Ya está completamente despejado el camino para que el Consejo Superior proceda a escoger el nuevo rector en propiedad de la Universidad del Atlántico. Después de tantos dimes que yo te digo, en poco tiempo la comunidad universitaria y la ciudadanía conocerán el nombre de la persona encargada de dirigir la principal institución educativa del Caribe colombiano.

Si el Consejo no permite ampliar la terna para incluir otros candidatos (o una mujer, al tener en cuenta el criterio de la igualdad de oportunidades y de géneros) es seguro que escoja a uno de los tres aspirantes que quedaron del proceso suspendido por una tutela que ya pasó a la historia, es decir, entre Salim del Cristo Mattar Velilla, Rafael Ángel Castillo Pacheco y Carlos Javier Prasca Muñoz.

El Superior tiene la difícil tarea de inclinarse por alguno de ellos atendiendo a su capacidad y experiencia en materia académica y administrativa. La responsabilidad es muy grande, si se tiene en cuenta que la Universidad debe ser defendida como un bien público que ofrece un servicio educativo esencial para la población con menos recursos de la Región Caribe.

Por esta razón, no se le puede entregar a nadie predispuesto a hacer mal uso de sus recursos, o que la emplee para satisfacer sus apetitos clientelistas o politiqueros. Este columnista ha seguido con atención el proceso para elegir rector y, sobre todo, la manera como Rafael Castillo Pacheco manejó la institución en los tiempos en que se efectuaron las consultas para seleccionar aspirantes entre los profesores y estudiantes.

Ese personaje utilizó su cargo para ganar esas consultas, cambiando prebendas por apoyo de los núcleos de presión internos. Empleó un modelo clientelista para obtener legitimidad o aceptación entre los estudiantes, y no tuvo ningún problema en inflar la nómina de contratados en casi un cincuenta por ciento (50%) para beneficiar a sus aliados.

Tan desaforado fue su comportamiento para adueñarse de la rectoría que el Consejo Superior decidió relevarlo del cargo, pues la competencia se hizo muy desigual con respecto a los demás candidatos, debido a que Castillo usó su poder como rector encargado para ganar las consultas y, por esta vía, hacerse elegir rector en propiedad.

Pero tales consultas no son, realmente, lo que aparentan ser: un auténtico ejercicio democrático sin distorsiones. Y no lo son porque Castillo y sus amigos emplearon su posición ventajosa para cebar y presionar a los votantes, utilizando el vehículo de algunos dirigentes estudiantiles que habían recibido prebendas, y a un dirigente profesoral convertido en un cruzado de la causa de Castillo.

La legitimidad de dichas consultas está en entredicho por este hecho y por el número bajo de votantes que participaron en ellas. El censo de electores de estudiantes de pregrado fue de 20. 535 personas, hacia el año 2015, cuando se efectuó la consulta. Si agregamos a esta cantidad los alumnos de posgrado (401 estudiantes), serían 20.936 personas habilitadas para votar.

Según la Resolución Rectoral #3207, del 4 de junio de 2015 (en la cual se reconocen los resultados de las consultas internas), votaron un total de 6253 estudiantes, es decir, más o menos un treinta por ciento (30%) del total del censo. La consulta estudiantil fue ganada, como era de esperar, por el señor Castillo Pacheco, con 4829 votos.

La ilusión de triunfo contundente en relación con los demás candidatos se desvanece si tenemos en cuenta que los votos emitidos a favor de Rafael Castillo representan solo el veintitrés por ciento (23%) del censo electoral, y que la abstención estuvo cerca del setenta por ciento (70%).

¿Es legítima y democrática la elección de un aspirante que solo representa un poco más del veinte por ciento del estudiantado? ¿Es correcto sostener que este señor representa a los estudiantes, cuando casi el setenta por ciento de los mismos se abstuvo de votar por la razón que sea?

¿Cómo ganó la consulta estudiantil el señor Castillo? Con aliados dentro de la administración que emplearon todas las herramientas que da el poder para ganar elecciones. Con contratados y vicerrectores que tenían la camiseta puesta a su favor, por razones obvias. Y con algunos líderes estudiantiles cebados por Castillo y su séquito.

A pesar de toda esta maquinaria clientelista (parecida a la de los politiqueros tradicionales), Castillo y los suyos ni siquiera pudieron alcanzar en votos el treinta por ciento del censo electoral. ¿Es realmente legítimo y serio ese triunfo? ¿Representa el señor Castillo a la mayoría estudiantil en la Universidad del Atlántico?

Por otra parte, Rafael Castillo Pacheco es un falso ídolo académico construido por fuerzas internas que pretenden tomarse la Universidad para ponerla al servicio de sus intereses ideológicos, políticos o económicos. Este señor nunca ha sido un académico en sentido estricto, pues se ha pasado la mayor parte de su vida representando a los políticos en los organismos del Estado.

Así como Castillo Pacheco no representa a la mayoría del estudiantado, tampoco representa a la academia. Llegó hace poco a enseñar en la Uniatlántico y no cosecha una obra que permita definirlo como un académico. Él es un político con ansias de resolver sus problemas personales desde la rectoría de la institución.

Para lograr ese objetivo ya mostró de lo que es capaz cuando fue rector encargado y en el proceso de la consulta. Los politiqueros y violentos de la institución están felices con Castillo porque es el único que puede darles lo que ya tuvieron: la posibilidad de repartírsela bajo parámetros clientelistas, y sin respetar los criterios de mérito y academia.

Es un gran riesgo entregarle de nuevo la Universidad del Atlántico a este personaje de la política local, porque es capaz de hacer lo que sea cuando está al mando, y de seguro someterá el frágil mundo universitario a presiones indebidas que destrozarán la academia y el adecuado funcionamiento institucional.

En razón de la lucha contra el clientelismo y la politiquería, y para defender la academia y la Universidad del Atlántico como un medio para brindar educación superior a los sectores populares, se hace necesario que el Consejo Superior piense en los intereses generales de la sociedad, nombrando un rector que no represente lo peor que tenemos como organización social.