nuevos de la centro-izquierda que captará la campaña de Gustavo Petro no están a favor de una visión totalitaria de la economía y de la política, sino de la necesidad de adecentar las prácticas políticas. Esto se vio muy claro en los principios que sellaron en mármol el candidato presidencial, Antanas Mockus y Claudia López.

Tales compromisos públicos son una apuesta por el pluralismo, la defensa del Estado Social de Derecho, el mantenimiento de la propiedad privada y la economía de mercado, el respeto incondicional de lo público y de la meritocracia para seleccionar a quienes vayan a dirigir las instituciones del Estado, entre otros acuerdos políticos.

Que Petro cumpla o no con todas estas estrategias se escapa a cualquier análisis actual. Si gana las elecciones del 17 de junio, quedará comprometido públicamente a seguir una línea de gobierno socialdemocrática (similar a la de José Mujica, en Uruguay), y a oponerse a las tendencias totalitarias, estalinistas, que también le acompañan.

Su probable victoria en la segunda vuelta sería, en una gran medida, el resultado de la votación de esa centro-izquierda que ha manifestado dudas por su candidatura y por la de Iván Duque, porque le teme a los excesos de la ultraizquierda, y no confía en una ultraderecha cínica que condensa lo más granado de la corrupción nacional.  

En ese probable escenario victorioso, los compromisos suscritos en público con una parte de la centro-izquierda adquirirán mayor relevancia, en el propósito de evitar que su gobierno derive hacia el desastre que orquestó el chavismo en Venezuela, lo cual es el principal temor de muchas personas en nuestro país.

Si Gustavo Petro gana, tendrá una oportunidad de oro para demostrar que los miedos y calumnias que se tejieron en su contra no pasan de ser solo eso, y que su intención fundamental es ayudar a construir una política decente (apegada a las buenas maneras de administrar), y una sociedad menos desigual e injusta.

Es imposible hacer nacer hoy una organización social más libre y más equilibrada reactualizando los esqueletos del estalinismo, o de lo peor de las dictaduras de derecha o izquierda que han azolado al planeta. Eso sería más de lo mismo, con su carga de opresión, negación de las libertades individuales y distribución irracional de la pobreza, entre otras lacras sociales.

Si Petro aspira a hacer un gobierno distinto al que han realizado las oligarquías tradicionales, o diferente al que sueñan los dogmáticos estalinistas, debería tener en cuenta los desarrollos internacionales, por los menos en tres importantes campos: en el plano del desarrollo legal o constitucional, en el nivel de la expansión y profundización de la democracia (como sistema político basado en el pluralismo y en los derechos y deberes cocidos en la lucha social y política), y en el ámbito económico.

Es claro que ninguna sociedad moderna puede funcionar de manera decente sin un sistema de normas legales o constitucionales que regulen la vida comunitaria, y que faciliten la resolución de los conflictos por la vía legal y no de acuerdo con la ley del más fuerte.

La dictadura, por más disfraces que luzca, siempre representa la aplicación de la ley de la selva, la cual termina castrando el florecimiento de la legalidad, como se ve hoy en Venezuela.

Está probado por la experiencia histórica que la democracia es el menos malo de los regímenes políticos, pues permite el desarrollo del pluralismo, y la construcción de una cultura basada en la razón, en la ciencia y en el laicismo, sin cercenar las demás opciones que brotan dentro de la cultura, y sin desconocer los derechos de las minorías y de los individuos, aunque no estén de acuerdo con el gobierno de turno.

Hasta ahora la economía de mercado basada en la propiedad privada (que no es solo la de los capitalistas) ha demostrado ser el modelo económico más eficiente para producir riqueza, y para desarrollar las fuerzas productivas, estimulando, de paso, la producción de bienes de consumo y la generación de servicios, que es lo que más requiere la mayoría.

El gran problema del capitalismo, relacionado con el cómo redistribuir mejor la riqueza, debe ser resuelto por un Estado que maneje claros objetivos sociales sin sacrificar la generación de aquella, tal y como ocurre en algunos países del planeta (en el norte de Europa, por ejmplo), que atacan las dificultades sociales sin demonizar la economía privada y los mercados, porque son conscientes de que para redistribuir primero es necesario producir o generar, si lo que se busca no es miserabilizar a la gente ahora, a nombre de un futuro placentero que nunca llegará.

Esta problemática la vio muy claramente José Mujica, quien entendió que satanizar el emprendimiento privado, la innovación y los mercados tendría un efecto negativo sobre la calidad de vida de la mayoría de los pobladores, tanto desde el punto de vista de la reducción del empleo y de los ingresos, como desde el ángulo de la cantidad y calidad de los bienes de consumo y de los servicios requeridos para satisfacer sus necesidades.

Muchos votantes de la centro-izquierda le temen a un desvarío autoritario o totalitario (ya lo expresó con claridad Claudia López), aunque le apuestan a la construcción de una práctica política decente, articulada a individuos y partidos que no están de acuerdo con un Estado puesto al servicio de las mafias de cuello blanco.

Es evidente que las personas y grupos que han basado su trabajo político en el asalto al erario, y que convirtieron las instituciones públicas en una vaca lechera para enriquecerse y para satisfacer a sus caudas electorales, están aglutinados alrededor de la campaña de Iván Duque.

Por lo tanto, si el 17 de junio la maquinaria de los corruptos es derrotada por los votos de la anticorrupción se abrirá  una compuerta para que Gustavo Petro y los suyos empiecen a construir un proceso político-administrativo que proteja lo público, que considere la plata de todos como algo sagrado, y que refuerce el Estado Social de Derecho.

Un gobierno serio es un gobierno decente, que acate la ley, las reglas de juego democráticas, y que le apueste a desarrollar un Estado al servicio de las mayorías, no de los corruptos de cuellos blanco, ni de los clientelistas y compradores de votos, los cuales han envilecido la política, herido de muerte a la democracia, y  convertido el presupuesto en su botín.

Un aspirante que tenga detrás a alguien que pordebajea las instituciones, que viola la ley sin escrúpulos, y sobre el cual recaen múltiples sospechas de crímenes graves (a ser probados por la justicia), jamás será capaz de construir la política y el Estado que requiere el momento.

Iván Duque, el candidato de la corrupción tradicional, tiene la compañía del político más dañino que nos legó la guerra: el señor Álvaro Uribe Vélez. Como quiera que es casi imposible que Duque traicione a Uribe (de la misma manera que lo hizo Santos), el modo más seguro de emprender un cambio es derrotándolo en la segunda vuelta.

Cabe aspirar a que los votantes de la centro-izquierda que acompañaron al profesor Sergio Fajardo y al senador Jorge Robledo tengan en cuenta lo que se juega en la actual coyuntura electoral, y que decidan votar por una práctica política decente.

Quizás Petro no es tan perfecto como ellos quisieran, pero, de todos modos, no es tan malo como Duque, Uribe, Ordóñez y compañía. Si queremos transformar el estado de cosas que ha dominado en el país al amparo de la guerra, la única opción posible es votar contra los corruptos, pero sin votar en blanco.

El voto por Gustavo Petro sería un voto por un cambio real, contra la indecencia y contra las mafias de politiqueros que se ferian la plata de la comida de nuestros niños y el dinero para los enfermos. Sería un voto por otro tipo de práctica estatal, y por el respeto de las mayorías, a través de la política. Ni más ni menos que esto es lo que se juega en la segunda vuelta.